El abogado que demandó a Carlos Slim

La aparente demora de la empresa Claro (antes Comcel) para devolver a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) el dinero por un aludo arbitral calculado en 134.000 millones de pesos, indignó al abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien demandó penalmente a los representantes de dicha compañía, incluido el propio Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, según Forbes.

El más reciente episodio en esta querella se vivió la semana pasada, cuando el jurista, mediante un derecho de petición, le solicitó al propio fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, informar el estado de la denuncia instaurada en febrero contra Carlos Slim y el representante legal por el no pago a la empresa bogotana.

Según este jurista especialista en derecho administrativo, entidades del Estado como la Procuraduría y la Contraloría y la propia ETB no han hecho nada porque se recupere el dinero a pesar de que el fallo de la Sala Tercera del Consejo de Estado ordenó el 9 de agosto del 2012 el pago del dinero en un plazo no mayor a cinco días.

La denuncia penal en la Fiscalía es para que se investigue la omisión frente al cumplimiento de una orden y el presunto delito es fraude en resolución judicial. “Lo hice por un tema académico (...) la sumatoria de omisiones para cumplir esa sentencia me obligó a tomar esta decisión”, asegura el abogado.

En esta acción pide además que se le diga cuál es el fiscal y a cuál unidad fue repartido el asunto.

El propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha reclamado el dinero, incluso, le pidió ayuda al presidente Juan Manuel Santos. “El presidente de la República tiene que ayudar a que nos devuelvan esa plata que le entregamos a Carlos Slim”, dijo el pasado 8 de marzo.
   
Para Mateus, las declaraciones emitidas en un reciente comunicado por parte del abogado de la empresa Claro, el exmagistrado Augusto Ibáñez, en las que asegura que “en ningún momento establece el monto a ser devuelto por Comcel”,  no son ciertas.

Pero Mateus cita el fallo. Allí se indica la fórmula para la cancelación de la deuda, según el Índice de Precios al Consumidor establecidos por el Banco de la República.  

El jurista también espera la respuesta a otro derecho de petición elevado en contra del representante legal de la ETB. Con este pretende que le informe la cifra exacta de la deuda y los trámites administrativos y judiciales que ha iniciado la empresa distrital.

Aunque esta parece una pelea de David contra Goliat, lo cierto es que el abogado Mateus tiene a su favor el fallo del Consejo de Estado que se ha incumplido.