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| 9/19/2004 12:00:00 AM

El que es Caballero renuncia

La salida del director del Dane, César Caballero, despierta graves dudas sobre cómo se está manejando la información en el gobierno.

Si la Casa de Nariño quería bloquear la encuesta de seguridad realizada por el Dane y Planeación Nacional el tiro definitivamente le salió por la culata. Después de la escandalosa renuncia del director del Dane alegando haber sido presionado para no divulgar los resultados de la Encuesta de Victimización, aquellos que ni siquiera se hubieran enterado de este estudio ahora se lo devorarán.

El pasado miércoles, César Caballero anunció su renuncia irrevocable a la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) por haber recibido una orden que "moralmente no podía cumplir". Aseguró que el gobierno le había pedido no revelar unas cifras sobre el impacto de la violencia en Bogotá, Cali y Medellín, para lo cual había convocado desde el lunes una rueda de prensa. "Los resultados no son de una dependencia, de una administración, de un despacho, sino de la población, de la sociedad", afirmó.

Después se supo que Ricardo Galán, el jefe de prensa de la Casa de Nariño, le había dado la orden. Jaime Bermúdez, el asesor en comunicaciones del presidente Álvaro Uribe, confirmó a SEMANA que la decisión había sido tomada por él y por Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, debido a que si bien ellos conocían la encuesta con anterioridad, el Presidente y algunos generales aún no habían visto las cifras. "Nos enteramos ya tarde de que el director del Dane había convocado para el día siguiente la rueda de prensa antes de que el Presidente y el Consejo de Seguridad conocieran las cifras. El gobierno jamás le ha metido el dedo a una sola cifra del Dane, pero ha dicho que las entidades que tienen que ver con esas cifras las deben conocer antes para definir políticas", explicó Bermúdez.

Pero Caballero le había enviado al presidente Uribe un memo el 13 de agosto con los resultados de la encuesta y el mandatario lo remitió a donde Bermúdez. Luego, este último y el director del Dane le mostraron el estudio al Ministro de Defensa, los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín y los directores de la Policía y el DAS, entre otros. Además, la muestra es muy representativa y confiable dado que fueron entrevistadas 75.209 personas en las tres principales ciudades cuando por lo general las encuestas de opinión no sobrepasan los 1.000 entrevistados. Su valor radica -como dicen las conclusiones- en que ayuda a determinar la criminalidad oculta en el ámbito urbano. Por eso se convierte en una herramienta clave para contrastar la confiabilidad de los datos de entidades como la Policía Nacional. Pero más importante aún es que aporta nueva información sobre la incidencia del delito en las tres principales ciudades, y por lo tanto ahora se podrán tomar medidas más eficaces para combatirlo.



Los resultados

A primera vista parecería que este estudio no le hace tanto daño a la imagen del Presidente como para haber intentado vetarla o demorarla. Sólo mide la seguridad en Cali, Bogotá y Medellín, cuya responsabilidad recae principalmente en los alcaldes. Y en lo único que está directamente ligado a la política de seguridad del gobierno arroja un dato positivo: la mayoría de los medellinenses se sienten más seguros hoy que hace un año -es la única ciudad donde esto sucede-, y eso puede estar directamente relacionado con la operación militar que logró arrebatarles a las Farc y al ELN el control de las comunas

Es más, dado que es la primera vez que se hace una encuesta tan completa sobre el delito, el Presidente podría argumentar que si las cifras hoy son malas antes lo eran mucho peor. Y esta sería una explicación convincente porque coincidiría con la percepción general de que se ha recuperado cierta tranquilidad desde su llegada al poder. La Casa de Nariño podría incluso haber utilizado los resultados de la encuesta para convencer a los colombianos de estratos 4, 5 y 6 de la necesidad de pagar más impuestos para sostener la política de seguridad pues son ellos los más afectados por la criminalidad.

Sin embargo -y quizás por eso la decisión de cancelar la rueda de prensa-, la encuesta revela que aún persisten problemas serios en los campos de la seguridad urbana, la administración de justicia y la lucha contra la corrupción. De una parte, los datos evidencian que los habitantes de las grandes ciudades no están tan seguros como se creería. Por ejemplo, en 2003 en Bogotá cada hora se presentaron 44 hurtos y en Cali, cerca de 12 de cada 100 habitantes fueron víctimas de un delito. También, el estudio concluye que "el hurto a residencias se perfila como una grave y recurrente conducta".

