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| 8/31/2014 12:00:00 AM

Piedad Zuccardi y su abogado extranjero

Gonzalo Boye Tusset, quien pagó seis años de cárcel por secuestro, defenderá a la congresista y se va contra la Corte.

La carrera profesional de Gonzalo Boye Tusset sorprende por el tobogán ideológico en el que se ha deslizado. Un día, simpatiza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, al otro, entra a una cárcel en España, sindicado de un crimen que él niega haber cometido: el secuestro de varios empresarios ejecutados por la banda terrorista ETA; al siguiente se querella contra el ministro israelí de Defensa, a nombre del Centro Palestino de los Derechos Humanos; y ahora llega a Colombia a defender a una excongresista acusada de nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización criminal de extrema derecha.

Se trata de la exparlamentaria Piedad Zuccardi, quien exhibe su propio argumento: el Estado no ha cumplido los tratados internacionales, por lo que se vio obligada a buscar un jurista de talla internacional.

La excongresista considera que esa falencia estatal no les permite a los ciudadanos aforados contar con plenas garantías como la segunda instancia y el derecho a un juez imparcial. Lo dice justo en el momento en el que está a punto de enfrentar un juicio por presuntamente haber recibido apoyo político de temibles y sangrientos jefes paramilitares y en instantes en los que, según sus allegados, la Corte Suprema de Justicia no le ha brindado las garantías suficientes.

Por eso, la exsenadora, quien se encuentra recluida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá, decidió buscar apoyo de un jurista extranjero, además de los que cuenta para su proceso. Con ello pretende que organismos externos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos revisen su caso y certifiquen que a ella se le han vulnerado sus garantías.

Se trata de Gonzalo Boye Tusset, un nombre que no dice mucho en Colombia pero sí en España, Chile y otros países donde ha actuado en procesos que han tenido una enorme repercusión mediática. Es un ciudadano chileno-alemán que en España donde tiene su oficina, se ha trazado ambiciosas metas como la de denunciar a altos funcionarios de la administración Bush por “crímenes de guerra” perpetrados contra chilenos y españoles y “detenidos de manera extrajudicial”, según él.

Así, también ha defendido a víctimas de los atentados terroristas como el 11M en Madrid, en particular a una viuda chilena que perdió a su esposo en la masacre perpetrada por la organización yihadista Al Qaeda, en la que murieron 191 personas que se movilizan en trenes que los transportaban a Madrid. También en otros en los que participó como abogado defensor en el caso 4F en Barcelona, un polémico caso en el que se acusó a la Policía de torturas y falso testimonio.

Este es el jurista elegido por Zuccardi, que ahora piensa llevar el caso de la excongresista a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras organizaciones.

Este abogado ha vivido en carne propia el rigor de la justicia. En 1992 fue detenido y acusado de participar en dos secuestros perpetrados por la banda terrorista ETA. Fue condenado a 14 años de cárcel, de los cuales cumplió seis. En su defensa, alega no haber participado en dichos secuestros pues no se encontraba en España cuando ocurrieron y asegura que los culpables le dijeron a la justicia que él nunca fue responsable de esos hechos.

Hace su defensa a favor de Zuccardi lanzando duros dardos contra la Corte Suprema de Justicia, a la que tilda de haberle violado todos los derechos a la exdirigente liberal. “El único derecho que no le han violado es el de la vida. Se los han vulnerado todos”, asegura Boye a Semana.com.

Para él, el sistema de los políticos aforados en Colombia no ofrece mayores posibilidades porque aquí juzga el mismo que investiga. “Esto huele mal. Se trata del yo con yo judicial”, dice y recalca que la Corte ha tenido un desacierto en el sentido de que considera que los abogados de la excongresista han orquestado un complot contra el alto tribunal.

¿Qué fue lo que ocurrió? Que los defensores de la exsenadora han rechazado las conductas poco transparentes de algunos investigadores del caso, en el sentido de allegar al proceso pruebas poco claras. Una de ellas fue la declaración escrita de un testigo contra Zuccardi, cuando él mismo había declarado ser analfabeta. “Pensé que era una broma cuando vi las pruebas”, dice el abogado.

También rechaza que la Corte haya sabido con antelación la estrategia de defensa de Piedad Zuccardi y advierte que existen cerca de 20 conversaciones de ella con sus abogados que para él son privadas más no incriminatorias y que son del conocimiento de la Corte. “De todas maneras, nosotros creemos que la Corte es sabia para reconducir su línea de actuación”, concluye el abogado.

Mientras este jurista y los otros defensores colombianos hacen su trabajo, la Corte sigue con el juicio que ahora se encuentra en la etapa preparatoria. Un juicio donde la excongresista costeña deberá esforzarse a fondo para demostrar su inocencia.
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