Sábado, 25 de octubre de 2014

| 1988/05/09 00:00

EL APAGON

Después de la providencia del Consejo de Estado contra el Acuerdo de la Casa de Nariño, gobierno y oposición se tiran la pelota

EL APAGON

Dos apagones marcaron el comienzo de la semana pasada en el país. El apagon que dejó sin luz a los colombianos el martes por la noche y el que dejó sin energía jurídica al Acuerdo de la Casa de Nariño.
El lunes en la tarde, la noticia se comenzo a filtrar. El magistrado Guillermo Benavides Melo, miembro de la sección primera del Consejo de Estado, dicto una providencia de suspensión temporal del Acuerdo de la Casa de Nariño, mediante el cual el presidente Virgilio Barco y el jefe de la oposición, Misael Pastrana, se comprometían a convocar un referendum en el que los colombianos deberían pronunciarse sobre una serie de reformas constitucionales. Benavides sostenía que ese Acuerdo, al ser firmado por un funcionario oficial, ni más ni menos que el Presidente de la Republica, constituía un acto administrativo que obligaba a un pronunciamiento del Consejo de Estado, en vista de que había sido demandado por el jurista Victor Velasquez Reyes.
Para Benavides, "la Carta Fundamental unicamente puede ser reformada de la manera como ella misma, de modo preciso, determina en su canon 218...", es decir, mediante dos vueltas en el Congreso.
El pronunciamiento de Benavides desató una polémica. Mientras algunos consideraban que dejaba una puerta abierta, la de un plebiscito para reformar el artículo 218, otros aseguraban que significaba la partida de defunción para cualquier intento de reforma constitucional en forma expedita y extraordinaria. Hubo incluso algunos que creyeron encontrar una velada intención política, originada en la estrecha relación de Benavides con el ex Dresidente Lleras Restrepo, furibundo opositor del Acuerdo Pastrana-Barco.

El "pisa y corre"
Paralelamente con las discusiones, los comprometidos, más que buscar argumentos para controvertir a Benavides, comenzaron un proceso de contactos y discusiones para devolverle la luz perdida al Acuerdo.
El lunes a las 3:30 de la tarde, el primer problema que se planteó no fue para nada jurídico. Simple y sencillamente uno de los firmantes, el ex presidente Pastrana, no aparecía por ningun lado. Sólo al caer la tarde y después de múltiples intentos fallidos de localizarlo por teléfono en algún lugar del mundo, el gobierno pudo encontrarlo en Miami. Barco y Pastrana se pusieron rapidamente de acuerdo: no se acudiría al recurso de súplica contra la providencia del Consejo de Estado. Hacerlo significaba, de entrada, aceptar que el Acuerdo sí había sido un acto administrativo que merecía la intervención del alto tribunal. Esta decisión fue lo único realmente concreto del comunicado que, a las 7:30 de la noche, dieron a conocer los dos dirigentes. De resto solo había la reafirmación de la voluntad política de adelantar las reformas.
El problema era ¿como? Así lo demostraron las profusas, confusas e inclusive contradictorias declaraciones que desde todos los flancos políticos surgieron al respecto. Después de rebotarse la pelota entre directorios políticos y gobierno, el jueves finalmente se llego, tras una larga reunión de la Comisión Preparatoria del Reajuste, a una declaración conjunta de liberales, conservadores, galanistas y UP. Esta tampoco era muy clara, pues aunque una vez más reafirmaba la voluntad política de hacer las reformas, seguía sin dar respuesta a la pregunta de como hacerlas.
La reunión fue un escenario donde las dudas de tirios y troyanos salieron a flote. El primero en hablar fue el senador Hernando Duran Dussan, presidente de la Dirección Nacional Liberal, quien recordó lo que ya Pastrana y Barco habían convenido el lunes:
"si se acata el fallo del Consejo de Estado, no se podrá recurrir a otros caminos como el plebiscito y el referéndum. Si los partidos quieren hacerle honor al Acuerdo de la Casa de Nariño, debemos pasar a un acuerdo puramente político, pues este acto de los partidos no tendría control jurisdiccional". Carlos Romero, de la UP, tomo la palabra para reiterar el respaldo de esa agrupación a la fórmula plebiscitaria. El turno fue, entonces, para el ministro de Gobierno, César Gaviria. Su intervención, que al comienzo parecía estar logrando un consenso, terminó sembrando más dudas que las que ya había entre los conservadores, cuando dijo que el gobierno respaldaría posiciones, pero estaría "al margen del Acuerdo".
Fue este "al margen" el que hizo pensar a los conservadores que el gobierno se estaba lavando las manos. Curiosamente, era lo mismo que el gobierno había pensado días antes con las declaraciones de Pastrana y del Directorio Conservador, en el sentido de que no harían nada diferente de lo establecido en el Acuerdo de la Casa de Nariño. La sensación que habían dejado en el alto gobierno era la de que ya habían cumplido y que un posible fracaso de las reformas no podría cobrárseles.
En un ambiente ya cargado de desconfianza, tomo la palabra el jefe del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, y expuso la propuesta de su movimiento, entregada el martes al Presidente de la República: un plebiscito para modificar el artículo 218 y establecer la posibilidad de convocar reférendums, con base en ciertas reglas de juego, para reformas constitucionales. Para llegar al plebiscito Galán propuso un acuerdo político, como el ya señalado por el presidente de la DNL, para que lo previsto en el Acuerdo de la Casa de Nariño --sesiones extras del Congreso, Comisión de Reajuste y reférendum-- pudiera cumplirse.
Esta propuesta aireó un poco el recinto. Sin embargo, los conservadores, que habían solicitado la reunión, todavía no habían dicho "esta boca es mía". Fue Durán Dussán el que los emplazó para que hablaran. El guante lo recogío el presidente del Directorio Social Conservador, Rodrigo Marín Bernal. Y lo siguieron sus colegas de directorio, Rodrigo Lloreda, Alvaro Leyva y Carlos Holguín. Todos dijeron lo mismo: "estamos con el Acuerdo de la Casa de Nariño, y lo que queremos saber es la posición del gobierno".
Era evidente que la reunión se había convertido en una especie de juego de ping-pong, en el que nadie daba el smash final. Por eso mismo todos estuvieron de acuerdo en suspenderla y volverse a encontrar el martes 12.

