El caballo de Troya

Cuando algunos magistrados terminaron de leer el borrador de cinco páginas que les dejó el ministro Fabio Valencia Cossio, para reformar 15 artículos de la Constitución, les quedó en la boca un extraño sabor de que les estaba dejando sobre sus escritorios una especie de caballo de Troya.

Uno de los altos magistrados lo definió así: "El ministro, de manera muy hábil, plantea una reforma que da contentillo a todo el mundo, pero de verdad sólo tiene un propósito: debilitar el juzgamiento de los congresistas".

Las respuestas públicas que las cuatro Cortes han dado son parcas. No le siguieron la corriente al Ministro, que quería llegar con un proyecto concertado al Congreso, y han dicho que no van a participar. La Corte Suprema fue un poco más allá y anotó que la reforma no es oportuna, pues en estos momentos investiga y juzga por para-política a algunos de los congresistas encargados de debatirla.

En contraste con esa parquedad, los debates que se han dado en las corporaciones han sido intensos, y los comentarios en el Palacio de Justicia tienen un tono de alarma. "El Ministro lo muestra como si fuera un proyecto para cambiar la administración de la justicia pero, en el fondo, lo que está cambiando es la estructura de poder del Estado", le dijo a SEMANA un magistrado de otra de las Cortes.

¿Qué es lo tan grave que tiene la reforma? Fabio Valencia la ha vendido con un eslogan taquillero. Ha repetido que se trata de "despolitizar la justicia", de "hacerla más independiente y más autónoma". Y con ese fin el proyecto contempla que los magistrados de cada Corte sean los que elijan a los nuevos miembros de sus respectivas corporaciones (la cooptación), y no como ocurre ahora, que el Presidente postula ternas y el Congreso elige los magistrados.

Otro punto grueso de la propuesta es la reforma del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que maneja el presupuesto de la justicia. Casi un billón de pesos al año. En este punto se propone nombrar un "gerente" y hacer que los presidentes de las otras tres Cortes integren la sala que decide las finanzas para que puedan pelearse el presupuesto.

Hasta ahí, algunos entienden la reforma como una iniciativa útil y bien intencionada. Y además interpretan como un gesto que enaltece a los magistrados el que la propuesta incluya un aumento de los períodos de los miembros de las Cortes, de ocho a 12 años, y que se exija un mínimo de edad de 45 años para llegar a tan alto cargo. Es decir -piensan-, llegar a ser magistrado a esa edad será el reconocimiento a la carrera de un gran jurista y no un trampolín para saltar a cargos de elección popular.

Pero lo complicado de la reforma no es lo que se promueve, sino lo que dice la letra menuda del borrador presentado por el ministro. En primer lugar, le quita todos los controles severos que tiene hoy el Congreso de la República y se los cambia por unos mucho más livianos, casi inocuos. Y en segundo lugar, facilita que el uribismo haga más duradera, casi perpetúe, su influencia sobre las Cortes.

La Constitución hoy contempla tres instancias de control de los congresistas: la penal (que es ejercida por la Corte Suprema), la pérdida de investidura (que está en manos del Consejo de Estado) y la administrativa (que aplica la Procuraduría). Y la reforma propone que la primera instancia de estos tres controles quede en manos de investigadores de menor jerarquía y en teoría más vulnerables a la presión de la clase política.

En los casos penales, la primera instancia queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá; y en los casos de pérdida de investidura, en las del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sería injusto poner en entredicho, a priori, la calidad de los magistrados de estos dos tribunales. Pero no se puede negar que en términos de rango, están en desventaja a la hora de recibir presiones del Congreso, frente a la independencia o el mayor blindaje que puede tener un magistrado de las Cortes.

Por eso hay quienes se preguntan: ¿Con esa reforma, cuántos de los congresistas involucrados en el caso de la para-política habrían llegado hasta la segunda instancia? ¿Por qué no, en vez de debilitar la investigación a los congresistas, se crea la primera instancia en la misma Corte Suprema, tal y como lo planteó la Corte Constitucional en un fallo que debe salir en los próximos días?

La reforma que se propone, además, prácticamente acaba con la pérdida de investidura, sin decirlo en esos términos. Habla de "gradualidad" y si bien no explica en qué consiste, quiere decir que antes de que le quiten a un congresista su puesto por alguna falta, lo que hacen es primero aplicarle una sanción; si reincide, una suspensión, y así sucesivamente, hasta hacer casi imposible que el parlamentario llegue a perder su cargo.

De llegar a aprobarse esta norma, la clase política lograría un triunfo histórico, pues desde cuando se comenzó a aplicar la pérdida de investidura creada por la Constitución del 91, que les ha acabado la carrera a más de 50 legisladores, los congresistas han fracasado varias veces en tumbarla. Esta es la primera vez que un proyecto en ese sentido es presentado por el gobierno.

Como si esto fuera poco, de aprobarse la reforma se abre un boquete para que se caigan todos los casos de la para-política y para que los que han perdido su investidura puedan demandar al Estado pues, vía tutela, podrían exigir el principio de favorabilidad. Incluso, si se dijera que aplica sólo para casos a partir de la entrada en vigencia de la reforma, de todas maneras habría un arduo debate jurídico.

En cuanto al tercer y último control que tiene el Congreso, el administrativo, el Procurador ya no tendría velas en ese entierro. En la exposición de motivos que presentó, el ministro Fabio Valencia dice que no podría investigar y juzgar a quienes lo eligieron y por eso, esa tarea "será ejercida por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura". Curiosamente, los siete miembros que integran esa sala ya son todos cuota del presidente Uribe, pues el gobierno envió las ternas y el Congreso los eligió. De aprobarse la reforma, estarán 12 años y luego serán los encargados de elegir a sus sucesores. Otro detalle curioso es que el presidente de esa sala es hoy Angelino Lizcano, un hombre que saltó de la empresa de licores de Caquetá en 1991, al Congreso de la República, donde estuvo hasta el año pasado como secretario general.

