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| 3/20/1989 12:00:00 AM

El affaire Medina

Qué sabía Time? ¿Qué sabía el Presidente? ¿Cómo lo averiguaron? Informe especial de SEMANA.

Cuando habla por teléfono, Pablo Escobar evita siempre mencionar el lugar donde se encuentra, por el temor de que la llamada esté interceptada. El martes 29 de noviembre del año pasado, se descuidó: hablando por teléfono con un amigo, mencionó que se encontraba en una finca sobre la carretera a Llanogrande. La línea estaba interceptada. En cuestión de minutos y con gran eficiencia se activó un operativo militar para capturarlo, que se inició con el envío inmediato de una patrulla de avanzada, mientras se preparaba un contingente más numeroso, para rodearlo por todos los flancos. En el momento de salir la patrulla, alguien llamó a Escobar y le advirtió que le iban a caer encima. A pesar de la rapidez con que se procedió, al llegar la patrulla al lugar, el hombre más buscado de Colombia acababa de escapar.
Pero ese no era su primer escape. En el sonado caso de la finca "El Bizcocho", hace cercade un año, Escobar escapó en forma similar. Posteriormente, bajo la sospecha de que había sido alguien de la cúpula de la inteligencia militar de la IV Brigada quien lo había alertado, fue removido de su cargo el jefe del B-2 de esa unidad. En el caso de la fuga del 29 de noviembre, no se pudo establecer a ciencia cierta quién había sido el informante. En círculos generalmente bien informados de Medellín, se afirmaba que un alto oficial de la Policía Metropolitana le había hecho el favorcito. Este rumor en realidad no constituía una gran revelacíón para los paisas, pues en Medellín se considera que la infiltración del narcotráfico en la Policía es un hecho de vieja data.
Un breve recuadro de un artículo de la revista Time de la semana pasada, le dio una nueva dimensión al asunto. En escasas 18 líneas, el semanario más leído del mundo informaba que el ex jefe de la Policía colombiana, general José Guillermo Medina Sánchez, había sido retirado de su cargo por sospechas de estar en la nómina de Pablo Escobar. El aparte más fuerte era: "Una unidad de inteligencia militar se dedicó a seguir al general. La operación de espionaje supuestamente estableció vínculo entre Medina y Escobar, y otro barón de la droga, Gonzalo Rodríguez Gacha".
El general Medina reaccionó indignado. Negó categóricamente todos los cargos. Anunció su intención de demandar a la publicación, así como al Noticiero del Mediodía, el primero en recoger la versión el mismo lunes se presentó ante el presidente de la Corte Suprema, Fabio Morón Díaz. Finalmente, ofreció una rueda de prensa en la que defendió su honra y su gestión.
La magnitud del escándalo hizo que todas las expectativas se centraran en las reacciones que tendrín frente al caso, tanto el ministro de Defensa, general Manuel Jaime Guerrero Paz, como el presidente Virgilio Barco. El primero en hablar fue Guerrero Paz, quien negó que un equipo de vigilancia militar hubiera hecho un seguimiento a Medina, y de resto se limitó a decir que las acusaciones eran demasiado graves para ser hechas a la ligera. Barco fue menos diplomático. Interrogado sobre el asunto por los periodistas el martes en la noche, a la salida de un acto oficial, respondió casi jocosamente: "Eso es lo que dice Time. Esperemos a ver la respuesta de Time, porque si no es así, se le ha presentado al general Medina la mejor oportunidad del mundo: demandar a Time por 20 millones de dólares".
Que un hombre con tan poco sentido del humor recurriera al humor negro como única respuesta ante la acusación más grave que se le ha hecho a un miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas en muchos años, era un hecho muy diciente. La respuesta evasiva y la mención a los millones de dólares despertaron aún más suspicacias que el artículo de Time.
Las demás reacciones del alto mando fueron las previsibles, una combinación de solidaridad con la institución de la Policía, sin comprometerse muy a fondo en la defensa de la persona. Tal vez el mayor apoyo que recibió el general Medina vino de donde menos se esperaba: del general Jaime Ruiz Barrera, comandante de la IV Brigada, cuyos intentos de capturar a Escobar fueron frustrados por la acción de los informantes infiltrados. "A mí particularmente me parece una infamia porque durante varias oportunidades tuve la ocasión de conocer al general Medina Sánchez su brillante trayectoria al servicio de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Policía Nacional".
