Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2013/06/22 13:00

El alcalde Gustavo Petro está en la mira

La revocatoria y la Procuraduría se ciernen sobre el mandatario y pueden costarle el puesto.

Es toda una paradoja que un personaje como Gustavo Petro, que ha encarnado la figura del luchador contra el poder hoy, cuando lo tiene en las manos, esté contra las cuerdas: con cara lo suspende el procurador y con sello lo tumba ‘el pueblo’. Foto: Alejandro Acosta / Dinero

Gustavo Petro ha sido un gladiador de la política. Pero nunca antes como ahora, en su condición de alcalde de Bogotá, le había tocado una batalla tan particular. Por un lado, pende sobre su cabeza la amenaza de ser suspendido o destituido por la Procuraduría. Y por el otro, la revocatoria de su mandato, aunque pocos apuesten hoy por ella, podría amenazar la continuidad de su mandato en la Alcaldía.


Esos dos procesos, que comenzaron en enero pasado sin mucho interés, seis meses después han ido ganando terreno e, incluso hoy, podría decirse que tienen en jaque al alcalde. El viernes pasado, la Procuraduría le abrió pliego de cargos, que es el equivalente al llamado a juicio, por el lío de las basuras. Y una semana atrás, la Registraduría había certificado que ya están listas y aprobadas las firmas para convocar a los bogotanos para que decidan si le revocan o no su mandato. 


No deja de ser una paradoja que un personaje como Petro, que ha encarnado la figura del fiscalizador que ha librado duras y valientes batallas contra el poder, hoy cuando lo detenta, esté contra las cuerdas. 


Petro es consciente de que vienen pasos de animal grande y por eso ya tiene claro su libreto de defensa, que se resume en ‘me quieren tumbar porque soy de izquierda’. Y en su versión ampliada podría decir: ‘Me salí de la guerrilla, me la jugué por la democracia, llegué al poder y ahora la derecha, los ricos y los corruptos no me quieren dejar gobernar’. 


Incluso, va más allá, y ha venido esgrimiendo la tesis de que la estabilidad de su mandato es el termómetro de la apertura democrática de Colombia. “Le están diciendo a un gobernante de izquierda, quizás al único, o de los pocos que han llegado a gobernar, que está entre la revocatoria o la destitución. ¿Se puede llamar democrático un país así?”, respondió la semana pasada en una entrevista.


Sus palabras tienen algo de verdad y algo de falacia. Es cierto que las cabezas visibles que lo tienen contra las cuerdas son dos de los más connotados representantes de la derecha en el país, el procurador Alejandro Ordóñez, y el vocero de la revocatoria, Miguel Gómez, un nieto de Laureano Gómez. Pero por otro lado, Petro no puede tapar con un dedo el descontento que revelan las encuestas: un 61 por ciento desfavorable versus un 28 por ciento favorable en la encuesta de Ipsos-Napoleón Franco de abril. Ni tampoco se puede desconocer que en una democracia existen mecanismos como la revocatoria que son legítimos, hay que respetarlos y están hechos para todos, incluso para los gobernantes de izquierda.


¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan apremiante es la situación de Petro?


La Procuraduría acabó con los rumores el viernes pasado y le abrió pliego de cargos al alcalde por supuestas irregularidades en el manejo del lío de las basuras. El anuncio es muy significativo porque cuando un caso llega a esta etapa es porque se considera que hay elementos suficientes para sancionar al implicado. En este caso, además, tomó la decisión Juan Carlos Novoa, una de las dos manos derechas del procurador Alejandro Ordóñez, lo cual indicaría que tiene su visto bueno.

Que a Petro lo sancionen por el caso de las basuras tiene algo de injusto. 


