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| 11/7/2013 12:00:00 AM

Ejército protegerá a las FARC cuando firmen la paz

La institución armada garantiza que en cuanto la guerrilla deje las armas se le garantizarán sus “derechos y libertades”.

Por primera vez en varias generaciones, la posibilidad de que Colombia viva en paz es un hecho cada vez más tangible. Esto es tan cierto, que en la mañana de este jueves se produjo una reacción de un significado enorme: el Ejército Nacional se comprometió públicamente a proteger a los miembros de la guerrilla de las FARC cuando estos firmen la paz y se reincorporen a la vida política legal.

No se trata de una voz más en el altísimo número de reacciones que se han producido en el país en las últimas horas tras el acuerdo firmado en La Habana por el gobierno nacional y las FARC sobre la participación política, sino del estamento con quien se ha sostenido la más fuerte confrontación militar durante medio siglo. En este lapso, miles y miles de soldados y oficiales han entregado sus vidas o han quedado mutilados por la defensa del Estado y ahora en línea con su respeto por la Constitución anuncian que si se produce un acuerdo final, los desmovilizados tendrán las mismas garantías que cualquier ciudadano.

En su primera declaración a un medio de comunicación desde su posesión, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante del Ejército, habló con Blu Radio sobre un eventual escenario de postconflicto. El jefe de los militares en Colombia dejo claro que en ese posible escenario de desmovilización el Ejército deberá cumplir su función constitucional y garantizar la protección de los insurgentes. “Si las FARC trabajan dentro de la sociedad civil, dentro del marco legal, tenemos que garantizar sus derechos y libertades”, sentenció el comandante del Ejército Nacional.

Rodríguez afirmó que las Fuerzas Militares están dispuestas a garantizar el orden público tras un eventual éxito en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC.

Las reacciones por la firma del acuerdo en La Habana han sido mayoritariamente a favor. Los poderes del Estado colombiano, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, celebraron lo firmado.

Al acuerdo en el segundo de los cinco puntos de la agenda de negociación se llega después de casi un año de diálogos en la capital cubana y en un momento crucial por el desencanto de buena parte de la sociedad con el proceso por la falta de avances.

El presidente Santos, en una alocución al país en cadena de radio y televisión, dijo que avances como el logrado muestran que hay que seguir dialogando en busca de la paz porque no hacerlo sería “traicionar” al país.

“Debemos continuar. Debemos perseverar. No hacerlo sería traicionar la esperanza de millones de colombianos y de las futuras generaciones”, dijo el mandatario. El Congreso, por boca de legisladores de distinto espectro político, también saludó el anuncio de los delegados del Gobierno y las FARC con la convicción de que supone un paso más hacia la paz y blinda el proceso frente a los mismos críticos mencionados por el presidente.

“Así sea un acuerdo de carácter parcial, lo que se anunció representa una derrota para quienes han querido opacar o acabar con el proceso de paz y constituye un fundamento fuerte para creer que podemos llegar a la paz definitiva”, manifestó el representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

Por su parte, el senador Roy Barreras, del oficialista Partido de La U, aseguró que este acuerdo “marca un punto de inflexión irreversible hacia la paz”. La exsenadora Piedad Córdoba, líder del movimiento político Marcha Patriótica, definió el anuncio como “la puerta más grande de esperanza que se ha abierto” en el último medio siglo en el país.

También el fiscal general, Eduardo Montealegre, expresó su respaldo a lo pactado y consideró “indispensable” abrirle “caminos democráticos” a la guerrilla para lograr una paz duradera.

Voces en contra

Sin embargo, también se han escuchado influyentes voces en contra de lo firmado. La más importante, sin duda, la del expresidente Álvaro Uribe quien manifestó su rechazo al acuerdo que consideró “inaceptable” por lo que invitó al país a oponerse a lo que llamó “maniobra” política.

“Rechazable que se negocie institucionalidad democrática con FARC, el cartel de drogas, secuestro y asesinato más grande del mundo”, expresó Uribe, férreo crítico de los diálogos de paz y opositor al gobierno del presidente Santos, en un comunicado de cinco puntos publicado este jueves.

Uribe arremetió contra el acuerdo porque considera, entre otras cosas, que la guerrilla, responsable de numerosos crímenes, no debería tener cabida en el Congreso. “No dijo el Gobierno si los terroristas responsables de delitos atroces como secuestro, reclutamiento de niños, etc., serían elegibles, lo que nunca debe ser”, manifestó el expresidente.

Uribe también cuestionó al gobierno de Santos porque “dijo que habrá dejación de armas, que no es entrega de armas, con lo cual acepta la grave y repetida amenaza terrorista de no desarmarse”.

Otra voz de peso en contra de lo acordado que se escuchó en las últimas horas es la del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Aseguró que no sabe cuál es el “alboroto” que se armó con el tema del acuerdo político. “Lo que estoy diciendo es que no entiendo el alboroto, que no entiendo el entusiasmo, que no entiendo que consisten los avances, que lo que se pactó no es nada nuevo, no habían obstáculos legales ni obstáculos constitucionales”, precisó Ordóñez.

Agregó jefe del Ministerio Público que "hay que distinguir entre la participación política de las FARC y el ejercicio de funciones públicas de quienes son responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, genocidios, ellos no pueden ni acceder a la función pública ejercer cargos de representación popular”.

Ordóñez Maldonado aseguró que lo que “se debe observar y lo que se debe decir es como los responsables de estos delitos deben responder por ellos, por las condenas que debe establecer la ley estatutaria que se debe desarrollar del Marco Jurídico para la Paz”.
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