Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1997/06/02 00:00

EL AGUA SUCIA

Muchos están diciendo que la gestión de Alfonso Valdivieso fue un desastre. ¿Cuál es la verdad?

EL AGUA SUCIA

A Alfonso Valdivieso le está comenzando a caer mucha agua sucia. Su retiro de la Fiscalía y su lanzamiento a la arena presidencial dejaron frustrados a muchos. Sin embargo las encuestas en la actualidad lo registran como el ganador de la elección presidencial si ésta fuera hoy. La simultaneidad de una enorme popularidad conuna ola de críticas muestra claramente que en torno al desempeño de Valdivieso no hay consenso. En términos generales, los colombianos del común lo aprecian y los penalistas lo desprecian. Como Alfonso Valdivieso tiene una posibilidad seria de ser el próximo Presidente, el debate sobre estas interpretaciones contradictorias apenas comienza. Los críticos del Fiscal lo acusan de haberle torcido el cuello al estado de derecho para montar el proceso 8.000. Esta no es una consideración que le importe mucho a la opinión pública, para la cual el fin justifica los medios. Pero en un país de tradición leguleya, que siempre se ha apreciado de ceñirse a la letra de los códigos, el 8.000 fue un fujimorazo jurídico. El problema básico es que todo el escándalo era verdad pero no necesariamente era delito. Colombia siempre había tenido una cierta tolerancia frente a los dineros calientes y una cierta indiferencia frente al costo de las campañas. Sin embargo, lo que se descubrió cuando confesó el ex tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina, horrorizó a la gente y generó una indignación colectiva. Una cosa era el mundo de los dineros calientes de toda la vida y otra muy distinta era venderle la Presidencia de la República al cartel de Cali, que fue lo que confesó Medina.
Legislación creativa La indignación nacional no significaba que la justicia tuviera herramientas para perseguir jurídicamente a los responsables, entre otras cosas porque buena parte de los códigos habían sido redactados por los abogados de los narcos. La única base jurídica para seguir adelante era el decreto 2266 de 1991 sobre enriquecimiento ilícito. Este tenía un problema operativo: cómo procesar a una persona por recibir dineros de un narcotraficante sin que éste último hubiera sido aún condenado por ese delito. Como las condenas por tráfico de drogas eran en ese momento prácticamente inexistentes, el delito de enriquecimiento ilícito era inaplicable a los beneficiarios de estos dineros.Ante la posibilidad de que la confesión de Medina terminara en una absolución colectiva, la Fiscalía buscó una interpretación del delito de enriquecimiento ilícito que le permitiera seguir adelante con el proceso. Consistía en independizar la culpabilidad del que recibe el dinero de la condena del que lo gira. En otras palabras, se podía ser culpable del delito de enriquecimiento ilícito si el dinero provenía de una persona de la cual existían sospechas de que fuera narcotraficante aun sin que hubiera sido condenada. Esta interpretación fue ratificada por la Corte Constitucional al resolver una tutela interpuesta por el periodista Alberto Giraldo sobre el tema. De ahí en adelante Valdivieso pudo seguir con el proceso 8.000, aunque no estuvieran ni capturados ni condenados los hermanos Rodríguez Orejuela. La interpretación de la Corte sentó una jurisprudencia y solucionó un problema práctico, pero constituía un absurdo jurídico. Desde el momento en que se podía ir a la cárcel por recibir dinero de personas que solamente eran sospechosas de narcotráfico quedaba difícil trazar la línea de cuál girador era delincuente y cuál no. Con los Rodríguez Orejuela no había problema pues toda Colombia los identificaba como los jefes del cartel de Cali. Pero con personajes que fueron surgiendo después, como Jesús Sarria, Pastor Perafán y Guillermo Ortiz, no era tan automático el procedimiento. Al fin y al cabo era difícil establecer si el que recibía dinero tenía conocimiento de la profesión del dueño de la chequera. Recibir un cheque de Perafán hace seis meses era delito pues todo el mundo había visto los avisos de televisión buscándolo. Pero en 1989, cuando lo recibió Guillermo Alberto González, no era así. El interrogante consistía en saber en qué fecha se convertía en delito. Es por eso que cheques de presuntos narcotraficantes, como el de la semana pasada al embajador Rodrigo Marín, muy probablemente no desembocarán en una acción penal.
No todos en la cama Esta subjetividad de criterios se tradujo en que la justicia se volvió selectiva. El ex parlamentario Eduardo Mestre y Alberto Giraldo están en la cárcel porque les descubrieron cheques de los Rodríguez Orejuela. Pero miles de empleados de empresas de ellos que reciben cheques mensualmente no han sido objeto de acciones judiciales.El anterior no fue el único ejemplo en el que se le torció el pescuezo a los códigos para seguir con el proceso 8.000. Hubo que torcerlos aún más en los casos de las personas protagonistas del escándalo que habían sido intermediarias pero que no habían recibido el dinero personalmente. Eso ocurrió con Fernando Botero Zea, Santiago Medina y Juan Manuel Avella. La Fiscalía considera que los dos primeros son los autores materiales de la negociación con los Rodríguez, y la confesión de Medina así lo corrobora. Sin embargo su intermediación en el proceso de financiación tenía por objeto ganar las elecciones y no quedarse con el dinero. En esas condiciones parecía imposible acusarlos de enriquecimiento ilícito. Para solucionar este problema la Fiscalía sacó de la manga un as bastante polémico, el cual también fue avalado por la Corte. Importando teorías de la jurisprudencia italiana se diseñó el delito de enriquecimiento ilícito a favor de terceros de tal suerte que los intermediarios de la campaña cayeran en alguna categoría delictiva. Esta figura requirió bastante malabarismo, pues la campaña presidencial era el tercero que supuestamente se habría enriquecido y ésta no era una persona natural sino jurídica. Por otra parte, el beneficiario real de todas esas maromas fue el candidato triunfante, el cual terminó siendo exonerado por su juez natural, que era el Congreso. Esto desembocó en que Ernesto Samper fue declarado inocente de enriquecimiento ilícito y Botero y Medina culpables de haberlo enriquecido. Aunque los jueces eran diferentes y los casos no estaban vinculados, el resultado final carecía de lógica.El caso de Juan Manuel Avella es bien diferente. Todo indica que no tenía conocimiento de que el dinero que se estaba manejando era del cartel de Cali. Sin embargo fue él quien firmó los libros de los balances contables que habían sido falsificados. Esto automáticamente lo hacía culpable del delito de falsedad en documento. Avella es sin duda responsable de haber presentado la contabilidad de una campaña que había costado 14.000 millones de pesos como si hubiera sido de 3.600 millones. Pero él es un personaje menor dentro de todo el tinglado de la campaña, quien simplemente estaba siguiendo órdenes de Botero y no tenía nada que ver con lo que verdaderamente escandalizó al país, que fue la negociación con los Rodríguez. Dentro de la teoría del enriquecimiento ilícito a terceros la Fiscalía lo metió en esa colada sin que esto tuviera ninguna lógica, pues su papel era prácticamente el de un contador. Acusarlo de lo mismo que a Botero y a Medina era un despropósito.

