El calvario de los esquemas de protección de la UNP; la vida de los beneficiarios está en riesgo

Humberto Gaitán Niño empezó a recibir amenazas después de reclamar una propiedad que le arrebataron en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Restitución de Tierras lo asesoró para que recuperará lo que era suyo, pero de inmediato las intimidaciones aparecieron a la orden del día contra su vida, la de sus hijos y la de su familia.

Las advertencias fueron informadas a la Policía, quienes empezaron a ubicar el origen de esas llamadas, pero nunca lograron identificar a los autores. Humberto llevó su caso en 2019 a la sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Manizales, años más tarde la entidad le envío un chaleco y un botón de pánico, que no le iba a servir para nada, unos días después que hombres en moto lo atacaron a bala. Irónica y tardíamente su esquema llegó cuando ya estaba postrado en la cama de una UCI.

El 3 de mayo del año pasado Gaitán Niño fue el blanco de un atentado sicarial cuando ingresaba a un centro comercial en el municipio de Honda, Tolima. Días después de ese hecho, la UNP reaccionó y por fin le asignó un esquema con dos escoltas y una camioneta. La protección le llegó a este reclamante de tierras cuando estaba postrado en una UCI luchando por su vida. El pasado 13 de marzo murió a causa de las graves heridas.

De hecho, SEMANA conoció una comunicación interna dirigida al Coordinador del Grupo de Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR), fechada el 4 de mayo del año pasado, un día después del atentado a Humberto Gaitán, en la que pedían “realizar respectiva reevaluación por nuevos hechos” contra la vida del reclamante.

SEMANA se contactó con familiares de Humberto, a quienes se les protegerá su identidad por seguridad, y aseguraron que “era algo increíble, porque el esquema no tenía la capacidad de responder, la UNP ni está pendiente de entregar un esquema. Ese carro lo cogieron (los escoltas) de uso personal (…) si a mi familia o a mí nos pasa algo, hago responsable al Estado y a la UNP, porque son los que están en la obligación de proteger a los ciudadanos”.

Lo curioso de esta historia es que el nombre Humberto Gaitán Niño apareció en una lista que llegó a la Procuraduría, por medio de una queja disciplinaria, que conoció SEMANA sobre los “casos que fueron sacados del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - Cerrem de la Unidad Nacional de Protección, arbitrariamente y con presuntos vicios procedimentales”.

Yesid Barragán, funcionario de carrera de la UNP y presidente del sindicato de funcionarios de planta, explicó que con esta situación “algunos directivos de la entidad interceden en la ruta de protección de la entidad de manera caprichosa, sacando los casos del Cerrem, la instancia donde participa un cuerpo colegiado para tomar decisiones sobre la medida que requiere una persona amenazada. Cuando sacan los casos de la agenda se retrasan por meses y terminan perjudicando a los protegidos”.

Además de Humberto, en esa lista de 50 personas también aparecen personas como José Felix Lafaurie, el presidente de Fedegan, y el excandidato presidencial y hoy condenado por corrupción, Rodolfo Hernández. En los documentos en poder de SEMANA se señala que “en la oficina del director de la UNP, Augusto Rodríguez, se demoran hasta dos meses para ser firmadas y continuar su trámite, las resoluciones que definen el nivel de riesgo. Al parecer la causa es de una revisión minuciosa del director, situación que podría ser una extralimitación de sus funciones”.

Desde la Procuraduría confirmaron que las quejas disciplinarias se encuentran en “etapa de instrucción”, es decir, se están revisando para determinar la apertura de alguna indagación por estos hechos. Pero en la información del radicado detalla que en los documentos se presenta “queja contra Augusto Rodríguez, director de la entidad; y Johana Reyes; subdirectora de Evaluación del Riesgo, por presuntas irregularidades en contratación de servicios de 54 contratistas, quienes fueron vinculados en la primera semana de noviembre de 2023. Solicita inspeccionar las cuentas de cobro de los contratistas para establecer qué obligaciones cumplieron para poder cobrar los honorarios”.

Esa lista de contratistas es otra de las quejas disciplinarias que ya está en manos de la Procuraduría y la cual detalla que después de vincularlos, recibieron una inducción de una semana, presuntamente no se les asignó ninguna evaluación de riesgo y permanecieron en la entidad, al parecer sin cumplir sus obligaciones contractuales.

En los documentos hasta se advierte que “la dirección de la UNP ha improvisado al contratar perfiles sin la idoneidad, formación y experiencia, además de presentar carencias en los procesos de inducción, al cumplimiento de las cargas al personal contratado para hacer estudios de riesgo (...) en paralelo la dirección decidió terminar el convenio de personal de análisis de la Policía, que contaba con experiencia en estas labores”.

SEMANA se contactó con uno de esos contratistas que aparece en esa lista, y aunque no quiso dar su versión oficial por temor a represalias, sí señaló que los errores que ocurren en la dependencia de Evaluación del Riesgo viene de la misma subdirección por falta de liderazgo, desconocimiento en los procesos y temas personales que terminan hasta en violación de derechos de los propios trabajadores

Lo grave es que la Subdirección de Evaluación del Riesgo es la encargada de determinar la amenaza contra la vida de una persona que solicita la protección. En esa dependencia está la gran responsabilidad de preservar vidas con los servicios que presta la Unidad Nacional de Protección.

Otro de los casos que llamó la atención es el del exconcejal de Saravena, Arauca (2024 - 2027) Yeimer Jefferson Díaz, quien tuvo que renunciar a su cargo por las constantes amenazas de grupos armados ilegales. “En septiembre del año pasado sufrí un atentado en plena campaña en Tame y hasta la fecha la UNP no me ha revaluado el caso. No cuento con las medidas necesarias para ser concejal”, según Díaz.