Esta fue una de las papas más calientes que dejó el exalcalde Samuel Moreno en su catastrófico paso por la Alcaldía. El contrato se había vencido desde septiembre de 2010 y en lugar de hacer uno nuevo se prorrogó, de manera que cuando Petro asumió la Alcaldía, en enero de 2012, no se había resuelto. Y tampoco avanzó mucho, pues con el argumento de que los contratistas se ganaban cada mes 10.000 millones de pesos en utilidades que podían quedar en manos de la ciudad decidió hacer un revolcón. 


La reflexión tenía todo el sentido desde el punto de vista del beneficio público, pero el problema fue que el alcalde se demoró en ponerla en práctica, y cuando llegó el 18 de diciembre, día D para entregar nuevos contratos, le tocó montar de afán un nuevo esquema y los encargados de ponerlo a funcionar no estaban preparados. Y ahí fue Troya. La ciudad vivió tres días de caos de basuras y quedaron sueltos algunos hilos jurídicos que hoy son los que reclama la Procuraduría.


En el pliego de cargos a Petro se le acusa de haber decidido que asumieran la recolección de basuras dos empresas sin experiencia ni capacidad para ello (la Empresa de Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá). Los otros dos cargos tienen que ver con un decreto que expidió para darle vida al nuevo esquema y que, según la Procuraduría, “pudo violar el principio de libertad de empresa” y atentar contra el medio ambiente y la salud de los bogotanos. 


Las faltas fueron calificadas como gravísimas.

La Procuraduría dice en el documento de 259 páginas que “no es cierto que se haya ‘satanizado’ el hecho de que una entidad pública prestara el servicio de aseo. Sino que era necesario que la empresa del Distrito tuviera la idoneidad, solvencia financiera, capacidad técnica y experiencia requerida”.


Y además, señala lo que considera falta de coherencia: “Primero, se anunció que se iba a crear una empresa pública; después, que la empresa idónea era la Empresa de Acueducto, para lo cual, a escasos días del inicio de operaciones, se modificó su objeto social; posteriormente se decidió que quien efectuaría la operación sería la empresa Aguas de Bogotá; y, finalmente, el 17 de diciembre de 2012, un día antes de la operación, la Uaesp decretó la urgencia manifiesta para celebrar nuevamente contratos con los operadores privados, ante evidente incapacidad de las entidades públicas”.


El planteamiento de la Procuraduría es claro. Y lo ideal sería que las ciudades y los equipos técnicos funcionaran como un reloj. Sin embargo, cabría preguntarse ¿a cuántos alcaldes y gobernadores del país tendrían que sancionar por desorden y falta de planeación? 


 Más allá de los artilugios jurídicos la gran pregunta es si el procurador Alejandro Ordóñez se va a dar la pela política de sancionar a Petro. En teoría, un procurador que ha sancionado a 828 alcaldes y exalcaldes y a 49 gobernadores y exgobernadores, y que fue el primero en sacar del camino a un alcalde de Bogotá, no tendría por qué temblarle la mano para hacer lo mismo con Petro. Pero en la práctica no es tan fácil. Prueba de ello es que Ordóñez se demoró más de dos meses pensando si le abría o no pliego de cargos.


Varios elementos entran en juego. El procurador, por ejemplo, no puede estar tumbando al alcalde de Bogotá una vez sí y otra también. De hecho, se abre de nuevo la polémica jurídica y política de hasta dónde la Procuraduría como institución puede destituir y suspender a diestra y siniestra a personas que fueron elegidas con el voto popular. 


En segundo lugar, el factor proceso de paz entra en juego en este debate. Aunque para algunos resulta populista, no es deleznable. Ya lo dijo el propio Petro: “La Alcaldía de Bogotá hoy es un engranaje importante de la paz o de la guerra y creo que así ha sido entendido por las Farc y por el gobierno. De lo que pase aquí sale un mensaje: se pueden hacer transformaciones pacíficas o no se puede”. En otras palabras, Petro va a poner su caso en el centro del debate sobre el postconflicto. Una hábil jugada política que tiene llegada en ciertos sectores de la opinión. 