Después del revuelo y ante la gravedad de las acusaciones que ponían en duda la dignidad de un general de la República y la de toda la institución policial, la pregunta que se hacía todo el mundo al terminar la semana, era qué sabía Time y cómo lo había averiguado, para atreverse a publicar algo que podía volver realidad el chiste del Presidente sobre la demanda de los 20 millones de dólares.
LAS PRIMERAS PISTAS
La periodista Elaine Shannon es una especialista de Time en asuntos de droga, tanto en México como en Colombia. A fines del año pasado, su libro "Desperados" -cuya traducción del inglés es forajidos- cubre las guerras del narcotráfico y fue carátula de Time. La reportera estuvo dos semanas en Colombia en diciembre, con el fin de investigar el tema de las armas y los insumos químicos utilizados en el procesamiento de la coca. Varios días después de regresar a Washington, llamó al corresponsal de la revista en Bogotá y le preguntó qué información tenía sobre la salida del general Medina. La respuesta del corresponsal fue que, hasta donde él entendía, se trataba de algo rutinario a lo que él no le había puesto muchas bolas. La Shannon le aconsejó que se las fuera poniendo, pues en Washington, según fuentes de la DEA, del Departamento de Estado y la propia sección de narcóticos de la Casa Blanca, el general había sido removido de su cargo por nexos con el narcotráfico.
Algo sorprendido, el corresponsal comenzó a darle vueltas al asunto y a consultar con sus fuentes. Estas incluían al nuevo director de la Policía, general Miguel Antonio Gómez Padilla, quien eludió el tema y más bien lo negó. Luego fue a donde el comandante de la división antinarcóticos de la Policía, general Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, quien le manifestó que estaba sorprendido y confundido por el caso y que sentía gran tristeza tanto por la persona como por la institución. Su otra fuente era la embajada americana en Bogotá. Pero curiosamente, los propios corresponsales gringos no cuentan mucho con ella, por su total reserva y excesiva prudencia. Cuando el periodista le planteó la pregunta a un grupo de funcionarios de la Embajada, la respuesta fue, palabras más palabras menos, que más importante que cualquier cosa negativa que hubiera podido suceder en el pasado, era lo positivo que estaba pasando en el presente.
Un periodista profesional tiene que tener olfato no sólo para lo que le digan concretamente, sino para lo que le dejan de decir. Y en este caso, la sensación general que tuvo el corresponsal, era la de que había algo, aunque nadie se había atrevido a decírselo. Le comentó todo esto a un colega de la prensa europea, con reputación de viejo sabueso para las buenas historias, quien en algunas ocasiones colabora con Time. Este segundo periodista hizo su propia ronda de fuentes y llegó a la misma conclusión: en el asunto había gato encerrado.
En este callejón sin salida, un día pasó algo inesperado: el corresponsal europeo fue abordado en una calle del centro de Bogotá por dos oficiales activos de la Policía, quienes le manifestaron que querían hablarle acerca del tema que él estaba investigando.
Se organizó así una reunión con estos dos y un tercer oficial. Durante ésta, los tres oficiales confirmaron en forma categórica que Medina había salido por vinculaciones con el narcotráfico, y manifestaron su indignación ante el hecho de que el general estuviera saliendo por la puerta grande, como un héroe. Aseguraron además que se había conformado un equipo de oficiales del Ejército con el propósito de hacerle seguimiento a algunos oficiales de la Policía, para investigar posibles conexiones con el narcotráfico. Según los oficiales, ese equipo habría detectado la celebración de una entrevista una madrugada a fines del año pasado, en las afueras de Bogotá, entre Medina y Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Las fuentes le garantizaron al corresponsal que existían fotos que testimoniaban esta cita.
