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| 7/9/2001 12:00:00 AM

El 8.000 de los paras

Con los allanamientos en Montería sigue un destape que puede ser tan grave como el del elefante.

No era una diligencia cualquiera. Cada uno de los 30 agentes del CTI y de los 10 fiscales sabía qué hacer. Estaban divididos en 17 grupos con misiones específicas: primero las residencias de los sospechosos, luego sus locales comerciales. El proceso debía ser cuidadoso. Por eso también los acompañaban cinco agentes de la Procuraduría. Pero enterrarle una espina en el corazón al bastión de las Autodefensas Unidas de Colombia podía resultar un asunto agitado. Por eso los agentes de la justicia iban con el respaldo de 150 hombres de las Fuerzas Especiales de Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La operación cayó sobre Montería a partir de las 7 de la mañana del 24 de mayo. A pesar de los alegatos posteriores no hubo improvisación. No había lugar para ella. Fue calculada con la precisión de una cirugía mayor que sólo buscaba intervenir en 32 lugares exactos y encontrar a un puñado definido de personas. Los agentes sabían que un error podía echar al traste con el esfuerzo paciente de decenas de colegas suyos de la Fiscalía que llevaban más de dos años en la investigación. Lograron su cometido. Sólo hubo un lamentable incidente que le costó la vida a un joven en la casa de Salvatore Mancuso.

“Cuando terminaba el registro en la casa (de Mancuso), la mujer que estaba allí dijo que no había más personas presentes, explicó a SEMANA uno de los funcionarios que participaron en la diligencia. Sin embargo vio una puerta cerrada y la abrió. Un hombre que estaba recostado en una cama reaccionó de inmediato echando mano a su pistola. El agente de la justicia respondió disparando. El hombre murió”. Actuó la ley, pero en Córdoba ardió Troya.

Cuando se enteró del episodio en su casa Mancuso se puso frenético, dijo a SEMANA alguien que presenció los hechos. El muerto era muy de sus afectos. En vano buscó a Carlos Castaño para actuar. Pero éste no apareció.

La reacción inmediata de Mancuso, quien según un testigo de este proceso es “el propio jefe de las autodefensas”, no fue solitaria. En una semana comerciantes, ganaderos, transportadores, concejales, profesores y hasta niños estudiantes marcharon contra lo que llamaron la estigmatización del pueblo cordobés como un pueblo auspiciador de paras.

Un pasacalle que apareció daba gracias a las AUC. “Si por el gobierno fuera, decía, estos delincuentes, guerrilleros y políticos corruptos se les estaría entregando nuestra dignidad” .

También hubo en las protestas políticos de talla nacional. Según testigos allá estuvo Salomón Nader, senador cordobés que protestó por “las fechorías de la Fiscalía” y porque no hubo “respeto por los derechos de la gente de Córdoba como si fuera toda una delincuente”. Y el senador bogotano Enrique Gómez Hurtado dijo que consideraba “que esos procedimientos de atropello” a lo único que conducen “es a producir sensación de alegría en los violentos, cuando ven que desde el gobierno se ataca la solidaridad que el pueblo de Córdoba ha demostrado para defender el imperio de la justicia y la ley”.



El Pallomari

Todas estas manifestaciones serían desproporcionadas si se tiene en cuenta que sólo se trató de una diligencia judicial que allanó 32 establecimientos y capturó a cuatro personas, en una ciudad con 330.144 habitantes, según el Dane. Es más explicable si se entiende que muchos ganaderos, empresarios y comerciantes honestamente creen que si se debilitan las autodefensas en Córdoba volvería a llegar la pesadilla guerrillera, con su boleteo que seca la producción y su secuestro que deja la desolación.

Claro está que también hay dirigentes que han financiado o auspiciado a las AUC y por primera vez temen que se destape su complicidad con una organización que por más apoyo social que haya adquirido en Córdoba ha sido responsable de 48 masacres entre enero y marzo de este año, de las 77 que ha habido.

De todos modos, quienes hablaron de “fechorías” o “procedimientos de atropello” encendieron el verbo alebrestados por el ambiente, desconociendo que lo que sucedió en Córdoba fue un capítulo de una investigación de tal dimensión, que bien podría llamarse el otro 8.000.

El trabajo de la Fiscalía se inició en mayo de 1998 cuando, en un allanamiento al parqueadero Padilla en Medellín, encontraron a quien en su momento fue llamado “el Pallomari de Castaño”, Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’. Hallaron además libros de contabilidad con registros de movimientos de cuentas de varios años anteriores, lista de grandes aportantes, extractos de cuentas bancarias, 70 disquetes con información cifrada, relaciones de compra de armamentos y facturas comerciales. Muchos de estos documentos, con listados de pueblos y personas señaladas como objetivo militar, estaban en paquetes identificados con el logotipo de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, antecesoras de las AUC.

El país se olvidó de la noticia pero la Fiscalía no. Allí decenas de fiscales, con el apoyo de técnicos en computación, contadores, analistas financieros, entre otros profesionales especializados, comenzaron a desenredar pacientemente la maraña contable.