La revocatoria


En el otro frente de batalla del alcalde Gustavo Petro, el de la revocatoria, también se le creció el enano. Hace dos semanas, la Registraduría dio su visto bueno a las 357.000 firmas recolectadas, es decir 68.000 más que las que se necesitan, para convocar a los bogotanos a las urnas. A partir de ese momento el reloj comenzó su cuenta regresiva. En este momento el balón está en la cancha de Petro, quien tiene hasta este lunes para interponer los recursos de reposición y de apelación. 


Petro va a alegar, entre otras, que el número de firmas que dijeron haber recogido los promotores de la revocatoria es menor que el número total que en efecto recibió la Registraduría. Pero eso, según las fuentes conocedoras del proceso electoral, no son más que patadas de ahogado.


La Registraduría Distrital tiene un mes (hasta el 24 de julio) para resolver la reposición y la Nacional otro mes (hasta el 24 de agosto) para resolver la apelación. Y cuando se surtan esos dos trámites se debe fijar la fecha, no más allá de un plazo de dos meses, para la votación popular. Esos tiempos suelen ser muy precisos. Lo cual quiere decir que un domingo de noviembre, a más tardar, podría ser el día señalado para que los ciudadanos decidan si Petro se va o se queda. 


¿Qué posibilidad hay de que prospere la revocatoria? Son muy contadas las personas que hoy creen que a Petro lo pueden tumbar. La revocatoria ha sido un ejercicio hasta ahora engorroso, costoso e inútil desde su creación en la Constitución de 1991. Se han presentado 93 solicitudes, de las cuales solo 38 han llegado a las urnas y ninguna ha terminado en una revocatoria efectiva del mandatario. Los requisitos de firmas y de votos son tan altos que la posibilidad de éxito es remota.


Colombia no tiene tradición de revocar mandatarios. No ocurrió con el presidente Ernesto Samper, ni tampoco con el alcalde Samuel Moreno, quienes en su momento despertaron una gran indignación popular. La diferencia es que en ninguno de esos casos el proceso de revocatoria había llegado a este punto de no retorno. 


Lograr que salgan a votar más de 1,2 millones de bogotanos sin el apoyo de estructuras para lograr el umbral mínimo es una tarea titánica. A eso se añade que una cosa es que la mayoría de capitalinos rechace la gestión de la administración Petro y otra, muy diferente, que quiera sacarlo del puesto. Pero también es cierto que ningún enemigo es pequeño y una vez el registrador le dé la bendición y fije una fecha para ir a votar, las cosas pueden ser a otro precio. Las dinámicas de la opinión pública no siempre se pueden predecir o controlar. 


Y menos en una ciudad donde están habilitadas 5,1 millones de personas para votar. De hecho, una encuesta realizada entre el 18 de abril y el 3 de mayo por Cifras y Conceptos dice que el 72 por ciento de los bogotanos encuestados aprueba la revocatoria del alcalde Petro.


Cualquier análisis a estas alturas es aventurado pues todavía no se sabe quiénes se subirán al bus de la revocatoria y cuál será la temperatura política en el momento de la votación. En cuanto al primer punto, aunque figuras como el exalcalde Enrique Peñalosa han dicho que votarán contra Petro, todavía no se han manifestado las maquinarias políticas de los partidos. Y en cuanto al segundo punto, cualquier paso en falso del alcalde o una mala jugada del azar le pasará la cuenta de cobro en las urnas. Un episodio como el de basuras, por ejemplo, sería fatal. En coyunturas como esa, cualquier cerilla puede hacer un incendio.


Petro no se ha quedado de brazos cruzados. A pesar de que en febrero decía estar feliz de enfrentar una revocatoria que refrendara su mandato, desde cuando validaron las firmas, comenzó a bombardear, con misiles de papel, a la Registraduría (ver recuadro más abajo).


