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| 2/7/2015 10:00:00 PM

¿El año de la paz?

El desminado y la entrega de cuerpos de desaparecidos podrían ser los primeros gestos de las FARC para el real desescalamiento del conflicto.

De un lado de la mesa, el general Javier Flórez y el coronel Vicente Sarmiento en representación de los militares. En el otro, veteranos guerrilleros como Pastor Alape, Joaquín Gómez y Carlos Antonio Lozada llevando la voz de la insurgencia. Hasta hace poco, enconados enemigos, ahora frente a frente en La Habana, acordando las reglas del juego para trabajar conjuntamente por ‘el fin del conflicto’. Combatientes de ambos lados, sin fusiles, hablando del armisticio.

Esta Mesa es una realidad desde la semana pasada cuando quedó instalado el comando de transición –en términos del gobierno– o de normalización –según la guerrilla– que tratará los temas más espinosos del proceso de paz: cese de hostilidades definitivo y dejación de armas. Asuntos prácticos en los que no caben la retórica y los discursos ideológicos; y donde se tendrán que poner sobre la mesa los secretos mejor guardados durante la confrontación: dónde se localizan los frentes y batallones; cuántos son y con qué armas; sus riesgos y vulnerabilidades. Cómo se va a garantizar la vida de los excombatientes y de la gente de las regiones donde la guerrilla ha tenido control territorial.

Aunque a primera vista parecería que el fin de la guerra se acerca, en realidad estos hombres tienen por delante una ardua tarea, que puede durar muchos meses. A lo mejor años. Por eso, la voluntad de las partes es empezar a bajarle intensidad al conflicto desde ahora, con medidas que den confianza a la población y que muestren que la negociación, aunque lenta, va en serio. Y sobre todo, tomar medidas que mitiguen el sufrimiento de las comunidades que siguen viviendo bajo los rigores de la violencia.

Se ha hablado de por los menos dos gestos inmediatos: ubicación y desactivación de campos minados y entrega de información sobre la suerte de los desaparecidos. Sobre el primer punto hay clamor para que se empiece ya. La nobel de Paz estadounidense Jody Williams –quien estuvo en Colombia toda la semana– ha hecho un intenso cabildeo para que se tome una decisión inmediata al respecto. Lo que se sabe hasta ahora es que las partes han tanteado propuestas sobre los sitios en los que tendría mayor impacto humanitario erradicar las minas. Hacerlo será muy exigente para las Farc, que deberán tener mapas actualizados con los explosivos sembrados. Tampoco será fácil sin que haya un cese definitivo del fuego, pues las minas son un arma de defensa de las posiciones de la guerrilla, las cuales aún siguen siendo objetivo militar para el Ejército. Aunque se empiece ahora, el desminado va a demorar años, y su principal obstáculo es que en los territorios haya grupos que sigan plantando minas, como el ELN.

La entrega de fosas de desaparecidos es el otro gesto de ‘desescalamiento’ sobre el que eventualmente se empezará a trabajar en La Habana, y es todavía más complejo. En documento enviado a la Corte Penal Internacional (CPI), el procurador Alejandro Ordóñez asegura que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas figuran 2.760 denuncias por este delito que podrían ser atribuibles a las Farc. En Colombia hay más de 25.000 casos de desaparición, tres veces más de las que hubo en Argentina, pero la cifra puede crecer porque este es un delito con mucho subregistro en zonas de fuerte incidencia guerrillera.

Las Farc podrían empezar por entregar los cuerpos de los 65 militares y policías que estuvieron en sus manos y nunca fueron presentados como cautivos, ni devueltos a sus familias. Otro grupo importante de fosas sería el de los de secuestrados que fueron asesinados o murieron en cautiverio, ante los cuales han guardado silencio hasta ahora. El problema para una guerrilla tan antigua, con presencia en tantos lugares, es tener la información exacta sobre hechos que ocurrieron años o décadas atrás.

Mientras esta subcomisión avanza en estos gestos de confianza, la Mesa en pleno sigue en el trabajo sobre las víctimas. Luego de la visita de 60 representantes de ellas a La Habana, la guerrilla ha publicado sus propuestas de reparación integral para las víctimas, que coinciden en buena medida con lo que el gobierno ha planteado, y con lo que ya existe en la Ley de Víctimas, aprobada por el Congreso en 2011.

Que las Farc hablen de reparación integral a las víctimas es un gran avance, si se tiene en cuenta que al comienzo de las conversaciones Jesús Santrich, uno de los negociadores de ese grupo insurgente, había dicho en tono burlesco que “quizás, quizás, quizás” reconocerían el daño causado con sus armas.

Sin embargo, también ha sido cuestionado que la delegación de las Farc en La Habana sea prolífica en propuestas para que el Estado repare a las víctimas, pero hasta ahora no haya dicho cómo repararán directamente a quienes han sido afectados por la insurgencia.

Esclarecimiento histórico

Para cerrar el punto de las víctimas será crucial el informe de la comisión de esclarecimiento histórico que se creó el año pasado, conformada por 14 prestigiosos intelectuales. En los próximos días se conocerán las más de 600 páginas escritas por 12 de ellos, y una relatoría realizada por Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo. Este grupo fue creado por una solicitud expresa de la guerrilla, que considera un asunto de honor establecer quién empezó la guerra, y dejar claro que su alzamiento en armas fue una defensa ante el cierre de los espacios democráticos por allá en la primera mitad del siglo XX.

Como es obvio, los 12 reconocidos académicos tienen miradas diferentes sobre el origen del conflicto, sobre por qué se prolongó y sobre los desastres que ha causado. No obstante, la mayoría de ellos, aunque sean duros con las Farc, serán muy críticos con el Estado y las elites del país, y eso le dará tranquilidad a la guerrilla. Que personas de alto vuelo intelectual reconozcan que el Estado también ha cometido crímenes, facilitará que ellos reconozcan sus propios desafueros, y darles un contexto y unas circunstancias atenuantes.

El punto de las víctimas también contempla la creación de ‘un mecanismo’ de verdad, que puede ser una comisión al estilo de las que ha habido en otros países, que actuaría luego de firmados los acuerdos.

El escollo que puede darle más largas a la negociación es el jurídico. Mientras el fiscal Eduardo Montealegreventila la idea de cero cárcel para los guerrilleros, y el gobierno y la Unidad Nacional buscan fórmulas para salvar a los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, los mensajes que llegan de los tribunales internacionales es que deberá haber algo de justicia. Que ni las guerrillas, ni los agentes del Estado –militares o no– pueden pasar de agache con sus horrendos crímenes. Es así como ha tomado fuerza la idea de que sean juzgados solo los grandes perpetradores, bien sea en un tribunal especial, o bajo las cortes vigentes en el país. El problema es dónde y cómo se define quiénes llevarán sobre sus hombros el peso de la justicia, aun en el caso de que esta sea solo simbólica.

El martes próximo, cuando la Mesa de conversaciones cierre en La Habana la primera ronda de este año, se podrá decir seguramente que el proceso sigue firme y por buen camino. Pero dada la agenda pendiente, la posibilidad de que 2015 sea el año en el que se selle la paz es muy remota.
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