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| 8/13/2012 12:00:00 AM

"El alcalde puede recomponer el falso paso que dio con los centros de consumo de drogas"

En entrevista con SEMANA, el psicólogo Augusto Pérez explicó por qué la propuesta de Petro de crear centros de consumo controlados debe ser el final y no el comienzo de una política para resolver el problema de la drogadicción.

Augusto Pérez, director de la Fundación Nuevos Rumbos, es una de las personas que más ha estudiado el fenómeno de la drogadicción en Colombia. En su criterio, las políticas públicas han descuidado conceptos básicos como la prevención y los centros de rehabilitación.
 
A propósito de la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de consumo de drogas controlados, Pérez sostiene: “fue una salida en falso”. Para él esta propuesta debe ser el último peldaño de una escalera que aún no se ha empezado a construir.
 
SEMANA: ¿Cómo ve la propuesta de Petro de crear centros de atención para drogadictos?
 
Augusto Pérez: La primera propuesta que hizo, a mi juicio, fue salida de tono. Crear centros de consumo controlado como ocurrió en Suiza en los años 90 es el último escalón de una larga escalera. Creo que el alcalde puso las condiciones para que el Procurador lo criticara. Yo que estoy casi siempre en contra de los argumentos del procurador, sobre todo cuando antepone sus creencias religiosas por encima de la ley, tengo que reconocer que sus argumentos son difíciles de controvertir.
 
Las unidades móviles, que también funcionan en España, son para personas con problemas de heroína exclusivamente. El consumo de heroína, por el momento, es un problema menor, desde el punto de vista epidemiológico.
 
SEMANA: ¿Y la idea de crear unidades móviles (CAMAD) en Bogotá?
 
A.P.: Después de haber lanzado la primera, al alcalde explicó otra propuesta, que es tener unidades móviles para personas que están en la indigencia, en la calle. Es buena, es una idea para ayudar a quienes están desprovistos de cualquier auxilio del Estado. Claro que debe ser consistente y contar con el personal adecuado y estar integrada a la política de salud pública de Bogotá.
 
SEMANA: ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para tener una política coherente con los problemas de hábitos de consumo y drogadicción en Colombia?
 
A.P.: Hay dos grandes campos. El más importante y en el que no se hace nada, o se hace de manera marginal, es la prevención. La prevención se debe hacer con la comunidad, los maestros, padres de familia y los jóvenes. Yo quiero que me muestren donde están esas intervenciones. Yo trabajo con algunas comunidades y lo que he visto es que están completamente solas.
 
El segundo campo son las personas que ya comenzaron a consumir, pero que no son adictos, que son la gran mayoría. El alcalde confundió a la opinión, porque dijo que se van a disminuir el robo de celulares y los atracos, porque la gente comete delitos para financiar el consumo de drogas. Eso no es cierto. Nosotros hicimos dos estudios, uno con la Dirección de Estupefacientes y el Observatorio Interamericano de la OEA, en cárceles, con presos adultos, y otro con la ONU y el ICBF con adolescentes detenidos por conflictos con la ley. En los dos casos encontramos que la relación criminalidad y droga es altísima, pero no para el consumo.
 
SEMANA: Este es el primer escalón, ¿y los demás?
 
A.P.: El segundo escalón es una política dirigida a personas que están en altísimo riesgo de caer en la drogadicción. Y en tercer lugar, deberíamos tener unos centros de tratamiento adecuados para las personas que ya están con problemas de consumo. El 85 por ciento de los centros de rehabilitación son privados, (van desde cambuches donde hay unas personas que tratan con teoterapia y los mantienen rezando y diciendo que están poseídos por el diablo y que necesitan exorcismo, hasta centros de tratamiento que valen 15 y 17 millones de pesos).
 
SEMANA: O sea que es difícil determinar cuánto cuesta sacar a una persona de la drogadicción…
 
A.P.: Sí, pero podemos hacer cálculos. En Colombia, el promedio de un mes en un centro vale 3 millones de pesos. Por ejemplo, en Carisma, de Medellín, vale 5.4 millones de pesos aproximadamente el tratamiento mensual. O sea entre tres y seis. Pero un tratamiento no puede durar menos de 3 meses porque no funciona. Y hay que hacerle seguimiento otros tres. Por persona son 9 millones de pesos mínimo.
 