Los dos corresponsales internacionales se reunieron y compartieron información y dudas. En primer lugar, si hay una foto, por qué no aparece. Medina no es considerado un idiota y tendría que haberlo sido para, como jefe de la Policía Nacional, dejarse fotografiar con los dos hombres más buscados del país. Y si es mentira lo de la foto, cómo saber que lo demás es verdad. Las dudas se acrecentaron cuando le transmitieron a Time en Nueva York lo que habían averiguado, y los editores preguntaron qué tanta seguridad tenían de que los informantes no fueran oficiales resentidos que tenían intereses propios que requerían desprestigiar a Medina y a su grupo.
Con todas estas reservas en mente, Time tomó una decisión: enviar a Colombia a John Moody, jefe de corresponsales para Centroamérica y el Caribe. El domingo 5 de febrero, Moody llegó a Bogotá y en compañía de los dos corresponsales, procedió a hacer la ronda de fuentes, incluyendo en esta ocasión, una entrevista con el Presidente de la República. La entrevista con Barco fue solicitada en principio para hablar sobre la violencia en Colombia, tema que va a ser carátula de Time en pocas semanas. Pero para el final de la charla, tenían planeado hacerle la pregunta clave. Y decidieron hacerla, no como pregunta, sino como felicitación. Después de expresarle su admiración sobre la forma como Colombia combatía el narcotráfico y la corrupción, terminaron diciéndole: "Y además quisiéramos felicitarlo en particular por medidas valerosas en la lucha contra la corrupción, como en el caso del general Medina". Barco, sin inmutarse, se limitó a decir que "nosotros combatimos la corrupción en cualquier parte". La respuesta era adecuada, para una pregunta tan difícil. Pero al mismo tiempo demostraba que en el Presidente no había sorpresa, ni mucho menos negativa.

Otro elemento que convenció a Moody surgió de una entrevista que tuvo con el general Gómez Padilla, el hombre que remplazó a Medina en la dirección de la Policía. Acompañado del corresponsal europeo, le presentaron al alto oficial una lista de nombres de oficiales de la Policía, que supuestamente estaban implicados en alguna forma con el narcotráfico. El primer lugar en la lista lo ocupaba el nombre de Medina Sánchez.
El director de la Policía, sin aceptar nada concretamente, sí quiso dejar en claro que el segundo nombre de la lista no podía tener absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Para los periodistas, el hecho de que la defensa comenzara con el segundo renglón y no con el primero, era muy significativo.
La ronda de entrevistas incluyó también un nuevo encuentro con los oficiales descontentos. Y en esta ocasión, aunque el cuento de la foto todavía no cuajaba, el hecho de que las denuncias hubieran abundado en de talles, convenció a los periodistas.
Pero la historia de las 18 líneas de Time no termina aquí. Con los datos recogidos, Moody escribió una primera versión y la envió a Nueva York, para que fuera confrontada con la información que la revista hubiera podido obtener en Washington con las fuentes de la DEA y el Departamento de Estado. De esta confrontación salió una nueva versión que fue enviada a Moody a Bogotá. Moody le agregó algunos detalles y la devolvió. Faltaba una etapa: una revisión del pool de abogados de Time, que examinó, palabra por palabra, las implicaciones jurídicas de la publicación. Esta tomó 48 horas y apareció en la edición del lunes de la semana pasada, cuando estalló el escándalo.
LA DECISION DE BARCO
Pero una cosa es qué sabía Time y otra, no menos importante, es qué sabía el gobierno, y en particular el Presidente de la República. SEMANA ha podido establecer que a raíz de las milagrosas, inexplicables y sucesivas fugas de Pablo Escobar y debido a la creciente serie de denuncias sobre la corrupción de las Policías de Medellín, Cali y Cundinamarca, el alto gobierno decidió que cada ascenso debía ser sometido a un microscópico análisis y que había que estar alerta sobre posibles filtraciones, para evitar que fracasaran operativos antidroga, de la envergadura de los que se llevaron a cabo el año pasado.
Además de esto, se encargó a los organismos de seguridad, y no a la inteligencia militar como dijo Time, que llevara a cabo seguimientos a algunos altos oficiales que estaban bajo sospecha. El resultado de estas investigaciones fue que el gobierno pudo establecer la existencia de tres extraños fenómenos en la lucha contra la droga:
- En un número no insignificante de operativos antidroga, la iniciación de éstos inexplicablemente se demoraba, y cuando finalmente se llevaban a cabo, no se encontraba en los laboratorios y pistas a ningún implicado.
