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| 9/8/2012 12:00:00 AM

El aseo de Bogotá: basura al por mayor

Hay muchos riesgos e interrogantes en la doble decisión del alcalde Gustavo Petro de implementar el libre mercado en el negocio de los desechos y de crear una empresa de aseo que compita con los privados.

Uno de los temas que amenaza con convertirse en el próximo talón de Aquiles en Bogotá es el aseo de la ciudad. El cambio de modelo de contratación y el anuncio reciente del alcalde Gustavo Petro sobre la creación de una empresa de aseo pública desataron una fuerte controversia entre quienes creen que hay un alto riesgo de que la ciudad desmejore un servicio público vital para la calidad de vida de los 8 millones de capitalinos.

El corazón del problema está en que los contratos para la recolección de basuras se vencieron hace dos años, y que desde la administración anterior han fracasado los intentos de hacer una licitación y adjudicar unos nuevos en similares condiciones en las que han operado desde 2002. La intención original del proceso era que la ciudad continuara con un esquema de operadores privados a los que se les asigna zonas exclusivas. Pero el último mes la administración distrital cambió de posición y anunció que el nuevo modelo será el de la libre competencia. También dijo que el Distrito tendrá una empresa de aseo que competirá con los privados por la prestación del servicio, y para eso la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EABB) adecuó su objeto social. Las dos decisiones se pondrían en marcha a partir del 16 de diciembre próximo.

Ambas determinaciones de Petro dejaron entre los expertos no solo la sensación de improvisación sino muchas preguntas en relación con el cambio de modelo. ¿Cómo se va a garantizar que se preste el servicio en las zonas de difícil acceso o menos atractivas económicamente? ¿Quién será responsable de asear las zonas públicas, cortar el césped y podar los árboles? También hay interrogantes sobre la creación de una nueva empresa pública: desde la poca experiencia de la EABB para manejar ese negocio hasta el fantasma del modelo ineficiente de la extinta Edis, la más reciente experiencia pública en el sector.

Explorar el camino de la libre competencia en sí mismo no es un problema. De hecho, es el modelo que impera en el mayor número de ciudades del país. La ley de Servicios Públicos incentiva el libre mercado, pues en teoría este se encarga de presionar costos bajos, mejor productividad y buen servicio. Bajo esta modalidad cada usuario puede elegir qué empresa le recogería su basura, sin importar que su vecino inmediato tenga otro operador. Ahí cada firma utilizará su artillería comercial para atraer a los mejores clientes y en mayor número.

En Bogotá existen zonas muy atractivas para este negocio: los estratos altos, las zonas industriales, las de fácil acceso o grandes generadores de basura. La preocupación está en aquellos sectores de la ciudad que no son tan rentables. Hoy no es claro cómo se garantizará el aseo de calidad para las zonas más pobres, de difícil acceso y de baja producción de basura.

Las complejidades de una urbe como la capital llevaron en su momento a que la ciudad se dividiera en seis zonas que quedaron en manos de cuatro operadores. Fue un sofisticado modelo financiero y de servicio para garantizar que la ciudad transformara su aspecto, como en efecto sucedió en los últimos años. El gobierno bogotano quiso continuar con este modelo. Para esto diseñó una licitación que representaría 2,5 billones de pesos de ingresos a los ganadores durante los ocho años del contrato, y en el que se implementaban unos ajustes en las tarifas que se traducirían en ahorros para los bogotanos.

Pero la forma en que se diseñaron los pliegos no satisfizo las exigencias de la Corte Constitucional sobre la manera en que se incluía a los recicladores en la operación. Tampoco lo aceptó la Comisión de Regulación de Agua, la entidad rectora del área, tras argumentar que no recibió suficiente sustento de la propuesta de la Alcaldía ni en el tema financiero, ni en aspectos como el servicio de recogida de escombros.

La licitación, que parecía un asunto de trámite, se convirtió en un dolor de cabeza por las trabas jurídicas y los cuantiosos intereses en juego. Como comentó uno de los funcionarios que participó en una de las etapas del proceso: "Las presiones no eran solo de los operadores. Iban desde los que venden camiones recolectores de basura, hasta los que fabrican guadañas para podar los parques, pasando por los recicladores".

Con la opción de libre mercado ya no se requiere una licitación tan compleja como la que se trató de hacer. Pues en la práctica a las empresas autorizadas se les pagará por lo que recojan. Ahí será clave el papel de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que tendrá en sus manos la responsabilidad del servicio. Pero la entidad no logra aún estabilidad, basta mencionar que su anterior director solo duró 24 horas, y el actual está bajo encargo.

De otro lado, tampoco está definido cómo el Acueducto de Bogotá asumiría la recolección de basura. SEMANA buscó ampliar la información con funcionarios de esta entidad y se limitaron a decir que la única información oficial que tienen es la del comunicado de prensa. Hoy el servicio de aseo en Bogotá se presta con cerca de 400 carros recolectores y unos 6.000 trabajadores directos entre personal de barrido, de apoyo y conductores. Una nueva empresa pública demandaría grandes inversiones para poder garantizar que en algo pueda 'morder' un negocio que los privados conocen bien y en los que solo tendrían que invertir el costo normal de mantenimiento de sus equipos.

Además, la experiencia previa de la ciudad con la Edis, antiguo operador público, fue nefasta. La ciudad vivía sucia y pagaba un alto costo por una nómina que se volvió clientela fácil de los concejales del momento. Desmontarla fue un parto largo para la ciudad. ¿Cómo garantizar que no se va a recorrer el mismo camino?

Mientras el alcalde Petro pone en orden las fichas de su nueva fórmula, los mismos operadores siguen prestando el servicio. La ciudad, bajo la figura de la urgencia manifiesta, prácticamente les ha extendido sus contratos en contra de las finanzas de los bogotanos, y ya hay concejales que denuncian que el servicio ha desmejorado en varios sectores. La nueva prórroga vence el 16 de diciembre, y el reto para Petro es demostrar que esa curiosa combinación de libre mercado y estatización no fue una fórmula sacada del sombrero.
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