Y hay otra cosa, la gran mayoría de personas que van a tratamiento por consumo de droga recaen. O sea no es un tratamiento, son dos, tres, cuatro. Según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2008) tenemos cerca de 300.000 personas con necesidad de tratamiento. Y si multiplicamos nos da una suma astronómica y debemos preguntarle al Estado, de eso que se necesita, cuánto hay para dar. Mi percepción es que mientras hay 300.000 personas en necesidad de tratamiento, el Estado tiene capacidad ofrecerle tratamiento a 300, una de cada mil. Siendo esa la realidad está claro que lo que el alcalde propone es el último escalón de una escalera que no tiene mal peldaños.
 
SEMANA:¿Hasta donde es legalmente posible que el Estado suministre dosis de droga?
 
A.P.: No es posible. Estaría metiéndose en un negocio ilegal pero además la ley es muy clara. Las acciones legales con los drogadictos deben enfocarse exclusivamente al ámbito de la salud. No puede utilizarlos para controlar la criminalidad.
 
SEMANA: Pero la Constitución dice que está permitido el porte con prescripción médica…
 
A.P.: Ese fue uno de esos micos que se meten en el último momento en las leyes, por personas que no saben mucho del tema. Lo que hicieron en esa reforma, lo hicieron pensando en lo que ocurrió en Estados Unidos con el cuento de la marihuana prescrita médicamente. Ese cuento es el artificio más grande que se hayan inventado en esa cultura hipócrita que tienen en ese país en el manejo de las drogas. Lo que pasa en realidad es que cada vez que allá detienen a alguien que está metiendo marihuana se meten en un problema porque tienen que judicializarlo. A esa persona solo le pueden poner una multa de 100 dólares y el juicio cuesta 1.000. Entonces decidieron que había que encontrar la manera de torcer la ley para justificar no meterlos a la cárcel. Entonces, aprobaron una especie de dosis mínima porque se dieron cuenta que por ahí no es el camino. Pero hasta ahora no han encontrado una solución legal para judicializar a los consumidores sin meterlos a la cárcel. Pero no conozco ningún médico, en Colombia, ni he oído en ningún caso de alguien que le haya dado marihuana recetada, éxtasis, dicloruro de metilo o cocaína a un paciente. Son leyes nuestras que son hechas por políticos pero que no saben.
 
SEMANA: Hablando de leyes, usted dijo que la recién sancionada ley que trata a los drogadictos como a enfermos y no como a delincuentes era un saludo a la bandera. ¿Por qué?
 
A.P.: Hacer lo que dice la ley quebraría el sistema de salud completamente. Su cumplimiento cuesta un montón de dinero y en un país que tiene un sistema de salud deficitario eso no va a pasar.
 
SEMANA: Según las tendencias que muestran estudios recientes, ¿cuál es la dimensión real del problema de la drogadicción?
 
A.P.: Colombia fue el país más consumidor de drogas en América Latina. Aunque la tendencia ha sido el aumento, el del país no ha sido un incremento dramático sino lento. El primer cambio y el más preocupante es el incremento del consumo de las mujeres. Antes eran por cada 10 hombres una mujer, ahora es 2:1. El consumo de alcohol es 1:1 El problema es que el aumento del consumo de las mujeres puede tener consecuencias graves porque algún día van a ser mamás. Lo segundo es que hay un incremento del consumo de sustancias sintéticas. El último estudio del consumo de adolescentes indicó que el cloruro de metilo, que nunca aparecía en los registros, ahora registra el 4 por ciento. También aparece un incremento del consumo de heroína.
 
SEMANA: Es precisamente la adicción a la heroína la que se trata en esos centros de consumo diseñados por los europeos…
 
A.P.: Hace varios años hice un estudio para ver qué estaba pasando con la heroína y vi que la gente puede llegar a los extremos de insalubridad impensables. Había gente viviendo en una especie de muladar, que usaba cuanta jeringa les llegaba a las manos. Yo creo que a ellos hay que darles las jeringas y condones. No vamos a hacer la política para toda la población pero estas personas están en condiciones de indigencia. En esa época yo les decía a los policías que nos les quite la jeringa porque aumenta la probabilidad de que usen una infectada. Para esos pacientes es razonable el tratamiento con metadona que produce efectos parecidos a la heroína, es gratuita, la dan los estados, es una solución temporal razonable. Pero insisto, eso debe hacer parte de una política consistente. No pueden ser dos carros parados en el Bronx porque eso no va a resolver nada. Además con la metadona se puede generar un tráfico. Hay quienes podrían cambiarla por heroína. Si esto no está inscrito en un programa integral no sirve. Pero yo creo que con todo lo que se ha discutido en estos días, el alcalde puede recomponer el falso paso que dio.
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