El estudio arroja resultados alarmantes sobre la extorsión. En Medellín, la ciudad donde hay "la mayor presencia de bandas, milicias y paramilitares", una de cada 100 personas de estrato 1 fueron extorsionadas el último año y en un poco menor proporción -pero aún a niveles altos- lo fueron los de estratos 2 y 6. Según el estudio, nadie denuncia este crimen por los "efectos intimidatorios". Esto confirmaría que la intervención militar en la ciudad y la posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas no lograron desactivar del todo el paramilitarismo en la ciudad pues aún hay demasiados de sus antiguos integrantes extorsionando e intimidando a los ciudadanos como bandas criminales.

De otra parte, los datos reflejan cómo en promedio en las tres ciudades dos de cada tres personas no denuncian los delitos. Esto ya de por sí es muy grave. Pero más preocupantes aún son las razones para no hacerlo. La principal es que creen que "las autoridades no hacen nada".

La encuesta también indica que existe "una importante incidencia de la corrupción en la cotidianidad de los ciudadanos" y que al igual que con la extorsión, esta "no se denuncia en 95,29 por ciento de los casos". Los habitantes de las tres ciudades identificaron a la Policía y las autoridades de tránsito como las "entidades más vinculadas con eventos de corrupción (...) con el 55 por ciento del total de los casos".

Quizá la conclusión más demoledora para un Presidente que basa su imagen en haberles dado a los ciudadanos una mayor sensación de seguridad es que la encuesta comprueba que sólo uno de cada tres entrevistados se siente hoy más seguro que en el último año. Lo cual abre un gran debate sobre el riesgo de que la política de seguridad, enfilada sobre todo a lucha contra las Farc, no incorpore soluciones para el grave problema de inseguridad urbana, que implican mejorar la inteligencia y una Policía más legítima.

Por último, el estudio hace evidente gravísimos problemas en la administración de justicia. Además del escepticismo a la hora de denunciar, los jueces junto con los policías gozan de la peor imagen entre los ciudadanos. Esta nueva información debería provocar una profunda reflexión en el gobierno sobre el proyecto de reforma a la justicia que está elaborando ya que su objetivo central es restringir el poder de la Corte Constitucional y el alcance de la tutela, uno de los pocos mecanismos que -está probado- le sirven al ciudadano para obtener de la justicia una respuesta pronta y eficaz. Reducir el poder de la tutela significaría alejar aún más al ciudadano de unas autoridades que, como revela la encuesta, ya tienen graves problemas de credibilidad.



Señales de alarma

Es difícil saber qué tanto daño le hubiera hecho la encuesta a la imagen del Presidente, si, como había sido programado, ésta hubiera sido dada a conocer en la rueda de prensa. Quizás hasta hubiera pasado inadvertida. De ahí que si lo que buscaba el gobierno era controlar el posible daño de una información que le hacía mella al reconocido progreso en materia de seguridad, logró todo lo contrario. El error del equipo de la Casa de Nariño fue garrafal.

El asunto, sin embargo, deja entrever algo mucho más de fondo -y más grave- que la simple equivocación de coyuntura de unos funcionarios. El hecho de que el Ejecutivo intente manipular o frenar la información pública, según sus conveniencias políticas, sienta un precedente para el futuro de graves repercusiones. Ya dos de los centros de pensamiento económico más importantes del país -Anif y Fedesarrollo- alertaron sobre el peligro de politizar el manejo de los indicadores oficiales, sobre los cuales los empresarios toman decisiones de invertir o de no hacerlo y los funcionarios construyen sus políticas públicas. "Lo que sucedió fue muy grave y evidencia el riesgo de una relación indebida entre el gobierno y el Departamento Nacional de Estadística", dijo Fabio Villegas, presidente de Anif. El dato de inflación, por ejemplo, implica movimientos financieros de miles de millones de pesos, sin contar con que es insumo importante para la calificación de la economía colombiana en los mercados internacionales. Así mismo, la información sobre la pobreza, el déficit o la seguridad que dan las demás instituciones oficiales constituyen guías esenciales para trazar soluciones y evaluar decisiones públicas. Esas informaciones, como la de la Encuesta de Victimización, son pagadas con dineros públicos, precisamente porque deben servir a la ciudadanía en general.

