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| 1/5/2012 12:00:00 AM

EE.UU.: el peligro de institucionalizar el "método Guantánamo"

El pasado 31 de diciembre de 2011 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el National Defense Authorization Act, la ley federal que ha sido promulgada durante los últimos 49 años para determinar el presupuesto y los gastos del Departamento de Defensa del país.

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BBC
La novedad esta vez es que una de sus cláusulas -la sección 1021- amplía el poder del gobierno federal de EE.UU. para luchar contra el terrorismo y aprueba la detención indefinida de sospechosos, sin importar que sean ciudadanos extranjeros o estadounidenses.
 
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos se han mostrado "muy preocupadas" y han expresado su enérgico rechazo contra esta medida.

"Esto supone una gran contradicción porque Estados Unidos les ha estado diciendo a otros países durante años que no detengan a personas sospechosas sin llevarlas a juicio", dijo a BBC Mundo Christopher Anders, abogado principal de Oficina legislativa de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Washington.

Anteriormente, la Ley Patriótica (Patriot Act) - que fue aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001- ya ampliaba la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo. El argumento básico era que el pueblo estadounidense debía sacrificar algunas de sus garantías constitucionales para afianzar su seguridad.

Según Anders, el problema con la nueva legislación -escrita de una forma muy vaga- es que le otorga la autoridad al presidente de Estados Unidos de utilizar a la fuerza militar para encarcelar indefinidamente a las personas que considere sospechosas, a pesar de que estén lejos de cualquier campo de guerra.

"No sólo se trataría de tener prisioneros de guerra en Afganistán, por ejemplo. Estamos hablando de escoger gente y detenerla en cualquier lugar y bajo la única condición de que sean sospechosas de terrorismo, sin permitir que se defiendan. No habría limitaciones geográficas para ese poder", recalca Anders.

Firma, aunque no esté de acuerdo

Tras la aprobación de la ley, el presidente Obama escribió en un comunicado lo siguiente: "el hecho de que apoye esta ley como un todo, no significa que esté de acuerdo con todo lo que implica. La he firmado a pesar de tener importantes reservas con ciertas disposiciones que permiten la detención, interrogación y acusación de sospechosos de terrorismo".

Por ello, el mandatario también dejó claro que durante su gobierno no se autorizará la detención militar indefinida sin juicio de ciudadanos estadounidenses.

"Creo que el hacerlo rompería con nuestros valores y tradiciones como nación. Mi gobierno interpretará el artículo 1021 de una manera que se asegure que toda detención sea conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las otras leyes aplicables", dice Obama.

Sin embargo, aunque la aclaratoria hecha por el presidente en un comunicado oficial pueda ayudar, no es suficiente para evitar que futuros presidentes apliquen literalmente la ley y lleven a cabo detenciones indefinidas sin juicio, aseguran expertos.

"Lo que pasó en Guantánamo durante el gobierno de Bush, ocurrió sin que existiese una ley como esta", dice Anders. "Se detuvo a gente en distintos lugares del mundo, que luego fue trasladada a la base y detenida sin juicio. Lo más peligroso de esta ley es que podría provocar que lo pasa en Guantánamo se institucionalice en Estados Unidos".

No es la primera vez

La ACLU recoge firmas para pelear la aprobación de esta nueva ley "con el fin de que nadie tema ser capturado y detenido indefinidamente sin juicio", explica Anders.

Existen antecedentes relativamente recientes a la detención sin las garantías legales normales de ciudadanos estadounidenses bajo la llamada "Guerra contra el Terrorismo" que se inició durante el anterior gobierno de George Bush.

Uno de los precendentes más claros es el del estadounidense de origen puertorriqueño José Padilla, quien fue arrestado en Chicago en 2002 y duro tres años y medio retenido como "combatiente enemigo" en el calabozo de una base de la Marina en Carolina del Norte.

En medio de grandes controversias por su situación legal, el caso de Padilla finalmente pasó a la jurisdicción civil en 2006 y en 2007 fue juzgado y condenado por un tribunal de Miami.

Grupos de defensa de los derechos civiles han presentado continuamente a Padilla como un ejemplo de lo que consideraron extralimitaciones judiciales del gobierno del presidente George W. Bush.

Esos mismos grupos son los ahora intentan que ese tipo de acciones no se institucionalicen durante el mandato de Obama, ni tampoco en el de futuros gobiernos del país.

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