El papel del Fiscal
Todo lo anterior indica que llevar adelante el proceso 8.000 ha requerido mucha creatividad jurídica. Valdivieso y la Fiscalía no son responsables de esto, puesto que fueron las cortes Suprema y Constitucional las que llenaron los vacíos jurídicos que sirvieron de base para el proceso 8.000. Fue sin duda alguna una decisión política para evitar que éste se cayera. Sin embargo, interpretar la ley para salvar la sociedad puede ser conveniente pero no ortodoxo en términos del respeto al estado de derecho. Y es por eso que gran parte de las decisiones que ha tomado la Fiscalía hasta ahora se prolongan indefinidamente en manos de los jueces sin llegar a una definición jurídica.Hasta aquí los problemas jurídicos del proceso 8.000 no son tanto responsabilidad de la Fiscalía como de los vacíos jurídicos que existían. Alfonso Valdivieso y sus subalternos Adolfo Salamanca y Armando Sarmiento tuvieron que construir un edificio en arenas movedizas. Sin embargo en los casos de las acusaciones contra el Presidente y los tres ministros las fallas sí fueron responsabilidad de ellos. La denuncia penal contra el presidente Ernesto Samper, presentada por el fiscal Valdivieso ante la Cámara, no tenía bases jurídicas sólidas. Existían múltiples episodios que tenían muy mala presentación. Había pruebas definitivas de que el dinero había ingresado. Pero no había ninguna prueba contundente de que Samper hubiera participado directamente en la operación. La confesión de Fernando Botero, que era el principal pilar en que se basaba la Fiscalía, no aportaba ningún elemento definitivo que pudiera servir para condenar penalmente al Presidente. La responsabilidad política de Samper era evidente, pero la acusación formulada por Valdivieso ante la Cámara de Representantes no fue política sino jurídica y, en ese terreno, a los congresistas les quedó muy fácil absolver al primer mandatario. Algo parecido sucedió con las acusaciones contra los ministros Horacio Serpa, Juan Manuel Turbay y Rodrigo Pardo. Existía una presión de la opinión pública para "comer ministro", pero Contra ninguno de ellos había un caso sólido. La narcofinanciación de la campaña, que inicialmente había parecido como una conspiración colectiva de los directivos de la misma, acabó revelándose como una decisión secreta de Medina y Botero y por deducción lógica de Samper, aunque hasta ahora no se ha podido probar este último punto. No había ninguna evidencia de que Rodrigo Pardo o Juan Manuel Turbay hubieran tenido que ver con todo ese proceso. De Serpa hay dudas, pero hasta ahora ni una sola prueba sólida. A pesar de esta debilidad jurídica la Fiscalía creó unas expectativas que con el transcurso del tiempo no pudo sostener. Esto comenzó a crear la sensación de que el proceso 8.000 se estancó o no daba para más. Para no confirmar ese temor Alfonso Valdivieso y su gente han dejado esos casos en el aire y el país ha tenido que padecer durante más de un año a tres ministros sub júdice. Sin embargo, no todas las críticas tienen que ver con la interpretación jurídica de la Fiscalía. También se han denunciado graves irregularidades, como lo hizo recientemente el Procurador, que comprometen seriamente la imagen de la entidad. La duplicación de testigos sin rostro en una investigación contra un dirigente de la USO, puso en entredicho la hasta entonces intocable credibilidad de la Fiscalía. Por otra parte, el caso del ex edecán presidencial Germán Osorio quien estuvo detenido largo tiempo para finalmente ser liberado recientemente por vencimiento de términos, dejó un mal sabor en la opinión pública. El balance jurídico del proceso 8.000 es sin duda cuestionable, a pesar de esto casi todo el mundo le reconoce a Alfonso Valdivieso que el país necesitaba el sacudón que él le dio. La opinión pública no hubiera aceptado que por tecnicismos jurídicos la narcofinanciación de la campaña presidencial de 1994 hubiera sido archivada. La gestión del Fiscal no ha fortalecido el estado de derecho pero sin duda alguna ha servido para moralizar las costumbres políticas. Sin la dimensión que adquirió el proceso 8.000 las elecciones de 1998 estarían otra vez en manos de los narcotraficantes. Se anticipa que, por lo menos a nivel presidencial, esto no va a suceder. Ningún candidato en su sano juicio va a permitir en forma consciente el ingreso de narcodineros en su campaña. La tolerancia de la sociedad frente a la narcopolítica se ha reducido considerablemente.
