Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 7/22/2011 11:00:00 AM

El 26 de julio decidirán si Arias va a la cárcel o no

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro Perdomo explicó que necesita tiempo para estudiar el material probatorio presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro Perdomo explicó que necesita tiempo para estudiar el material probatorio presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
 
Sobre las 11:20 de la mañana comenzó la audiencia en la que se esperaba se definiera si el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias sería cobijado o no con medida de aseguramiento. Sin embargo, sobre las 2:45 de la tarde, tras escuchar al delegado de la Procuraduría, al representante de las víctimas y a la defensa, el magistrado del caso, Orlando Fierro Perdomo, decidió aplazar para el martes 26 de julio la decisión.
 
Según el jurista, se requiere tiempo suficiente para estudiar el material probatorio presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa del imputado.
 
Y es que este jueves, la fiscal Viviane Morales le imputó cargos por dos delitos al exfuncionario (celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros) y expuso los argumentos para convencer al magistrado Fierro Perdomo, quien funge como juez de control de garantías, de que es necesario que Arias sea recluido en un centro penitenciario.
 
Esta posición fue respaldada en la audiencia del viernes por el representante de la Procuraduría, Eider Patiño Cabrera, quien al defender los principios de transparencia administrativa, avaló la solicitud de medida de aseguramiento para Arias.
 
"La evidencia presentada por la Fiscalía conduce al Ministerio Público a avalar la solicitud de medida de aseguramiento", dijo el delegado de la Procuraduría.
 
Las pruebas a las que hizo referencia el representante del Ministerio Público son aquellas con las que la fiscal Morales respaldó en la audiencia del jueves el pedido de prisión para Arias. Según la jefe del ente acusador, el exministro debe ser cobijado con cárcel para "asegurar que no obstruya la justicia".
 
La Fiscal fue clara y enfática en su justificación. Señaló que Arias habría ejercido control sobre tres de sus exfuncionarios, recluidos actualmente en las casas fiscales de la cárcel La Picota por estar también implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
 
En ese sentido, hizo referencia a visitas que Arias habría hecho (por lo menos en 10 ocasiones y con una duración promedio de cuatro horas) a sus exsubordinados Oskar Schroeder (exjefe jurídico del Ministerio), Juan Camilo Salazar (exviceministro) y Juan Camilo Ortega (exsecretario general). Según reveló Morales, Arias habría hecho la última de estas visitas el pasado 3 de junio y a raíz de estas –según dijo– ninguno de esos exfuncionarios ha querido asistir a recientes llamados de la Fiscalía.
 
Según Morales, hay "evidencia documental" que permite inferir que Andrés Felipe Arias ha intentado inducir a varios de los procesados que están en la cárcel La Picota. Dijo además que las mencionadas visitas "pudieron tener el propósito de influir en la versión de los detenidos, quizá para tener un libreto".
 
Más adelante, en su concepto sobre los cargos imputados a Arias, el representante del Ministerio Público consideró que el exfuncionario “puede ser autor” de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y de peculado por apropiación a favor de terceros.
 
Sobre el primero, aseguró que en los documentos identificados como justificación técnica, no se observan los objetivos de ciencia y tecnología y no existe ningún estudio que examine los aspectos técnicos, financieros y jurídicos que demandaba la celebración de contratos con el IICA.
 
"Si las autoridades públicas deben servir a la comunidad y garantizar deberes y derechos, constituye un imperativo satisfacer las exigencias legales al momento de celebrar contratos, por lo cual correspondía a Andrés Felipe Arias establecer la necesidad del objeto del contrato y el proceso de selección, y los aspectos que estaban en juego por el compromiso con los recursos públicos asignados", consideró.
 
Sobre el segundo delito, peculado, dijo que la apropiación de dineros del Estado por otros que actuaron con malicia al solicitar subsidios sin cumplir con las exigencias legales, "no habría sido posible sin la participación activa de funcionarios como Andrés Felipe Arias. Se trata de un delito doloso".
 