Este estudio costó 1.682 millones de pesos, financiados conjuntamente entre el Departamento Nacional de Planeación, las ciudades de Medellín y Cali, el Dane y la cooperación internacional. Y si es verdad que en la Presidencia acusaron a Caballero de no estar "definido" a favor del gobierno, como lo reveló el mismo director del Dane a El Tiempo, simplemente porque iba a hacer públicos sus resultados como era su deber, sería, por decir lo menos, escandaloso. "Me parece grave que la información del Dane tenga que pasar primero por el jefe de prensa de Palacio", dijo a SEMANA el contralor Antonio Hernández Gamarra.

En el alto gobierno aseguran que Caballero es un funcionario muy dado a la pantalla, y que exageró la supuesta presión del gobierno para justificar su renuncia. Pero más allá de las explosivas denuncias del director del Dane, el hecho cierto es que la encuesta había sido revisada por las distintas autoridades y que fue frenada por la Casa de Nariño a última hora. El viernes finalmente se publicó oficialmente, pero luego de que ya se había filtrado a los medios.

Lo más preocupante es que este no es el primer incidente de esta naturaleza. Cuando el DNP y el Dane en un Conpes proyectaron una cifra de crecimiento inferior a la estimada por el Presidente, Uribe atribuyó la diferencia a que el subdirector del Dane era del Polo Democrático. SEMANA también confirmó que cuando el Dane compartió con la Presidencia el dato de pobreza que arrojaba su Encuesta Nacional de Hogares y éste daba muy alto, el propio Presidente, exasperado, dijo que el director había cambiado la metodología y que no quería "ayudarle al gobierno". Como si ayudarle al gobierno -y al país- no fuera revelar la realidad, para que así éste pueda ajustar sus políticas y hacerlas más eficaces. Es decir, la información de Estado debe guiar la acción del gobierno, y no al revés: acomodar la información para dar la apariencia de que las políticas están funcionando.

El tono paranoico que se adivina detrás de estas presiones también es preocupante. Como si todo aquel que dé información crítica fuese un opositor, aun si está dentro del mismo gobierno y es un declarado uribista como lo era Caballero.

El tema del manejo de la información oficial es tan delicado y tiene tantas repercusiones para la credibilidad del sistema democrático que aún en democracias tan consolidadas como la de Estados Unidos ha suscitado más de un debate. De hecho, la salida del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill, del gobierno de Bush a finales de 2002, tuvo que ver con la oposición de O'Neill a que el gobierno hiciera un nuevo recorte de impuestos, argumentando que las proyecciones sobre la situación fiscal que estaba presentando Bush eran demasiado optimistas, por no decir infladas. Así lo relató el mismo ex secretario en su polémico libro El precio de la lealtad, y el tiempo ha terminado dándole la razón. El asunto no paró allí. Hace unos días el connotado economista Paul Krugman aseguró en su columna del The New York Times que el gobierno de Bush estaba manipulando la información sobre el déficit fiscal, anunciando primero unas proyecciones de un déficit enorme, para que luego, cuando salgan los datos reales, la gente crea que el déficit ha caído.

Colombia es un país con una larga tradición de seriedad en el manejo de la información por las instituciones económicas. De hecho, según varios ex funcionarios del sector consultados por SEMANA, pocas veces se había visto un caso similar de intentar darle un uso abiertamente político a la estadística oficial. Por eso, por primera vez la semana pasada77 surgieron varias propuestas de presentar un proyecto de ley para garantizar la independencia y el manejo técnico del Dane. Es un síntoma lamentable pues este es uno de los pocos ámbitos del Estado colombiano en el que la tradición y la solidez institucional han sido hasta ahora suficientes para garantizar su credibilidad, y no se había requerido de leyes para ponerles límites a los posibles abusos del Ejecutivo.

"¿Quién va a confiar en adelante en las otras estadísticas del Dane?", escribió el viernes pasado el ex ministro Juan Camilo Restrepo en Portafolio. "¿Quién garantizará que el gobierno no seguirá impartiendo órdenes 'moralmente imposibles'? Pasará mucho tiempo antes de que nuestro organismo estadístico recupere lo más valioso que puede tener: su credibilidad".

Sin duda, el autogol que se ha metido el gobierno del presidente Uribe en materia de credibilidad le va a salir muy caro porque si en algo se basa su enorme popularidad es precisamente en la confianza que le tiene la gente. Lo grave es que no sólo es su reelección la que está en juego -cálculo que seguramente tuvo que ver en el intento de no publicar la encuesta- sino la institucionalidad democrática que tanto trabajo ha costado construir.
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