Miércoles, 22 de febrero de 2017

| 2005/04/03 00:00

El brazo largo de la justicia

Por primera vez, la Corte Penal Internacional notifica a Colombia que entrará a actuar si los acuerdos de paz se vuelven un reino de la impunidad.

El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, al advertir sobre la gravedad de las violaciones al DIH en Colombia, dejó abierta la posibilidad de que la Corte investigue 52 denuncias.

Afirmar que la justicia está globalizada, y que ningún país tiene amplios márgenes de maniobra para aplicar criterios que se opongan a los de la comunidad internacional, no tiene nada de novedoso. La lección quedó bien aprendida con el caso de Augusto Pinochet, procesado por un juez español, detenido en Londres y condenado en Chile.

En Colombia, sin embargo, las consecuencias del carácter transnacional de la justicia apenas se comprendieron la semana pasada. Hasta el momento se calculaba que la Corte Penal Internacional (CPI) era una espada de Damocles aplazada hasta 2009, cuando se vence la reserva que hizo en el momento de ratificar su adhesión al Tratado de Roma para los delitos de guerra. Una medida polémica, adoptada a finales de la administración Pastrana en acuerdo con el entrante gobierno de Álvaro Uribe, para darle un espacio temporal a posibles procesos de paz.

La espada cayó la semana pasada. El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, le envió al Estado colombiano, a través del embajador en La Haya, Guillermo Fernández de Soto, una carta que se refiere a que ha recibido informaciones de varias fuentes -destaca a la fundación País Libre como una de ellas- sobre graves violaciones a los derechos humanos en 52 casos en los que los presuntos culpables son mencionados con sus nombres: las Farc, el ELN, los paramilitares y oficiales del Ejército. Además de solicitar información sobre ellos, informa que la CPI estará atenta al desarrollo en el Congreso del proyecto de justicia y paz.

Más allá de la discusión sobre sus términos jurídicos, la carta tiene un mensaje político: la CPI no será un convidado de piedra frente a los episodios de violencia ocurridos en Colombia. Por el contrario: acaba de hacer una notificación en el sentido de que ya está analizando su competencia y de que desea ocuparse del país.

El lenguaje de la carta es directo. Contiene términos como "graves", para calificar la situación de derechos humanos, y cuantifica en "miles de personas" a sus víctimas. Ambos términos fortalecen la connotación de que los delitos contra el DIH no son crímenes de guerra -frente a los cuales hay una reserva de siete años-, sino que pueden ser de lesa humanidad, sobre los cuales la CPI tiene competencia.

El fiscal Moreno también envía un mensaje sobre la importancia que tiene para la Corte Penal Internacional la proporcionalidad de las penas. Si bien la CPI está diseñada para actuar cuando los sistemas nacionales de justicia son incapaces de hacerlo, el Tratado de Roma tiene como objetivo explícito impedir que se ejerzan sistemas de administración de justicia mentirosos o falsos.

Lo anterior significa que la Corte no va a aceptar una ley de justicia y paz que no contenga convincentes elementos de reparación y verdad, y que no incluyan las peticiones de las víctimas. Además de que la misiva fue enviada en momentos en que se discute ese proyecto en el Congreso, manifiesta su intención de conocerlo y pronunciarse sobre su contenido. Es poco probable que la ley resulte satisfactoria para la comunidad internacional si el proceso de paz carece de credibilidad y legitimidad.

La conclusión es trascendental: la Corte no tolerará fácilmente la impunidad de delitos graves, como los que se han cometido en Colombia. Lo cual abre interrogantes sobre la capacidad del gobierno Uribe de darles a los paramilitares el tratamiento de perdón que exigen a cambio de su desmovilización. Los tiempos de los procesos de paz a cambio de impunidad son anteriores a los de la justicia transnacional.

Vea la sentencia de la Corte

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