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| 6/10/2011 12:00:00 AM

"El 60 por ciento de los contratos en el país se dan a dedo"

El auditor de la Nación saliente Iván Darío Gómez Lee le tomó el pulso a los problemas de la contratación. Afirma que hay 26 billones de pesos en riesgo en contratos de todo el país.

Iván Darío Gómez Lee acaba de terminar su período como auditor general de la Nación. En sus dos años se metió de lleno a alertar al país sobre los graves problemas de la contratación. Al final de su administración hace un balance descarnado de cómo están en riesgo, en este momento, 26 billones de pesos.
 
SEMANA: ¿No es demasiado hablar de que  hay 26 billones de pesos en riesgo en contratos en todo el país?
 
Iván Darío Gómez : Es exacto. Es en los contratos de departamentos, municipios y distritos. El monto de este riesgo fue cuantificado con técnicas de auditoría. Mediante un sistema de información se analizan los principales aspectos de 852.143 contratos celebrados en los últimos seis meses, sumadas las distintas variables de riesgo se obtuvo con exactitud esta cifra.
 
SEMANA: ¿Y cuál es el riesgo más peligroso?
 
I.D.G.: Es muy grave que las entidades territoriales en el 60 por ciento de los contratos que celebran acudan no a las formas ordinarias, sino a las excepcionales de contratación directa para evadir mecanismos de selección objetiva como la licitación, el concurso o la selección abreviada.
 
SEMANA: ¿Se podría decir que hay una piñata de contrataciones directas en alcaldías y gobernaciones?
 
I.D.G.: Así es. Se están feriando la plata y los principales invitados a esa fiesta son fundaciones, corporaciones, asociaciones y cooperativas. Se encontró que se celebraron 23.128 contratos en cuantía de $4.4 billones de pesos con ese tipo de organizaciones seleccionadas en forma directa. Paradójicamente la Constitución del 91 prohibió auxilios y donaciones a entidades sin ánimo de lucro.
 
SEMANA: ¿Eso significa que en materia de contratación estatal territorial hoy estamos peor que nunca antes?
 
I.D.G.: Desafortunadamente en este ítem especifico de la contratación estatal en las entidades territoriales, sí, el país está peor hoy que en los años noventa.
 
SEMANA: ¿La solución sería entonces recentralizar el país?
 
I.D.G.: Aún no. Todavía hay caminos antes de una reforma regresiva de esa magnitud. Pero si no se adoptan correctivos en el corto plazo las entidades territoriales no van a ser viables y la centralización será la única fórmula posible.
 
SEMANA: Entonces ¿cuáles son esas medidas extremas?
 
I.D.G.: Como la estabilidad fiscal de la Nación está en juego tendremos que hacer a un lado el discurso romántico de la descentralización territorial sin límites, sin posibilidades de que se ejerza intervención por parte de una autoridad nacional de contratación. El problema más grave es que en Colombia hay 5.700 ordenadores de gasto a lo largo y ancho del territorio que con ligereza hacen lo que les provoca; algunos de ellos sin preparación y contaminados de clientelas políticas y grupos criminales.
 
SEMANA: ¿Pero entonces qué papel cumplen organismo de control como la Auditoría?
 
I.D.G.: Materialmente es muy difícil ejercen un control oportuno y efectivo a casi 2 millones de contratos que se celebran anualmente en Colombia. Con esta auditoría que yo lideré al control fiscal demostramos que si es posible, sin embargo los organismos externos de control son insuficientes sino existen controles previos y concomitantes que tengan cierta independencia y capacidad técnica frente a los ordenadores del gasto, incluso cierta independencia frente a los alcaldes y gobernadores. Las acciones conjuntas que impulsamos con la Contralora y el Procurador son importantes, pero demandan otras medidas complementarias.
 
SEMANA: El suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, dijo que él no tenía ninguna responsabilidad por las contrataciones del IDU ¿Ocurre lo mismo con los demás alcaldes del país?
 
I.D.G.: Exactamente. No he oído al primer alcalde o gobernador que diga que asume la responsabilidad por la contratación. Todo lo contrario, no solo la delegan sino que promueven la creación de entidades con régimen de derecho privado para evadir la aplicación de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
 
SEMANA: ¿Estamos en una sin salida?
 
I.D.G.: Casi. El tema de la contratación estatal debe ser una política de Estado. A la vez, aquí se pone a prueba la responsabilidad del sector privado, de miles de empresarios que pagan por la peca. Y no solo eso, en lo micro, hay que impulsar buenas prácticas en la contratación, formar ordenadores de gasto y asesores un sistema de certificación de sus competencias, crear incentivos de excelencia. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, pues han puesto la lupa en este tema lo cual está comenzando a generar una sensibilidad en la sociedad.
 
SEMANA: ¿Qué otros riesgos identificó en su informe?
 
I.D.G.: En el 60 por ciento de la contratación del Estado, la escogencia del contratista, se hace a dedo, en forma directa. Hay 156.000 contratos de prestación de servicios, es decir, las llamadas nóminas paralelas. Se pactan anticipos sin ninguna justificación en contratos por más de 150.000 millones de pesos. Hay un incremento de procesos de responsabilidad fiscal con origen en la contratación por 4,3 billones de pesos. De estas situaciones y muchas más, en un informe muy completo, se extrae la cifra de los 26 millones de riesgo
 
SEMANA: ¿La contratación se volvió un negocio a favor de los particulares?
 
I.D.G.: Sí, el Estado y la sociedad colombiana son los perdedores de la contratación estatal, y los contratistas y políticos, los ganadores. De ello da cuenta también un tema que ha registrado la revista SEMANA en materia de demandas contra el Estado. Casi siempre sus entidades son condenadas. Eso también es muy grave, la contadora informó la semana pasada que INCO e INVIAS tendrán que pagar este año 350.000 millones de pesos por condenas judiciales o arbitrarias.
 
SEMANA: ¿Ahora qué hará?
 
I.D.G.: Me dedicaré de lleno a que la contratación del Estado mejore. Ese nuevo proyecto se llama Contratación Segura, lo hemos organizado con expertos que queremos estar siempre en la orilla del Estado y su defensa.

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