Otra de las particularidades en el caso del exconcejal de Arauca es que el año pasado le robaron la camioneta que le habían asignado a su esquema, y “llevó un mes sin vehículo blindado (...) nos citaron en Arauca para recibir el nuevo vehículo, pero la sorpresa es que en la oficina la coordinadora informó que el carro no puede ser entregado hasta que se esclarezca el caso del hurto. Desde el 2016 llevo pidiendo aumento de medidas”.

Un caso similar al que ocurrió en Bogotá, cuando a uno de los contratistas que presta el servicio de vehículos blindados a la entidad le robaron 17 camionetas. Ese hecho encendió las alarmas sobre el posible riesgo a la protección de personas con esquemas de seguridad activos.

Las graves denuncias que llegaron a la Procuraduría, advirtiendo posibles faltas que se vendrían presentando en la subdirección de riesgo, están en manos hasta del presidente del Senado, Iván Name, y un grupo de congresistas que ahora verifican la información para determinar el paso a seguir en medio de esta preocupante situación.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también ha alertado con “gran preocupación” el levantamiento de numerosos esquemas de protección de exfuncionarios que han tomado decisiones contra la criminalidad, por lo que pidió prudencia en los procesos de revaluación de riesgo sobre personas que “su vida e integridad corren peligro”.

Uno de los últimos casos que dejó en evidencia el desorden institucional que hay en la UNP es el de la periodista Amalfi Rosales, quien denunció que a los escoltas de su esquema les incautaron las armas en un control de la Policía porque las estaban portando sin papeles. Desde la Policía de La Guajira, donde ocurrió el hecho, informaron que todo sucedió porque los hombres de protección están acreditados con la empresa Alliance Risk Protection Ltda, y el arma aparece a nombre de otra razón social.

La UNP reconoce algunas “manzanas podridas”

En medio de todo est eescandaloso escenario, SEMANA se contactó con Johana Reyes, la subdirectora de Evaluación del Riesgo, quien aparece mencionada en las quejas disciplinarias, para conocer la respuesta de la Unidad Nacional de Protección frente a este grave panorama que estaría dejando la vida de los protegidos en vilo por las decisiones que se estarían tomando dentro de la entidad.

La subdirectora Reyes explicó que con la llegada del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro se tomó la decisión de “profesionalizar” los equipos de analistas de riesgos a través de un banco de hojas de vidas, con nuevos perfiles, como: abogados, administradores de empresas, comunicadores sociales, politólogos, trabajadores sociales y especialistas en evaluación de riesgo y en derechos humanos.

Sobre cómo esos profesionales pueden desde su formación aportar a salvar vidas a través del análisis de riesgo, Reyes indicó “que el estudio antes tenía una visión militarista y de criminalística en la evaluación de seguridad, pero acá pasamos a tener un peso en las condiciones humanas, de paz, de derechos humanos y de conflicto armado”.

La directiva agregó que “la base es los conocimientos de la Universidad, pero se aplican a partir de la profesión, con elementos que le permitan leer el país desde un punto de vista desde el proceso de paz, derechos humanos y conflicto armado. Eso permite tener un impacto importante porque le da la pista a dónde ir”.

Sin embargo, la subdirectora a cargo de la Evaluación del Riesgo reconoció que en esos procesos hay unos “cuellos de botella”, porque profesionalizar al equipo de analistas significa formar a esos contratistas con componentes técnicos que es un “instrumento complejo, pero para un profesional no creo que lo sea”.

“En algunos casos, no más de 15 contratistas, pensaron que esto no era una cuestión de salvar vidas, sino que era una asignación más, no fueron tan responsables (...) muchas veces las personas pensaron que la vinculación a la entidad era un paseo y cuando sé dieron cuenta de que se trata de salvar vidas, las cosas se les pone a otro precio. No se volvieron a contratar a esas personas porque lo importante es proteger la vida de los solicitantes de la ruta de protección”, advirtió la propia subdirectora de la entidad.

Sobre los casos que, según las quejas, estarían siendo extraídos del Cerrem de manera arbitraria, la funcionaria solo explicó que esos estudios pasan por diferentes filtros y que por instrucción del director de la UNP, Augusto Rodríguez, esas matrices deben pasar por un grupo de calidad para detectar irregularidades y evidencias que demuestren que las decisiones se están tomando sin tener en cuenta la ideología.

El caso de Humberto Gaitán, quien murió esperando un esquema de protección, la UNP indicó que desde 2019 se le hicieron siete evaluaciones de riesgo, pero las dos últimas fueron las que alertaron un “nivel extraordinario”. Sin embargo, el gran interrogante de por qué se le asignó un esquema hasta que atentaron contra su vida quedó en un “revisar fechas”.

Sobre la situación del exconcejal de Arauca, Yeimer Jefferson Díaz, la UNP informó que desde el 2019 se le implementaron medidas. En 2022, se le reforzó la seguridad tras lanzarse como candidato a la Alcaldía de Saravena y por ahora su caso esta en estudio de temporalidad en el Cerrem. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta frente al caso del robo de la camioneta.

Para fortalecer esos equipos de analistas, la Unidad Nacional de Protección ha adelantado planes de formación presencial a por lo menos 472 contratistas el año pasado, así mismo se han venido acompañando a los equipos en territorio y la entidad ha liderado controles y seguimientos a los casos que lleva cada evaluador de riesgo.