- Más curioso era el hecho de que, personas que por una u otra forma podrían ser responsabilizadas por algunos de estos fracasos, terminaban siendo ascendidas y que, por el contrario, los que se destacaban en operaciones exitosas, acababan menos bien parados. Expedientes al respecto reposan en la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
- Lo más preocupante para el gobierno fue la evidencia de que la más importante operación coordinada antidroga de la historia del país, la llamada "Operación Primavera", hubiera sido postergada indefinidamente, cuando estaba originalmente planeada para arrancar en el mes de octubre.
Lo anterior preocupó considerablemente al alto gobierno, con respecto a la efectividad de la gestión del general Medina al frente de la Policía. Sin embargo, se consideró a mediados de diciembre, que nada de esto era suficiente evidencia como para tomar la decisión de remover a Medina. Dos hechos posteriores llevaron al presidente Barco y a su ministro de Defensa, general Manuel Jaime Guerrero Paz, a cambiar de opinión.
El primero, la información reunida en contra del director de la Policía, que sirvió de base para que hoy cursen dos expedientes en su contra en la Corte Suprema, uno por encubrimiento y otro por falsedad en documento público. El segundo motivo de preocupación fue la sugerencia hecha por Medina de que debía ser removido de su cargo el general Rafael Muñoz, jefe de antinarcóticos de la Policía, y oficial particularmente apreciado por el presidente Barco y por el gobierno norteamericano, por los éxitos alcanzados en la lucha antidroga desde que llegó a ese cargo.
Todo esto convenció al primer mandatario de que, si bien no existían pruebas contundentes sobre la vinculación de Medina con el narcotráfico, el director de la Policía, por lo menos por omisión, podía ser considerado si no penal, al menos administrativamente responsable de lo que estaba pasando. Concretamente, el gobierno concluyó que, culpable o no culpable, Medina había perdido la confianza de sus superiores. Cuando la decisión de removerlo estaba prácticamente tomada, el gobierno se enteró de que los Estados Unidos estaban estudiando la posibilidad de suspender la visa de entrada a ese país, que años atrás le habían concedido a Medina, lo cual resultaba absolutamente impresentable para un jefe de Policía de Colombia.
Vino entonces la discusión sobre la forma como Medina debía salir. Los más radicales consideraban que se le debía dar de baja en forma ejemplarizante, mientras los más prudentes opinaban que se le debía pedir que presentara una renuncia "voluntaria", que le permitiera conservar las prerrogativas de todo general retirado. Esto no sólo para evitar el escándalo en un país que vive momentos demasiado dramáticos como para poner en peligro la credibilidad y confianza que merece la institución de la Policía, sino porque el hecho concreto es que, fuera de sospechas, nunca se pudo llegar a establecer ninguna prueba definitiva para acusar públicamente a Medina. Fue entonces cuando se decidió que lo justo sería pedirle la renuncia, que Medina presentó a mediados de enero.
La verdad de todo esto sólo la sabe un hombre que comenzó la semana hablando fuerte y la terminó en completo hermetismo. SEMANA trató de contactarlo en siete ocasiones para consultar los elementos de este artículo, y no fue posible conseguirlo. El veredicto final está en manos de la justicia colombiana que tendrá que analizar los expedientes existentes. Otro veredicto podría estar en manos de las cortes en los Estados Unidos, en la eventualidad de que el general José Guillermo Medina Sánchez decida finalmente demandar a la revista Time por la publicación de las 18 líneas que la semana pasada estremecieron a Colombia.
A CURIOUS RETIREMENT
When General José Guillermo Medina Sánchez, 53, retired as head of Colombia's 80,000 -member National Police last month, the country's law- enforcement officials turned out in full dress uniform, complete with ceremonial gilt swords. But Medina's departure was not quite so honorable as it seemed. Colombian police officials have told TIME that Medina was fired on orders from President Virgilio Barco Vargas after the general came under suspicion of being on the payroll of Pablo Escobar Gaviria, patriarch of one of the leading families of the Medellín drug cartel.
