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El abogado penalista Gustavo Salazar Pineda dice que lleva dos años denunciándole al Fiscal General la corrupción al interior del búnker

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El abogado de la mafia

La indagatoria al jurista Gustavo Salazar por el delito de testaferrato destapará una olla podrida de fiscales que, según él, se han dejado comprar por la mafia.

2 de junio de 2007

Hay quienes dicen que a una persona la mataron porque sabía demasiado. Y ese no es propiamente el caso del abogado Gustavo Salazar, quien ha sobrevivido a los ajustes de cuentas de la mafia y hasta de la venganza de Los Pepes, (Perseguidos por Pablo Escobar) que asesinaron a cientos de abogados en el año de 1993. "No le temo ni a la muerte ni a la cárcel", dice tranquilamente.

Este abogado se ha ganado la fama de ser el penalista que más conoce la vida de los poderosos capos colombianos. Los últimos 25 años de su carrera los ha dedicado a defender a los extintos Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano', Helmer 'Pacho' Herrera, Iván Urdinola y Juan Diego Arcila , alias el 'Tomate'. Y actualmente defiende a los hermanos Mejía Múnera, los 'Mellizos', narcotraficantes de las AUC y fugitivos de la justicia. Con todos le ha ido bien. No sólo en lo penal, sino económicamente, y nunca lo ha negado.

"Obvio, porque es que nadie trabaja para empobrecerse, salvo que sea un imbécil, le dijo a SEMANA. Yo no he traspasado los límites de lo que es un abogado. Algunos sí han traspasado esa frontera, y se convierten en estafetas, en mensajeros, cómplices y a veces en auxiliadores. A mis clientes siempre les digo: guardemos distancia, porque el bandido es usted y yo soy el profesional. Muchos lo entendieron así y por eso sigo vivo".

El próximo jueves, al penalista le espera la mejor de sus defensas. La de él mismo. Tendrá que explicarle a un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos por qué figura como propietario de un apartamento, avaluado en alrededor de 1.000 millones de pesos, de propiedad del narcotraficante Juan Diego Arcila, alias el 'Tomate', asesinado hace dos meses en Venezuela. "Esa propiedad la recibí hace 14 años y ya había rendido una versión libre. Les voy a demostrar que es un proceso que revivieron porque he denunciado hechos muy graves de corrupción de algunos fiscales", sostuvo el abogado.

Salazar siempre ha sido frentero. Le encanta tener amigos y no le importa tener enemigos. Reconoce abiertamente que ha recibido bienes de los narcotraficantes y dólares sobre la mesa, pero a cambio de su trabajo. "El pago en especie es lícito y permitido por la ley. Yo he recibido carros, plata y hasta les he rechazado bienes como una finca en Tabio que no servía para nada y un centro comercial que me ofreció Pacho Herrera. ¿Y después de 14 años me vienen a decir que soy testaferro de una persona que fue mi cliente?". El jurista también recuerda que hace 18 años el 'Mexicano' le pagó en dólares la defensa por el crimen del líder de la Unión Patriótica Jaime Pardo y le quedó debiendo 50.000 dólares por defenderlo en su participación del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Pero no sólo eso dirá esta semana Salazar en su defensa ante el funcionario judicial. Por sus palabras, todo parece indicar que denunciará, con testimonios y documentos en mano, a fiscales de lavado de activos y de antinarcóticos (Unaim) que le han ofrecido a sus clientes dinero para que se les conceda la detención domiciliaria, les devuelvan los bienes, les cambien la calificación de los delitos o hasta, concederles la libertad. "En dos oportunidades han cambiado a los funcionarios judiciales que me iban a indagar, pero estoy dispuesto a dar los nombres y las pruebas de los fiscales corruptos que he denunciado desde hace dos años".

El polémico abogado, que ha denunciado a obispos colombianos, políticos, figuras de la farándula y hasta ex fiscales de haberse enriquecido con dineros sucios de mafiosos, llegará al búnker no sólo con los códigos bajo el brazo. En las últimas semanas se ha dedicado a recoger las pruebas testimoniales de sus clientes para demostrar cuánto dinero de la mafia habrían recibido los funcionarios de la Fiscalía a cambio de favores judiciales. Una defensa que estará como para alquilar balcón.