Camino a Palacio Haber centrado el esfuerzo de toda la Fiscalía en sacar adelante el proceso 8.000 también tuvo un costo. A pesar de éxitos aislados, como la del fortalecimiento de la fiscalía de derechos humanos la administración de justicia en términos generales es un desastre. De esto no se puede responsabilizar únicamente a Valdivieso, pues heredó un millón de expedientes y una acumulación de procesos de esa magnitud es matemáticamente imposible de solucionar. Sin embargo no deja de ser frustrante que la Fiscalía se esté gastando en este momento 1.000 millones de pesos diarios y el balance que arroja esta inversión no se refleja en los resultados. Solo el 20 por ciento de los delitos que se cometen se denuncian. Solo el 5 por ciento de los denunciados da lugar a resolución de acusación. Entre 1993 y 1994 la nómina pasó de 11.570 a 20.176 empleados sin ningún aumento en la eficiencia ni disminución en la criminalidad. Los cálculos sobre el nivel de impunidad oscilan entre 97 y 99,5 por ciento. En otras palabras, Colombia es un país sin justicia. Curiosamente la actuación de la Fiscalía en el proceso 8.000, tan criticada por los penalistas, le ha devuelto al colombiano promedio algo de credibilidad en la institución de la justicia. Esta percepción existe hoy y es la base de la popularidad de la candidatura de Valdivieso. Políticamente él no tenía mejor alternativa que lanzarse a la contienda electoral. Permanecer en la Fiscalía lo hubiera expuesto al estancamiento de un proceso que había creado muchas ilusiones. Retirarse antes de que éstas se desvanecieran era una forma de darle una salida digna a la encrucijada. Las críticas de que dejó abandonada la causa a mitad del camino le caerán encima tan pronto se retire. Estas tienen algo de validez. Que una persona que administre justicia tenga la posibilidad de ser candidato presidencial en el período siguiente da pie a que sus decisiones sean interpretadas como de inspiración política. Esto es grave pero la ley lo permite. Valdivieso se embarcó en el proceso 8.000 por convicciones y no por ambiciones. Pero los niveles de popularidad a que llegó acabaron por tentarlo. La presencia de un fiscal precandidato le fue quitando legitimidad a sus acciones, no sólo ante la opinión pública sino ante sus subalternos. El retiro de Adolfo Salamanca fue el resultado de esta frustración. Es seguro que la candidatura del Fiscal desembocará en una reforma que le impida a cualquier sucesor tener aspiraciones presidenciales. Otra segura consecuencia de la gestión de Valdivieso es que su reemplazo será un penalista. En cuanto a su candidatura, las encuestas le dan más posibilidades que los politólogos. Contra viento y marea el Fiscal ha demostrado una enorme capacidad de mantener su popularidad. El liberalismo antiserpista lo está rodeando. La aparición de Antanas Mockus en el panorama simultáneamente lo perjudica y lo beneficia. Lo perjudica porque el ex alcalde no le hace mella a la maquinaria de Horacio Serpa sino a la franja independiente que Valdivieso busca. Alfonso Valdivieso era percibido como uno de los dos factores de polarización del país en su calidad de contraparte de Horacio Serpa. Ahora que Mockus ha comenzado a vislumbrarse como un salto al vacío que asusta a muchos, el Fiscal quiere cambiar su posicionamiento. Su meta es ser percibido como un centro moderado entre dos alternativas que asustan: Horacio Serpa y Antanas Mockus.

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