After Escobar narrowly escaped capture in an army raid on one of his estates last year, Colombian officials suspected that he might have been tipped off by Medina. A military surveillance team subsequently was assigned to tail the general. The spying operation reportedly established ties between Medina and both Escobar and another drug baron, Gonzalo Rodriguez Gacha, nicknamed "El Mexicano." Apparently not certain that the evidence would hold up in court, the government allowed Medina to retire. Two days after Medina's successor, General Miguel Antonio Gomez Padilla, took over, the National Police launched Operation Primavera, the most successful strike against cocaine producers in Colombian history.

Y SI HAY DEMANDA, ¿QUE?
Si el general retirado José Guillermo Medina Sánchez decide, como lo ha anunciado, demandar a la revista norteamericana Time, por los perjuicios que le hubiera podido causar el artículo que ha desatado la controversia sobre su retiro, no será el único en el mundo, que en circunstancias similares, ha llevado en los últimos años hasta los tribunales su querella contra un medio de comunicación. Pero la tendencia si puede considerarse de ese modo el resultado de esos episodios, indica que en la mayoría de los casos, los medios han resultado, si no triunfadores, por lo menos indemnes.
El caso más sonado tuvo su origen en la recordada mantanza de Sabra y Shatila, que horrorizó al mundo el 15 de septiembre de 1982. Aunque la masacre, que segó la vida de cerca de 800 hombres, mujeres y niños, fue perpetrada por milicianos libaneses cristianos, era un secreto a voces que esa facción, respaldada de vieja data por Israel, había cometido los crímenes con la complicidad, al menos por omisión, del ejército de ese país. La revista Time publicó entonces un extenso reportaje en el que afirmó que Ariel Sharon, ministro de Defensa de Israel, tenía conocimiento de lo que iba a pasar en Sabra y Shatila, pero se había abstenido de tomar las medidas necesarias para evitarlo.
En medio de una crisis de conciencia nacional, que lo llevó a dimitir y que significó virtualmente su eliminación del panorama político israelí, Sharon demandó a la revista por US$50 millones. Pero tras dos años de litigio, en los que gastó varios millones de dólares en abogados, lo único que Sharon obtuvo fue una condena a su favor de US$1.00. La corte llegó a esa decisión por cuanto, aunque la revista no tenía en el momento las pruebas suficientes, no había actuado de mala fe. El fallo fue más una reconvención para la revista, que una condena formal. Los hechos que motivaron la demanda no quedaron desvirtuados y la victoria correspondió, ni más ni menos, a la revista Time.
Otro caso muy comentado, y que ocurrió al mismo tiempo que el anterior, fue el del general William Westmoreland, comandante de las fuerzas norteamericanas en Vietnam hasta 1968, cuando regresó a los Estados Unidos convertido en un segundo McArthur y hasta incluído en el círculo de los presidenciables. Años más tarde, en 1984, la cadena de televisión CBS resolvió divulgar en el programa 60 minutos la otra cara de la medalla. Westmoreland, según la CBS, no sólo no había sido un héroe del Vietnam sino que había conducido a sus tropas con una absoluta subestimación de los efectivos enemigos y, lo más grave de todo, había ocultado información vital sobre el estado de la campaña al presidente Johnson. Westmoreland decidió demandar a la CBS por US$120 millones, para resarcir su honor mancillado, tal vez con el acicate de la demanda que, por la misma época, intentaba Sharon.
Pero al conocerse el fallo adverso a éste, y al ventilarse en el juicio precedentes que le afectaban, (las cortes de Estados Unidos consideran que para condenar a la prensa debe haber además de imprecisión, mala fe) resolvió cortar por lo sano y retirar la demanda.
El último caso es muy recordado por los colombianos y, a diferencia de los anteriores, terminó a favor del demandante. Se trató de la famosa querella del general Luis Carlos Camacho Leyva, acusado en forma ligera por el semanario italiano L'Expresso de ser el instigador y principal ejecutante de las torturas militares en Colombia. Camacho Leyva logró que las cortes italianas aceptaran su alegato y condenaran a L 'Expresso a pagarle una indemnización. Pero el militar decidió que, antes de lucrarse con el incidente, lo que correspondía era que el semanario hiciera una rectificación apropiada, lo que la revista tuvo que hacer por orden judicial.
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