¿Y ahora que?
En esa semana de ires y venires sólo una cosa se saco en claro: la necesidad de convertir el Acuerdo de la Casa de Nariño en un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso.
La pregunta del ¿cómo?, sin embargo, siguió abierta. En la mesa de discusiones quedo la propuesta del plebiscito para modificar el artículo 218, como lo sugiere Galán o en la modalidad expuesta por el ex presidente Alfonso López Michelsen quien, en carta dirigida el jueves a El Tiempo, profundizo en su fórmula para darle piso jurídico a las reformas por una consulta popular, echando mano del reférendum municipal, previsto en la ley de elección de alcaldes.
El mecanismo que López ya había señalado semanas antes en un discurso en Manizales, a pesar de haber sido blanco de torpedos no sólo desde la trinchera liberal de Nueva Frontera, sino desde la conservadora de El Siglo, tiene dos argumentos a favor. El primero consiste en que, aunque es evidente que el espíritu del reférendum municipal no cobija reformas constitucionales, lo cierto es que la letra no lo prohibe.

Teniendo en cuenta que en derecho público existe la máxima de que "lo escrito, escrito está", es decir que la letra de la ley tiene más importancia que el espíritu, el ex presidente lo que hace es interpretar en sentido amplio las posibilidades del reférendum local, argumentando que como la letra de la ley dice que se convocará para "asuntos que interesen a los habitantes del respectivo distrito municipal", resulta difícil pensar que algo como una reforma constitucional no interese a esos electores. El segundo argumento a favor es que, como el reférendum municipal no ha sido reglamentado, no se ha dicho quien lo debe convocar, ni cuándo, ni cómo. Esto permitiría que en su reglamentación se ajustaran todas las tuercas, para que el Gobierno o el Congreso puedan convocar referendums locales para un único objetivo nacional, sobre la base de que el todo es igual a la suma de sus partes.
Pero esta propuesta, que ha sido bautizada por algunos como la "sombrilla jurídica", no esta hecha a prueba de chubascos. Más que jurídico, el chubasco puede ser político. Como le dijo a SEMANA un alto funcionario del gobierno, "el problema es que parecería que los conservadores no se le quieren medir al plebiscito, ni siquiera bajo una fórmula que le dé piso jurídico". Esto obligaría a liberales, galanistas y upecistas a lanzarse al agua sin el flotador conservador, con todos los riesgos políticos que ello implica, incluidos la negativa y una baja participación electoral.
Pero el riesgo no sólo lo corren los nadadores, sino quienes se quedan en la orilla. Como se cuentan en los dedos de las manos las ocasiones en que un plebiscito ha fracasado, los conservadores podrían sufrir un duro golpe si son derrotados al proponer a los electores la abstención o el voto negativo. Pero los conservadores podrían acudir a una fórmula jurídica para oponerse al plebiscito: demandar ante la Corte Suprema el decreto por medio del cual el gobierno lo convoque.
Sin embargo, previendo esto, parece que el Gobierno ha metido una carta de más en la baraja, con el nombramiento de Horacio Serpa Uribe, como Procurador General de la Nación. Observadores políticos de los que saben donde ponen las garzas, interpretan este nombramiento como un seguro de vida para el plebiscito. Si se hace un plebiscito convocado por un decreto de estado de sitio, que es una de las posibilidades, este decreto pasaría automáticamente a revisión de la Corte. Pero este Tribunal solo podría pronunciarse una vez conocido el concepto del procurador.
Para emitirlo, el procurador cuenta con 30 días. Se estima que de hacerlo por esta vía, el gobierno convocaría el plebiscito para una fecha anterior al vencimiento que tiene la Procuraduría para pronunciarse. Teniendo en cuenta que Serpa es buen amigo del Gobierno, su pronunciamiento probablemente llegaría a la Corte cuando el plebiscito sea ya un hecho cumplido. Y esa misma Corte fue la que dijo en junio del año pasado que "cuando se apela a la Nación y esta, en efecto, hace sentir su voz para constituir o reconstituir dicha estructura, adopta una posición de caracter político que, por serlo, es inapelable y no susceptible de revisión jurídica". En este punto, el gobierno también puede estar bailando en la cuerda floja, debido a la serie de objeciones de orden jurídico, planteada en contra del nombramiento de Serpa (ver siguiente artículo).
Está claro, entonces, que el gobierno, los liberales, los galanistas y la UP pueden jugarse la fórmula del plebiscito, aún corriendo riesgos. Pero también lo está, que los conservadores, si deciden oponerse, no tendrían todas consigo. De ahí que se piense que, como en los preámbulos del Acuerdo de la Casa de Nariño, todos tendrán que ceder un poco. Es éste el escenario del siguiente acto una obra que todos saben cómo comenzó, pero nadie sabe cómo va a terminar.

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