El boquete

Los abogados de los para-políticos buscan medidas desesperadas para sacar a sus defendidos del lío en el que están metidos. La semana pasada se abrió un peligroso boquete que puede poner en la calle a muchos de los políticos que están detenidos o son procesados por sus vínculos con los paramilitares. El juez Manuel Salvador Benedetti, que hacía un reemplazo en Lorica (Córdoba), falló una tutela a favor del ex alcalde de Tierralta Silgifredo Senior Sotomayor, quien fue uno de los firmantes del Pacto de Ralito.

El fallo ordena que Sotomayor no sea investigado por concierto para delinquir agravado, sino por concierto para delinquir simple. El beneficio se podría extender a todos los políticos y funcionarios acusados por este delito que son investigados por la Fiscalía. El argumento del juez, según lo expuso en la radio, es muy sencillo: a algunos de los firmantes del Pacto de Ralito se les está investigando por un delito que en aquel entonces no existía, pues el concierto para delinquir agravado sólo existe desde 2006. Con base en esta decisión, Sotomayor y los demás podrían quedar libres. El fiscal Mario Iguarán calificó de "disparate jurídico" el fallo del juez y anunció una investigación en su contra.

La tutela en cuestión preocupa mucho más porque fue interpuesta justo cuando en el Congreso avanza el debate del proyecto de ley que presentó el gobierno para tratar de resolver el entuerto del indulto a los 19.000 paramilitares que dejaron las armas y que, por no tener delitos de lesa humanidad, no tienen que pasar por los tribunales de justicia y paz.

Como se recordará, la Corte Suprema de Justicia expidió hace varios meses una sentencia en la que negó cualquier posibilidad de vincular el concierto para delinquir -que es el delito que se les atribuye a los paramilitares rasos- con la sedición, que es un delito político indultable. Así las cosas, los 19.000 paramilitares rasos quedarían en riesgo de ser judicializados, lo cual acabaría con una de las garantías que ofreció el gobierno a las autodefensas para que se desmovilizaran. Para resolver el problema, el gobierno presentó un proyecto de ley que prevé cesar los procesos contra todos aquellos que hayan incurrido en concierto para delinquir simple, y se hayan desmovilizado.

En principio, esto no debería beneficiar a los para-políticos, ya que la Corte Suprema y la Fiscalía han considerado que todas aquellas personas que tienen cargos públicos -es decir, poder de representación y decisión- y que terminaron aliadas con grupos armados, tienen una mayor responsabilidad si se alían con delincuentes. Más aun si, como ocurre con los firmantes del Pacto de Ralito, se comprometían a poner sus cargos públicos al servicio del proyecto paramilitar.

Pero el juez de Lorica acaba de darles una carta salvadora. Si son procesados por concierto para delinquir simple, pueden quedar incluidos entre los 19.000 que recibirán del gobierno el beneficio del indulto. A pesar de que el proyecto de ley que cursa en el Congreso tiene un parágrafo que excluye a los servidores públicos, es claro que cualquiera puede invocar el derecho a la igualdad, y el parágrafo se cae. Muy a pesar de que, según dijo el senador Hernán Andrade, en entrevista con SEMANA hace un mes, "el Presidente ha dicho que un congresista no es lo mismo que un campesino paramilitar", pero ante la Constitución y la Ley, si los dos tienen el mismo delito -concierto para delinquir simple-, deberán recibir el mismo tratamiento.

¿Cómo se cerrará el boquete abierto? Esa es la pregunta que a esta hora se hacen los fiscales. Lo ocurrido esta semana enrarece aun más el debate de un proyecto que ya de por sí tiene muchos enemigos.