“Tuvimos que hacer una base de datos con 20.000 registros contables, como la que se hizo para seguir el proceso 8.000”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Los fiscales es-carbaron información bancaria de cada hallazgo en los libros de Soto, solicitaron cheques y siguieron el dinero de cuenta a cuenta y establecieron los nombres de los propietarios. En un momento dado en una de las oficinas donde estaba el material había tal cantidad de bultos y cajas de pruebas que era difícil pasar, según lo describió la fuente.

Congelaron 499 cuentas bancarias por las que se movieron los dineros asociados a las AUC. Luego restauraron muchas de ellas pues vieron que no habían manejado negocios ilícitos.

A la postre se quedaron con unas pocas cuentas “muy sensibles”, como las describieron en la Fiscalía. Y esas fueron las que los llevaron a las personas y las direcciones que se buscaron en la diligencia de Montería. Eran personas allegadas a la cúpula de las AUC o familiares del propio Castaño o cuentas desde las cuales se habían pagado municiones, armas, pedidos masivos de botas y uniformes e indemnizaciones por muertes a combatientes o por pérdidas materiales. Es decir, cuentas desde las que claramente se había financiado ilegalmente la guerra.

Entre las capturas que se habían hecho a lo largo de la investigación estuvo la de Isabel Dereix, pariente política de Salvatore Mancuso, una trabajadora social que había sido de izquierda y que se volvió jefe de las autodefensas “con un compromiso muy alto con la parte logística y financiera de las AUC”, según la Fiscalía.

En las pesquisas también determinó la Fiscalía que en 1990 Carlos Castaño hizo un aporte de recursos propios por 700 millones de pesos a las autodefensas. Esos son un poco más de 5.000 millones de hoy, una suma gigantesca que aún las autoridades no saben de dónde la sacó.



Caheca y compañía

El día de la Operación Monserrate —así llamaron las autoridades a los allanamientos en Montería— llegaron directo a lugares vinculados con los hallazgos de la investigación.

Así entraron a Ganacor, la Asociación de Ganaderos de Córdoba, porque, según lo encontrado por la Fiscalía, a esa entidad están afiliadas empresas de papel, que ni siquiera aparecieron registradas en la Cámara de Comercio, como Caheca Ltda. y Compañía Ltda., de donde salieron los dineros con los que se cubrieron los gastos de funcionamiento de grupos paramilitares. Entre varios otros, son socios de estas empresas Salvatore Mancuso y Sor Teresa Gómez, que estuvo casada con un hermano medio de Castaño y quien estaba al frente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). Esta fue creada en 1991 para repartir donaciones de tierras que los hermanos Castaño hicieron luego de la desmovilización de la guerrilla del EPL.

La sede de Funpazcor también fue allanada pues se encontraron recibos de pagos de obligaciones pensionales girados por Compañía Ltda. que tenían esa sede como dirección

La Fiscalía también determinó que los beneficiarios de las tierras de los Castaño nunca tuvieron dominio real de la propiedad. Y que ahora muchos de esos terrenos han vuelto a manos de personas allegadas a Gómez. También se encontró que algunas de las fincas en mención han servido para entrenamiento de autodefensas.

Pero los dineros girados por estas empresas de fachada no eran solamente para equipar y dotar a los combatientes de las autodefensas que protegen las fincas cordobesas. Los fiscales han determinado casos en los que algunos de los cheques investigados fueron a parar a cuentas o a manos de personas involucradas con masacres, como en el caso de La Horqueta en Tocaima, o de responsables de proveer a grupos paramilitares con combustible, víveres, etc., en lugares donde llegaron a asesinar con lista en mano, como sucedió en poblaciones del Urabá.

Los capturados fueron Tarquino Morales Díaz, directivo de Funpazcor; Antonio Adonis González, quien figura como mensajero pero, según la Fiscalía, es socio de Compañía Ltda. y movió altas sumas de dinero; Joaquín Segundo Rivera Causil y José Felipe Pertuz Salla, ambos vinculados a las empresas que sostenían a las AUC. A los dos primeros se les dictó medida de aseguramiento por financiar grupos paramilitares y a los dos segundos por organizarlos.



Imperio de la ley

Es paradójico que ante una acción de la justicia que busca desenmascarar a financiadores de grupos armados ilegales, políticos y dirigentes empresariales digan que ofendió la dignidad regional.

“Es preocupante que representantes democráticos ataquen a una institución del Estado legítima, que actúa legítimamente para hacer justicia en contra de grupos ilegales y violentos”, dijo uno de los agentes de la Fiscalía.

A pesar de los alegatos la investigación de los dineros que financian a los paras continuará. Las autoridades están

convencidas de que nuevos hallazgos en Montería van a producir otras pruebas que permitirán entender cómo las AUC han sostenido su vertiginoso crecimiento en los últimos tiempos. Así mismo, caerán nuevos responsables y es probable que hasta se sigan procesos de extinción de dominio a propiedades o dineros asociados con actividades ilícitas.

El revolcón que sufrió la cúpula de las autodefensas por esta investigación tiene también que ver con que quizá hay figuras aún en la sombra que quieren evitar que a este 8.000 le aparezca un Santiago Medina que revele dónde están los peces gordos en este negocio de la guerra.
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