Fiscal le pide pruebas a la contralora

Un día después que la contralora general de la República, Sandra Morelli, instaurara una denuncia ante la Comisión Acusación de la Cámara de Representantes, en contra del fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, este le respondió que las afirmaciones en donde ella asegura que él tendría intereses personales en la EPS Saludcoop, no son ciertas.

El nuevo episodio del evidente enfrentamiento que mantienen los dos altos funcionarios, nace en un comunicado de prensa en el que Montealegre le dice a Morelli que le está violando derechos fundamentales con sus declaraciones.

“Dicha afirmación falta totalmente a la verdad, y pone en entredicho ante la opinión pública y ante el país la honra y el buen nombre del fiscal general de la Nación; como tal se constituye en una grave y desmedida injerencia en mis derechos fundamentales. La aseveración hecha por la señora contralora general de la República me causa gran indignación, no solo por la naturaleza de lo manifestado, sino también por el hecho de provenir de tan importante despacho”, aseguró el jefe del ente acusador.

Montealegre le manifestó además a la contralora que si existen señalamientos de su parte, también es su deber presentar las pruebas que las sustenten. “La señora contralora general de la República debe presentar de inmediato ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara las pruebas que respaldan sus graves señalamientos”.

La denuncia

En la tarde de este jueves la Comisión de Acusaciones de la Cámara recibió la denuncia anunciada por la contralora general, Sandra Morelli, en contra del fiscal Eduardo Montealegre, en la que señala al jefe del organismo investigador de adelantar pesquisas en la Contraloría. Esto por presuntas chuzadas ilegales a periodistas, con el único propósito de interferir en la investigación de carácter fiscal que la Contraloría adelanta en el caso de Saludcoop.

En la denuncia de 15 páginas, revelada por Semana.com, Morelli hace nuevos señalamientos contra la conducta del fiscal general, a quien rotula de tender una “cortina de humo contra las investigaciones de orden fiscal que adelanta la Contraloría por el desfalco en Saludcoop. Morelli califica en la denuncia como 'el más grave caso de corrupción de la historia de Colombia', relacionado con la supuesta apropiación indebida de dineros de la salud en una cuantía que, de llegar a demostrarse, ascendería a billones de pesos".

La contralora no sólo lo sustenta en que Montealegre fue abogado de Saludcoop y que como se ha hecho público, percibió honorarios por cuatro mil millones de pesos, sino que tiene información de que ya como fiscal ha seguido vinculado a esta empresa.

“De modo reciente se nos informó que ya en ejercicio del cargo de fiscal, el señor Montealegre continuaba percibiendo honorarios provenientes de la misma asesoría relacionada con Saludcoop”, denuncia Morelli. La Contralora agrega que “el señor fiscal debe explicarle al país y a la Cámara de Representantes si eso es o no cierto, cuánto dinero ha recibido desde que es fiscal general, y por qué lo ha hecho si, como quiero presumir, ya no continúa actuando como abogado del señor Carlos Palacino en el asunto de Saludcoop”.
 
El fiscal general Eduardo Montealegre, al momento de conocer los términos de la denuncia de la contralora, negó de forma tajante estas insinuaciones y aseguró que es falsa la información que advierte Morelli respecto a que ha recibido honorarios de Saludcoop durante el ejercicio de su cargo como fiscal.  
 
Es por eso que la contralora Morelli califica de lamentable la decisión de la Fiscalía de utilizar, “la delirante acusación” sobre interceptación ilegal de comunicaciones para obtener documentos relacionados con Saludcoop y buscar información de este proceso entre los funcionarios de la Contraloría que han venido adelantando la investigación. “Se ha sabido que las preguntas formuladas por la Fiscalía a los funcionarios de la Contraloría estaba dirigidas a obtener pretextos que pudieran ser utilizados para cuestionar o demandar la nulidad de ese proceso”.

La reacción de la contralora contra el fiscal se generó a raíz de las denuncias de los periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco sobre presuntas interceptaciones ilegales en su contra adelantadas desde la Contraloría, situación que Morelli desmintió, entre otras con el argumento de que este organismo de control no tiene la capacidad logística ni los equipos, ni los funcionarios para adelantar este tipo de seguimientos.

El pasado mes de septiembre el CTI de la Fiscalía adelantó varias pesquisas en la propia sede de la Contraloría, respondiendo precisamente a las denuncias de Bejarano y Orozco.  
Según Morelli, el fiscal general ha desarrollado sus investigaciones penales contra la Contraloría con una “sorprendente coincidencia” con los ataques y denuncias que Bejarano ha hecho en su contra en la columna semanal que tiene en el diario El Espectador.
 
En la denuncia Morelli dice que Bejarano ha actuado mediante un “especial y privilegiado acuerdo o concertación” con el fiscal Montealegre. “Según informe que recibimos, el señor fiscal Eduardo Montealegre realizó una visita personal al señor Ramiro Bejarano el pasado 26 de mayo, en las oficinas particulares del señor Bejarano. Resulta realmente sorprendente que el fiscal general de la Nación haga visitas personales a quien oficia como denunciante de la contralora general”.

Dicha información llegó a conocimiento de Morelli de boca de un funcionario de la Contraloría que se encontraba ese día en la oficina de Bejarano para entregarle respuesta a uno de los más de 80 derechos de petición que le ha solicitado al organismo de control.

Por eso Morelli le hace varias preguntas a Montealegre: “¿Acaso es común y generalizado que el fiscal general se entreviste con denunciantes en sus recintos particulares? ¿Será posible que el fiscal Montealegre actúe con ecuanimidad, objetividad e imparcialidad ante las múltiples denuncias y acusaciones penales que ha formulado en contra de la Contraloría el señor Bejarano.

Por su parte, Bejarano resalta que la contralora también debe dar explicaciones y responderle muchas preguntas al país. “Si de reuniones privadas se trata” –dice Bejarano-, “que cuente las reuniones que ha tenido con Pablo Salazar de Heredia, uno de los accionista de la sociedad propietaria del edificio donde queda la nueva sede de la Contraloría, sociedad que tiene a unos de sus miembros en la lista Clinton por estar señalado de lavado de activos. Que responda eso. Que cuente qué hablan en esas reuniones, si son en su casa o en su oficina”.

La despachada de la contralora está en la denuncia que le llegó a la Comisión de Acusaciones, que en los próximos días deberá decidir si la admite o la rechaza y determinar los investigadores que resolverán este nuevo proceso, el cual ya está adquiriendo connotación de choque de trenes.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos advirtió cesar esta confrontación, con el sugestivo trino, “les reitero muy comedidamente a los órganos de control no llevar diferencias personales a campo institucional”, la pelea entre Morelli y Montealegre parece no tener fin, al menos en el futuro cercano.