Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/03/28 11:16

La despedida de Eduardo Montealegre

Este lunes termina su período el fiscal más controversial de los últimos tiempos. Aquí lo bueno, lo malo y lo feo de su gestión.

La despedida de Eduardo Montealegre Foto: Daniel Reina / SEMANA

Eduardo Montealegre ha sido un fiscal diferente. Por décadas, el país se había acostumbrado a que ese cargo fuera ocupado por abogados más tradicionales, de aquellos que miden cada palabra antes de decirla. Por eso, el carácter desabrochado del jurista tolimense terminó dando tanto de qué hablar.

En una entrevista con Yamid Amat publicada el domingo pasado, el fiscal se identificó a sí mismo como un hombre que no es “políticamente correcto”, y quizás esa es la frase que mejor pueda definir lo que fueron sus cuatro años gestión, que terminan esta semana.

El fiscal se va en medio de un ambiente de controversia en un país polarizado. Y por eso, muchos olvidan el entusiasmo que se registraba cuando la Corte Suprema lo eligió en el 2012. La Fiscalía, una de las instituciones más poderosas del país, llevaba un tiempo largo en el limbo.

Durante más de un año ni siquiera había tenido fiscal en propiedad, pues esa corte se había negado a nombrar ningún ternado por Álvaro Uribe, en las épocas en que entre el Palacio de Justicia y la Casa de Nariño se vivía una guerra a muerte.

Luego llegó Viviane Morales, quien tampoco vivió precisamente una luna de miel, por cuenta de la controversia que generó la posible injerencia de su esposo, Carlos Alonso Lucio, en esa entidad. Al final, el Consejo de Estado la tumbó por un tecnicismo, pues argumentó que no se había votado con el quórum necesario.

Así, la elección de Eduardo Montealegre cayó como anillo al dedo. El abogado tolimense era un verdadero peso pesado que se había ganado a pulso ese lugar. Había sido presidente de la Corte Constitucional y era un reconocido abogado y catedrático. Por lo tanto, era normal no sólo que su designación gustara, sino que despertara cierta esperanza.

Lo bueno

El proceso de paz: Eduardo Montealegre entró a la Fiscalía con el pie derecho. Sus intervenciones públicas y las causas ideológicas a las que apostó le dieron altura a muchas de las discusiones más importantes que tiene Colombia. Independientemente de la controversia que generó en algunas ocasiones, el fiscal puede ser una de las personas que mejor conocen el sistema penal colombiano. Por eso, en algunos debates fue el hombre adecuado para dar ideas sobre cómo podía este acomodarse si se firmaba la paz con las FARC.

Montealegre hace parte de una nueva corriente del derecho penal, inspirada en varios tratadistas alemanes, que ha revaluado el peso que tiene la pena privativa de la libertad para arreglar los problemas sociales. Aunque esa puja cayó en la macartización de santistas y uribistas, y en la famosa frase de “paz sin impunidad”, la verdad es que los países que han atravesado escenarios de justicia transicional han demostrado que esa idea de dar cárcel para todo está en contravía de las posibilidades de lograr bienes mayores como la paz y la reconciliación.

El fiscal fue uno de los primeros en sustentarle al país que no es jurídicamente indispensable que exista cárcel para los guerrilleros que se desmovilicen y, en ese escenario, sus aportes al proceso de paz fueron constructivos.

No tanta cárcel: El fiscal es uno de los pocos funcionarios que están abiertamente en contra del llamado populismo punitivo. Este no es más que el interés de la clase política de crear un nuevo delito o aumentar las penas para tratar de impedir que se cometa una conducta que la sociedad condena.

Por ejemplo, imponer la cadena perpetua para violadores de niños o la prisión para los conductores borrachos. Esas medidas no sólo está comprobado que no funcionan, sino que generan enormes problemas pues desbarajustan todo el sistema penal del país. Montealegre fue quizá la única voz que salió abiertamente en contra de ambas iniciativas.

Explicó que si se aprobaba la prisión para borrachos, habría que construir cuatro complejos judiciales como Paloquemao y que la pena perpetua, por horrendo que sea el crimen contra los niños, es retrograda en términos de derechos. Esa posición no da votos genera muchas críticas, pero es sensata y aporta mucho en un país como Colombia, que siempre ha creído que esa es la solución a sus problemas. Algo similar sucede en contra de la detención preventiva, de la cual el fiscal también es crítico y que tiene a más de 40.000 colombianos en las cárceles sin tener aún una condena.

Un fiscal liberal: Montealegre le hizo un bien al país al convertirse en la contraparte del afán del procurador por imponer sus creencias religiosas. Antes de su llegada, Alejandro Ordóñez no tenía un par en temas como el aborto, la eutanasia y el matrimonio gay. El fiscal terminó enarbolando las banderas de las libertades individuales. Gracias a esa corriente, en los últimos años el país ha dado un tránsito real hacia el siglo XXI. El apoyo que le dio a cada una de estas causas no fue definitivo, pero sí importante. Hasta su llegada la Fiscalía no había tenido una voz fuerte en estos temas.

