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| 7/31/2013 12:00:00 AM

El acuerdo para poner fin al bloqueo del Catatumbo

Una comisión de garantes fue clave para el comienzo del fin del paro que ha bloqueado a la región por más de 50 días.

Este viernes, a las 10 de la mañana, los campesinos de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander, desbloquearán la vía Cúcuta-Tibú con un solo propósito, retomar el diálogo con el gobierno y encontrar soluciones concretas para poner fin al paro campesino que ya completa 52 días afectando a los ciudadanos de la región.

La decisión empezó a consolidarse el pasado 28 de julio, cuando los voceros de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero, contactaron al sacerdote jesuita Francisco de Roux para que prestara sus oficios para resolver la difícil situación.

“Vamos a entregarle nuestra confianza a los garantes y al gobierno, aquí no se trata de guerra se trata de paz” Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo. 

Por su parte, De Roux aceptó la petición y desde ese mismo momento consolidó una comisión de garantes para encontrar las fórmulas de solución del paro.



El provincial de la comunidad jesuita convocó al vicepresidente Angelino Garzón, al expresidente Ernesto Samper, al presidente del Congreso Juan Fernando Cristo, al representante de la ONU para Colombia Todd Howland, al representante a la Cámara Iván Cepeda, y así se conformó la comisión de garantes.

Un día después, en Bogotá, los voceros de los campesinos presentaron la propuesta del desbloqueo con el propósito de que a más tardar el 5 de agosto el gobierno retomara el diálogo con los manifestantes.

La comisión de garantes se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para trasladarle la fórmula propuesta por los campesinos. El mandatario la consideró viable y dio luz verde no solo para que los garantes certificaran el desbloqueo de las vías sino para reanudar el diálogo.

Un diálogo que según el presidente no tendría ningún tema vedado, y se concentraría en los cinco puntos de la agenda que los campesinos le han formulado al gobierno, incluido el polémico tema de la creación de zonas de reserva campesina en la región.

Los campesinos sin embargo tenían un temor. Durante los más de 50 días de conflicto en la región, que tuvo múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, y en los que hubo constantes señalamientos desde el propio gobierno sobre la presencia de ilegales infiltrando la movilización, los campesinos pudieran resultar comprometidos en procesos penales.

Los garantes facilitaron una reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien les dio la tranquilidad de que la protesta no sería “criminalizada” por la Fiscalía, y que el bloqueo de vías y algunas conductas individuales que puedan constituir un delito dejarían de tener esa concepción siempre que estuvieran relacionadas en el marco de la protesta social.

“La protesta social no puede ser judicializada. La Fiscalía valorará muy positivamente el diálogo que se produzca en el Catatumbo para la solución del conflicto” expresó el fiscal general Eduardo Montealegre.

Agregó que la Fiscalía solo se limitaría a la investigación y la apertura de procesos en los casos que se haya ejercido la violencia, en conductas como incendios de vehículos y lesiones personales, pero que la Fiscalía valoraría el diálogo en el Catatumbo para tomar decisiones penales.



Incluso el fiscal fue más allá, y señaló que la Fiscalía está dispuesta a conceder el principio de oportunidad a quienes pudieran resultar judicializados siempre y cuando el conflicto en la región se resuelva.

Con esa garantía, los campesinos aceptaron el desbloqueo de la zona y pidieron al gobierno retomar el diálogo.

El fiscal general también dijo que las investigaciones sobre la muerte de cuatro personas van avanzando aunque prefirió guardar reserva sobre la hipótesis que maneja la Fiscalía. Los campesinos de la región han señalado que estas personas murieron por la acción de la Fuerza Pública para reprimir la protesta.

El acuerdo se conoció luego de que el pasado martes, el gobierno nacional reiterara en la plenaria del Senado que está dispuesto a restablecer el diálogo con los campesinos del Catatumbo, siempre y cuando levantaran los bloqueos.

El expresidente Ernesto Samper, haciendo una analogía con el proceso de paz, calificó este acuerdo como el fin del conflicto, pero explicó que el posconflicto comenzará la próxima semana cuando gobierno y campesinos retomen el diálogo para resolver los problemas sociales que desde décadas atrás han afectado a los campesinos de la región.

Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que “doy fe de que los campesinos del Catatumbo quieren un acto cívico y de diálogo social. Aquí se trata de construir acuerdos para corregir una deuda histórica social”. 

Así mismo, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que es necesario que la mesa de diálogos también sirva para aliviar la precaria situación que enfrentan los municipios del Norte de Santander. ya que fueron estas malas condiciones de vida  una de las principales razones para el inicio de las protestas. “Debemos plantear una agenda de posconflicto que vaya mucho más allá de los puntos estipulados”, concluyó Cristo. 

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