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El 8.000 caleño

La detención de varios concejales acusados de corrupción ha sido vista por los caleños como un paso en la dirección correcta. El Alcalde por fin parece reaccionar.

12 de febrero de 2006

El jueves pasado un anuncio del fiscal general, Mario Iguarán, selló la crisis que ha tenido en vilo durante el último mes a los caleños. Confirmó la medida de aseguramiento contra los concejales Mauricio Mejía, quien hace poco anunció su candidatura a la Alcaldía para 2008, y Luis Mario Cuervo, sindicados por la desaparición de 16.000 millones de pesos destinados para la educación de los niños más pobres. Además, el Fiscal anunció que las investigaciones continúan y que habrá más personas vinculadas a este proceso, al que ya bautizaron como 'el 8.000 caleño'. La contundencia de los hechos tiene a la administración municipal sumida en una profunda crisis, y a los caleños inconformes. Tal como lo denunció SEMANA en marzo pasado, son varios los brotes de corrupción más relevantes. El primero se dio en la Secretaría de Educación, donde están enredados los dineros del programa para la ampliación de cobertura. Otro es el contrato para la modernización de la Secretaría de Hacienda, del que se sospecha que fue adjudicado a dedo mientras se duda de sus beneficios reales. Y un tercero es la compra de un lote por parte de la autoridad ambiental del municipio (Dagma), 30 veces más caro que el avalúo catastral. Paradójicamente, el inconformismo logró sacudir a la sociedad caleña que por años ha sido apática. Ese mismo jueves, mientras una marcha de protesta paralizaba la ciudad y en la Cámara de Comercio 70 instituciones firmaban el manifiesto ciudadano 'Los dineros públicos son sagrados'; se anunciaba otra gran manifestación para el fin de semana, en la que los participantes vestirán prendas blancas. Con ella se busca reforzar la idea de que en Cali son más las personas con manos limpias que los corruptos. La zozobra en la ciudad comenzó desde la misma posesión de Polo, como llaman coloquialmente al alcalde Apolinar Salcedo. Allí se conoció que en su gobierno habría un reparto de cuotas burocráticas entre concejales y amigos que apoyaron su campaña. La preocupación aumentó cuando el sistema de transporte masivo MIO, el más importante proyecto en la ciudad, que se creía blindado por tener una veeduría del orden nacional, ha sido cuestionado. La aparente irregularidad fue denunciada hace 15 días durante el cierre de una licitación por 40.000 millones de pesos. La información que manejan las autoridades es que uno de los proponentes, que en un comienzo fue descalificado por tener la documentación incompleta, apareció misteriosamente incluido en el proceso de manera extemporánea. Tres altos funcionarios de la entidad, encargados de custodiar y evaluar las propuestas, dejaron sus cargos luego que el diario El País, quien ha liderado las denuncias por malos manejos en la administración de Polo, divulgó la noticia. Más allá de los constantes escándalos, lo que llena de estupor a los caleños es la demora de su Alcalde en tomar medidas correctivas. Incluso Salcedo ha intentado zafarse de la responsabilidad que le corresponde, con el mismo discurso que utiliza desde su campaña: que lo persiguen por ser "pobre, negro y ciego". Pero esta vez la presión ciudadana logró que el funcionario reconociera que su modelo de gobierno se diluye en medio de los intereses particulares. Aunque para explicar la crisis Salcedo asegura que, "algunos funcionarios traicionaron mi confianza", ya anunció un giro radical en su administración y para demostrarlo pidió la renuncia a 50 personas de su círculo más cercano. Puede que no sea tarde y que Polo consiga recomponer las cargas para que su gobierno no pase a la historia por su pobre desempeño. Si algo positivo va quedando de la crisis caleña, es que la sociedad se ha levantado para actuar contra los corruptos.