Lo malo

Sus tentáculos: La luna de miel del fiscal se acabó cuando se hizo evidente que estaba comenzando a tener mucho poder. Al poco tiempo de haber llegado a la entidad demostró que un guiño suyo ya era casi definitivo para llegar a cualquier alto cargo del Estado. La elección de Gloria Ortiz, quien era su mano derecha en la Fiscalía, en la Corte Constitucional, fue el primer anuncio de su poderío. Con la reestructuración de la Fiscalía, que le patrocinó en su momento el Gobierno y le aprobó el Congreso, Montealegre además quedó con mucho qué repartir. Aunque al principio esa reforma también fue bien registrada, con el tiempo comenzaron los escándalos por los excesos en la contratación.

Cayó mal, por ejemplo, que los magistrados que votaron la demanda que pedía que el período del fiscal no fuera personal (los cuatro años que estuvo), sino institucional (los dos años que faltaban), terminaran con millonarios contratos en esa entidad después de haber fallado a su favor. En ese grupo estaban la ponente Susana Buitrago (174 millones de pesos), Enrique Gil Botero (751 millones de pesos), Bertha Lucía Ramírez (345 millones) y Alfonso Vargas Rincón (517 millones).

Investigaciones en entredicho: Algunos de los grandes casos criminales que anunció con bombos y platillos se desinflaron. El que peor resultó fue el de Sigifredo López. El exdiputado de la Asamblea del Valle fue capturado y exhibido ante los medios como el responsable de haber planeado su propio secuestro y el de sus colegas. La razón era un video en el que aparecía alguien con una nariz similar. Al final la Fiscalía tuvo que reconocer su error y ofrecerle disculpas al político del Valle.

Al caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares no le ha ido mejor. La Fiscalía enfiló todas sus baterías para demostrar que los estudiantes Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas eran responsables de su muerte, pero los testigos que había presentado como “estrella” resultaron falsos. Hoy es difícil que exista una condena en ese caso.

Otros de sus proyectos bandera, como la Universidad de la Fiscalía, también se desinflaron y hoy califican ese proyecto como el mayor descalabro que le costó al Estado cerca de 32.000 millones de pesos.

Lo feo

La pelea con Sandra Morelli. El fiscal y la contralora protagonizaron el más fuerte enfrentamiento del alto poder. Montealegre le abrió una investigación a la funcionaria por el arriendo de la sede de la entidad, pero la pelea se volvió tan virulenta, que ella salió del país argumentando que era víctima de una persecución judicial.

La contralora siempre dijo que el fiscal no le había podido perdonar que ella abriera una investigación por lo que pasó con Saludcoop, pues él había sido abogado de esa EPS. La contralora, incluso, lo acusó de seguir trabajando para esa EPS al ceder el contrato de asesoría que tenía a un abogado que había sido su subalterno. El fiscal, en medio de esa pelea, envió 40 funcionarios del CTI para allanar la Contraloría y buscar los documentos de esa investigación. Finalmente en la Fiscalía nunca avanzó en la investigación contra la cuestionada EPS y nada pasó con el polémico expresidente Carlos Palacino.  

Hablaba de más. El entusiasmo del fiscal con el proceso de paz terminó convertido en un problema, más que en una ayuda. Montealegre ofreció, en algunas oportunidades, mucho más de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar en la mesa. Según reconocen los mismos negociadores en privado, esto generó graves obstáculos para los diálogos con ese grupo guerrillero.

El fiscal, por ejemplo, explicó su teoría de la no cárcel mucho antes de que en la mesa de La Habana se hubiera llegado a hablar del punto de justicia. También se metió en un punto álgido al decir que el narcotráfico podría ser considerado un delito conexo al político. También aseguró que no se necesita el plebiscito, que es el mecanismo que había tramitado el Gobierno para refrendar los acuerdos. Eso, que muchos colombianos han visto como un mandado de Santos, realmente le ha hecho daño al proceso.

Algo similar le ha pasado con el uribismo. Aunque él no tiene que ver con todas las decisiones judiciales sobre ese grupo político (que han sido adelantadas por decenas de jueces y fiscales diferentes), lo cierto es que el tono con que se ha referido a estos procesos ha dejado mucho de qué hablar. Generó controversia nacional cuando, por ejemplo, notificó por radio a Óscar Iván Zuluaga, quien había ganado la primera vuelta electoral, que lo iba a investigar penalmente.

Natalia Springer. Paradójicamente, lo que más minó la credibilidad del fiscal es uno de los proyectos a los que más empeñó le metió: las investigaciones de contexto en los procesos penales. En el fondo, esa idea es muy seria y tiene muchos riesgos, pero el tema quedó banalizado cuando se revelaron los multimillonarios contratos que tenía Natalia Springer para realizar esos procesos. Llamó la atención que una persona no abogada fuera la responsable de investigar sobre temas de ese calado.

En la opinión pública quedó la sensación de que el dinero de la contratación fue exagerado y los resultados poco relevantes. A ella el tema le costó su carrera en los medios y su prestigio, y al fiscal lo dejó herido en lo que le quedaba del período. El episodio tuvo un remate de novela cuando, en medio del escándalo, el mismo Montealegre le entregó una condecoración en la Fiscalía. 

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