La defensa
 
Luego de una breve intervención del representante de las víctimas, quien expresó su interés por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los afectados por este escándalo, comenzó su intervención el abogado del exministro, Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
 
En criterio de la defensa, "no se cumplen los requisitos para imponer medida de aseguramiento" contra Andrés Felipe Arias, y la Fiscalía "no aportó elementos materiales probatorios ni evidencias físicas ni información legalmente sostenida suficiente para acreditar que se perfila un delito o que Andrés Felipe Arias sea responsable de una conducta punible".
 
"Por los abusos de unos pocos, de unos beneficiarios que usaron maniobras fraudulentas, todo el programa AIS fue satanizado con fines mediáticos", dijo el abogado.
 
Para la defensa, AIS no era un programa asistencialista ni estaba orientado a servir a pequeños productores del campo, sino a promover el desarrollo de todo el sector y la transferencia de tecnología e infraestructura de riego del país.
 
"Gracias a AIS se crearon empleos, el desempleo rural alcanzó tasas históricamente bajas y la inflación de alimentos también cayó a mínimos históricos. Los más favorecidos con AIS fueron los pequeños y medianos productores", dijo.
 
Además, de acuerdo con el abogado, en AIS los requisitos fueron cumplidos a cabalidad. "Otra cosa es que no se entienda bien en qué consisten las actividades científicas aplicadas al campo", dijo Gómez Gallego.
 
Sobre los cuestionamientos de la Fiscalía en torno a la contratación directa del Ministerio de Agricultura con el IICA, la defensa aseguró que esta es una constante con todos los Gobiernos, incluso el actual, y que nunca se ha cuestionado su legalidad.
 
"Lo único distinto es la persona que ha contratado, no el acto sino el autor", consideró el abogado.
 
Así mismo, dijo el jurista, el IICA es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sin ánimo de lucro, por eso "los convenios no eran para que ese organismo administrara recursos del Estado, sino para que desarrollara política pública junto con el Ministerio de Agricultura".
 
Sobre los estudios de Econometría Consultores que citó la Fiscalía en la audiencia del jueves, la defensa aseguró que el ente acusador se limitó a los datos de informes de los años 2007 y 2009, y que no tuvo en cuenta un estudio de la misma firma con fecha del 25 de febrero de 2011.
 
En este último análisis, dice la defensa, se asegura que "a pesar de su corto tiempo de aplicación, el programa AIS ha venido evolucionando de manera dinámica", en cuanto se relaciona con la transferencia de tecnología.
 
Además, aseguró que en carta del 7 de julio del 2010, Econometría Consultores aclaró las observaciones del documento leído este jueves por la fiscal.
 
"Arias no conocía a Dávila antes de la publicación de Cambio": defensa
 
El abogado Gómez argumentó por qué, en su criterio, no procede la medida de aseguramiento para Arias. Primero, explicó que la ley establece tres riesgos para que esa medida se aplique: que la medida sea necesaria para salvaguardar las pruebas, que exista un peligro para las víctimas y que esté probado que el imputado no va a asistir al proceso judicial o pueda escapar.
 
Después, indicó que la Fiscalía debe argumentar que la medida de aseguramiento es urgente y necesaria. "La urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento y la ‘necesariedad’ de su decreto es la dupla necesaria para su imposición", dijo.
 
En criterio del abogado, estos requisitos no se cumplen en este caso. Acto seguido procedió a exculpar las actuaciones de Arias y dijo que su defendido hasta ahora no ha dado muestras de querer obstaculizar la justicia, no ha incurrido en reiteración de una conducta delictiva y tampoco representa un peligro para la comunidad.
 
Dijo que si los requisitos para el cumplimiento de la medida no se configuran, entonces esta "no tendría una base justificante", y se estaría utilizando al exministro para enviarle un mensaje a la sociedad "sólo porque en este caso es una persona influyente".
 
Argumentó que muestra de que Arias no ha buscado obstaculizar la justicia es que la propia fiscal Viviane Morales dijo que había podido recabar documentación para la acusación de Arias. El abogado hizo énfasis en que el exministro no tiene forma de impedir la labor de los funcionarios y no tiene acceso al Ministerio de Agricultura ni al IICA. También se quejó de que las respuestas de estas instituciones ante la instauración de derechos de petición para la consecución de evidencias han sido que en 60 días se las entregarán.
 
Indicó que las visitas a las que hizo mención la Fiscalía se dieron antes de que comenzara una investigación, "razón por la cual de allí no podía surgir estrategia alguna".
 