Ese es apenas un abrebocas de la batalla campal que se puede desatar en Bogotá en este proceso de revocatoria. El alcalde, cuya gestión estaba en entredicho, aprovechará la oportunidad para pasar de la defensa al ataque, que es donde más cómodo se siente y donde mejor va a desplegar toda su dialéctica ideológica. Se bajará como mandatario de esa yegua cansada y famélica que ha sido su gestión como alcalde y se subirá a un azabache brioso y saludable como candidato de campaña para no dejarse derrocar.


Con la revocatoria y la Procuraduría pendiendo como espadas de Damocles sobre la cabeza del alcalde, la más perjudicada será sin duda la ciudad, que verá su administración ocupada en defenderse y ahogada en un fuego cruzado político, muy lejano de los problemas de seguridad, de movilidad y de obras que apremian a los ciudadanos. 


Además, Petro queda en una situación política vulnerable ante la eventualidad de una votación popular que puede ser capitalizada en su contra. Los concejales, por ejemplo, deben estar frotándose las manos a ver qué tajada burocrática sacan de esta coyuntura, para no hablar de otros intereses políticos y privados. 


Pero más allá de argucias jurídicas que tenga la Procuraduría o del impulso que pueda coger la revocatoria, lo cierto es que la caída de Petro no le conviene a nadie. Ni al procurador, que ya tiene fama de utilizar su poder con criterio político, ni al gobierno que tiene en Petro un aliado importante, ni al proceso de paz, que pide señales de apertura y reconciliación, ni al proceso electoral que se avecina. 


Ni mucho menos a los problemas estructurales de Bogotá, que necesitan soluciones rápidas y concretas y no proselistimos políticos y maniqueísmos ideológicos, que sin duda serán peores de lo que ha sido hasta ahora la cuestionada Alcaldía de Gustavo Petro.  


Las fechas de la revocatoria


Lunes 24 de junio. Se vence el plazo para que Gustavo Petro interponga recursos de reposición  y de apelación sobre las firmas.


24 de julio. La Registraduría Distrital tiene un mes para resolver el recurso de reposición.


24 de agosto. La Registraduría Nacional tiene otro mes para resolver la apelación.


Si queda en firme la solicitud de revocatoria, la Registraduría fija una fecha en el plazo de dos meses para las votaciones.


Noviembre. Los bogotanos irían a las urnas para decidir la suerte del alcalde.


La guerra de Petro contra las firmas


Desde cuando la Registraduría les dio el visto bueno a las firmas, el alcalde Gustavo Petro comenzó a ‘bombardearla’. 


Ninguna de las acusaciones del alcalde, en el fondo, han resultado ser ciertas. Pero lo que dejan claro es que Petro está preocupado y quiere atajar o deslegitimar la revocatoria. Y también que ha pasado de la defensiva al ataque, que es donde más cómodo se siente.


9 de junio.

Lo que dijo Petro: “Los grafólogos que verificaron las firmas son los mismos del fraude del Valle y exfuncionarios del DAS”.

La verdad: Nunca en el escándalo del Valle se discutió el tema de los grafólogos.


12 de junio

Lo que dijo Petro: Que no se había contado firma por firma, sino que se había hecho un muestreo.

La verdad: La Registraduría dejó de hacer muestreo desde 2001, cuando se dio cuenta de los errores en que se podía incurrir como ocurrió en ese momento con la validación de las firmas del hoy alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero.


18 de junio

Lo que dijo Petro: Que la Registraduría les mandó las firmas en formato PDF para que ellos no pudieran cruzar con sus bases de datos.

Lo que dice la Registraduría: A él ni a nadie se les pueden entregar las firmas originales.


19 de junio

Lo que dijo Petro: Que la Registraduría no le había aceptado una veeduría internacional.

La verdad: Lo que pidió el abogado de Petro fue una reunión entre el registrador distrital y el defensor que iría acompañado de un peruano y una boliviana. El registrador les dijo que mientras estén pendientes de recursos de reposición no era conveniente reunirse.

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