Independientemente de si es buena o mala la reforma, sin duda tiene un problema de presentación por la coyuntura histórica del Congreso y del escándalo de la para-política, lo cual despierta suspicacias. "Llevamos 17 años diciendo que la justicia es demasiado poderosa e independiente. ¿De cuál politización habla el Ministro

¿O es que él no considera que la Corte Suprema está siendo lo suficientemente independiente con la para-política?", decía otro magistrado. Para decirlo de una manera resumida: la reforma que se propone para "despolitizar la justicia" tiene un efecto colateral más profundo y es el de liberar al Congreso de los controles de la justicia.

Poder uribista en las cortes

El segundo gran tema de polémica es el de la posibilidad de que con la reforma se perpetúe la influencia del uribismo sobre las Cortes. La ecuación es relativamente simple: en los ocho años de gobierno del presidente Uribe, su administración ha tenido una injerencia directa o indirecta en la elección de los magistrados de las Altas Cortes. Así como en la del Fiscal y como la podrá tener sobre el Procurador que se elige al final de este año.

Y todos ellos, si se aprueba la reforma, se mantendrán largos períodos en sus cargos. Los magistrados, ya no ocho años, sino 12. Y Procurador y Fiscal, ya no cuatro, sino ocho.

La Constitución del 91 había creado un complejo laberinto de elecciones cruzadas que repartía el poder de elección de los magistrados entre los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, la realidad hoy es que la mayoría en el Consejo de la Judicatura es uribista, con solo decir que siete de los 13 magistrados elegidos han sido candidatos propuestos por Uribe.

Y ahí no para, o no parará, su influencia. Pues los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 27 del Consejo de Estado son elegidos de candidatos propuestos precisamente por ese Consejo de la Judicatura, ya de mayoría uribista. El Consejo de Estado, por ejemplo, se ha renovado en más del 40 por ciento en el último año.

El análisis de la Corte Constitucional es distinto. Son nueve magistrados y en enero o febrero del año entrante se renuevan seis. De los tres que quedan, Mauricio González y Nilson Pinilla son considerados uribistas y Humberto Sierra, independiente. Los seis nuevos serán elegidos por el Congreso de mayoría uribista, de ternas enviadas por el Presidente (dos), por la Corte Suprema (dos) y por el Consejo de Estado (dos).

En términos aritméticos se podría decir que es muy posible que la nueva Corte Constitucional también tenga mayoría uribista. No se trataría, entonces, de una reforma que busca ponerle gerente a la administración de justicia, sino de una que cambia la estructura de pesos y contrapesos sobre los cuales se construyó el sistema democrático del Estado.La historia de fondo es la puja de poderes entre dos de las tres grandes ramas del poder público: el Ejecutivo y el Judicial. Y en un sistema presidencialista como el colombiano, la pelea se hace más dramática para el futuro del país si se tiene en cuenta que se trata de un Ejecutivo que ha logrado acumular mucho poder a costa del Legislativo. En particular en la coyuntura actual, con un Congreso debilitado por el escándalo de la para-política, y en general en todas las coyunturas, pues mientras el Parlamento no esté integrado por partidos fuertes, queda a la deriva de las golosinas que le dé el gobernante de turno.

Esta reforma se propone además en un momento en el que aún están abiertas las heridas por los choques que se han dado entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Hace menos de dos meses, Uribe dijo que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante" y trató de desconocer el fallo de la Corte sobre el polémico caso de la Yidis-política, diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.

Y, por su parte, la Corte sigue adelante con el proceso de la para-política, que tiene enredados a más de 60 congresistas de la bancada uribista. La más reciente decisión fue detener a Carlos García, presidente de La U, el partido creado bajo la batuta del presidente Uribe y que obtuvo la mayor votación del Congreso.

Desde el primer año del gobierno ya se hablaba de una reforma a la Justicia. Y se ha intentado cuatro veces, sin éxito, con los ministros Fernando Londoño, Sabas Pretelt y Carlos Holguín. Pero lo que llama la atención es que el tema que había sido vertebral en las otras propuestas, el de la tutela y el choque de trenes entre las Cortes, brille por su ausencia en la reforma de Valencia Cossio. Y, por el contrario, las propuestas de ahora, de cooptación y de debilitar los controles del Congreso, antes no se habían tenido en cuenta. Ni siquiera en la era de Fernando Londoño -señalado como el más contrarreformista- se llegó a proponer algo parecido.

Cuando Fabio Valencia se posesionó en la cartera del Interior y de Justicia fue enfático en decir que su gestión sería sobre todo la de un ministerio de la justicia. Y si bien van en camino dos grandes reformas, la política y la de la justicia, ha sido evidente su predilección por la segunda. Incluso, él mismo se ha dedicado a ella, y la otra fue delegada en una comisión de académicos.

Quedan entonces preguntas abiertas: Si la grave crisis es la del Congreso, por la para-política, y no la de la justicia, que está funcionando, ¿por qué tanto interés en reformar la justicia? ¿Cuál es el afán de que este Congreso, que tiene casi 70 congresistas investigados por la para-política y 40 de ellos detenidos, reforme a fondo a la Constitución?

Lo cierto es que el Ministro va a presentar el proyecto al Congreso, tenga o no el aval de las Cortes. Otra cosa cierta es que, a pesar de la opinión pública que pueda recoger en contra, es posible que el Congreso apruebe la reforma. Lo que sí está en duda es la suerte que puede correr en la Corte Constitucional. Y no se sabe, entre otras cosas, porque para ese entonces esa Corte tendrá seis magistrados nuevos.