Después explicó que Arias no conocía a la familia Dávila antes de que la revista Cambio publicara, en septiembre del 2009, el artículo que cuestionaba la entrega de créditos y subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.
 
El abogado refirió lo que Juan Manuel Dávila, exnovio de Valerie Domínguez, ya había dicho en una declaración que obra en el proceso: que Arias y él se conocieron tiempo después.
 
Dijo que el encuentro fue accidental y se dio en el restaurante Andrés Carne de Res. Dávila Fernández relató que se acercó a Arias con el padre de Valerie Domínguez para expresarle su preocupación porque ella había aparecido mencionada en la investigación de Cambio.
 
En esa reunión, Dávila le dijo a Arias que contemplaba la posibilidad de que Domínguez desistiera del subsidio y Arias le respondió que no lo hiciera porque se lo había ganado en franca lid.
 
El 30 de septiembre se llevó a cabo otra reunión entre Arias y Dávila. Para ese momento Valerie Domínguez ya había renunciado al subsidio. Fue entonces, relató Gómez, cuando los asesores de campaña de Arias, Camilo Rojas y Andrés Cubides, le plantearon al exministro que la mejor alternativa para contrarrestar el impacto negativo para su campaña era buscar que a través de un spot (video) Valerie explicara tres cosas: por qué había decidido invertir en el campo; por qué, tras el maltrato, había renunciado al subsidio, y tres, que lo había obtenido con transparencia. "Transparencia que nadie ponía entredicho en ese momento", dijo el abogado. El encuentro se llevó a cabo en el Club de Ingenieros de Bogotá.
 
El abogado dijo que la estrategia de la campaña era legítima, pero "nunca se llevó a cabo, pero no porque Valerie lo hubiere rechazado", como lo dijo la fiscal.
 
El abogado reconoció, sin embargo, que después se supo que Dávila no había obrado con transparencia y refirió que Domínguez, el pasado 30 de junio, dijo que nunca estuvo enterada de la reunión que sostuvieron Arias, los asesores de campaña y su exnovio.
 
En su criterio, Arias supo ocho días después de la reunión, a través de otra publicación de Cambio, que Dávila había parcelado los predios "para engañar al Estado y apropiarse de los recursos".
 
Después arguyó que las visitas de Arias a sus excompañeros de la cartera de Agricultura detenidos en La Picota no fueron para acordar un libreto para su defensa, como lo argumentó la Fiscalía.
 
"Las visitas a sus amigos de la cárcel las hizo cuando aún no había sido llamado a una audiencia de imputación", dijo. Para él esas visitas tuvieron el "más elemental sentido humanitario".
 
La defensa calificó de injustas y perversas las interpretaciones de la Fiscalía. Y alegó que las personas detenidas tenían derecho a la "no incriminación" y que su silencio no se podía interpretar como una "reticencia" influenciada por Arias ni tampoco como una "manipulación".
 
También cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiera asistido a la cárcel "no para obtener información… sino en forma frustrada y abusiva conseguir entrevistas, declaraciones y testimonios en contra de Arias a expensas de sus compañeros".
 
Después procedió a citar el testimonio que dio bajo gravedad de juramento Claudia Mora, la actual viceministra del Agua, quien da fe de que lo conversado en La Picota, nada tiene que ver con lo que, "con desborde de suspicacia, imagina la Fiscalía".
 
El abogado insistió en que la última reunión en La Picota fue el 3 de junio y que el 13 del mismo mes fue cuando la Fiscalía anunció que citaría a una audiencia de imputación. A partir de la fecha, dijo, Arias dejó de ir a visitar a sus excolegas.
 
Al respecto de la publicación de una cartilla llamada Lo que no quieren que usted sepa de AIS, publicada por la Fundación Colombia Cambió, dijo que se hizo porque esa fundación defendía "una línea de pensamiento, y defender AIS era defender esa línea de pensamiento".
 
Con ese argumento pretendió controvertir que esa organización hubiera recogido dineros para la campaña de Arias. Y citó una resolución del Consejo Nacional Electoral sobre una investigación a la campaña del exministro que dijo que los dineros recogidos por esa organización no tenían como finalidad financiar su campaña y que tampoco se constituían en "ingresos de la misma".
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.