El acueducto y el aseo: contrato desecho

¿Quién va a recoger las basuras a partir del próximo 18 de diciembre en Bogotá? Esta es la pregunta que tiene con los pelos de punta a los capitalinos. Anuncios contradictorios del alcalde Gustavo Petro, decisiones jurídicas, errores de gobiernos anteriores, entre otros, han enredado el futuro del servicio de aseo. Ad portas de que se venza el contrato de recolección, reina la confusión.

La historia de este nuevo gatuperio comienza, como muchas otras, con el legado que dejó la administración de Samuel Moreno. En septiembre de 2010, cuando se cumplía la vigencia del contrato con las cuatro empresas recolectoras de basura que hoy operan (Atesa, Ciudad Limpia Bogotá, Lime S.A. y Aseo Capital), el gobierno anterior no alcanzó a hacer la licitación y se vio obligado a prorrogarlo por un año más. En agosto de 2011, cuando ya estaba listo, la Corte Constitucional suspendió el proceso, y en diciembre de ese año, finalmente lo tumbó. El argumento del máximo tribunal fue que la licitación no permitía la entrada de los recicladores en el negocio.

En ese entonces, la alcaldía declaró la 'urgencia manifiesta' para poder firmar un nuevo contrato por seis meses en condiciones excepcionales con los operadores. Luego llegó la nueva administración y tuvo que declararla otra vez y prorrogar el contrato que vence el 18 de diciembre. El problema es que a punto de cumplirse un año, todavía no hay licitación a la vista y el alcalde Petro ha enviado mensajes encontrados sobre cómo va a funcionar la recolección de basuras. A comienzos de agosto dijo que a Bogotá no le convenía un modelo de libre competencia, en el que las empresas recolectoras se disputaran las rutas. Pero a finales de ese mes cambió de opinión y dijo no solo que el modelo sería de libre competencia sino que la ciudad tendría una empresa pública que entraría en la lid.

La modalidad que aborde el Distrito es crucial para la calidad del servicio. Los expertos consideran que aunque el modelo de libre competencia per se no es malo, la mejor manera de garantizar un servicio que cubra todos los estratos es mediante la modalidad de zonas de exclusividad. Con el primer esquema se corre el riesgo de que las empresas no trabajen en las zonas más pobres o que no cumplan con los llamados servicios especiales (cortar el césped, podar árboles, barrer las calles y limpiar puentes). En cambio con el segundo, que debe hacerse mediante licitación, el Distrito puede ejercer un mayor control para mejorar el servicio.

El problema se agravó al comienzo de la semana pasada cuando Petro volvió a cambiar el guion. Dijo que su gobierno había decidido que "la empresa de acueducto tome por contrato el cien por ciento del aseo de la ciudad en Bogotá". Esta salida tendría vigencia por un año, según un convenio suscrito por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Acueducto. Petro fue más lejos y agregó que los recicladores serían los dueños del aseo. Y a lo largo de la semana se dedicó a trinar por qué la libre competencia "arrasaría con el reciclaje y los recicladores en Bogotá".

La propuesta de Petro revivió el fantasma del modelo ineficiente de la extinta Edis, la más reciente experiencia pública en el sector. Y a una voz, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua (CRA) y la Procuraduría le replicaron que el Distrito no podía tener el monopolio del servicio de aseo. Todas estas entidades advirtieron que actualmente está vigente la "libre competencia", a menos de que se haga una licitación y se fijen zonas de exclusividad. Las empresas operadoras a su turno respondieron que disentían de la interpretación que hizo el alcalde de la sentencia de la Corte, alistaron su artillería de abogados y asesores, y dijeron estar listas para prestar el servicio bajo las nuevas reglas. En criterio de los empresarios no es cierto que la libre competencia arrase con los recicladores, pues lo que pide la Corte es que se hagan políticas afirmativas para garantizar sus derechos y eso le corresponde al Distrito.

El gerente de la Empresa de Acueducto, Diego Bravo, aseguró a SEMANA que una vez termine el contrato este 18 de diciembre, la entidad está lista para prestar el servicio. A la pregunta por cuáles serían los carros que recogerían la basura respondió que ya abrió una licitación para importar una flota de 400 carros a razón de 80.000 millones de pesos. Con razón, ya hay voces que alertan sobre el impacto que tendrá esta medida en las finanzas de la única empresa distrital ciento por ciento pública.

Pero no solo de dónde saldrá el dinero es una incógnita. ¿Qué pasará mientras llegan los carros? ¿Dónde están los estudios técnicos que sugieran que esa es la mejor salida? ¿El Distrito tiene información sobre las rutas, el peso de la basura que produce cada barrio y las frecuencias con las que debe recogerse? "Si no llegan, podemos usar esos vetustos en los que se presta actualmente el servicio", dijo Bravo sobre los carros. El gerente del Acueducto tiene en su poder un concepto de la firma Negret Abogados que dice que "los vehículos motorizados destinados a la prestación del servicio de aseo… son objeto de reversión". Es decir, que las empresas deben devolver los carros con los que hasta ahora han prestado el servicio. Y en criterio de Bravo, una vez devueltos, el acueducto podría subcontratar a los actuales operadores.

No obstante, según los empresarios, el contrato que está apunto de vencerse no incluyó una clausula que diga que esos carros son reversibles al Distrito. Y también cuentan con un concepto suscrito por la Uaesp, en 2008, que les da la razón. "Hay carros que ni si quiera fueron comprados sino que fueron alquilados o adquiridos bajo la modalidad de 'leasing'. ¿A quién le va a quitar el alcalde los carros?", se preguntó uno de los abogados de los empresarios. En otras palabras, la propiedad de los carros podría terminar en un litigio que al final deberá resolver un tribunal de arbitramento. La respuesta a esta encrucijada puede tardar varios meses. Además, los carros que importará el Distrito podrían demorarse seis meses en llegar. ¿Y mientras tanto?

Así, de trámite en trámite, se perdió tiempo valioso para diseñar un esquema que garantice un buen servicio, incluya a los recicladores y reduzca el impacto ambiental.

Hay quienes creen que la fórmula de Petro de estatizar el servicio busca dos objetivos políticos: enviar el mensaje de que su administración defiende a los pobres y ablandar a los empresarios para poder renegociar un contrato que rebaje las tarifas, mientras se resuelve el problema de la licitación. "La política del administrador del palo de mangos, que sacude el árbol para ver qué cae", dijo a SEMANA un analista. En todo caso, faltó previsión y creatividad. La guerra por las basuras apenas comienza.