La Red de Veedurías, en cabeza de su presidente, Pablo Bustos denunció que la Contraloría estará incurriendo en una grave irregularidad y en una falta a sus funciones, debido al cambio de sede de sus oficinas, cuyo contrato ya está firmado, que tendrá validez a partir del primero de junio de este año y por el que pagará una mensualidad de 2.515 millones de pesos.
 
"La contralora en una decisión sórdida ha optado por pagar 70 mil millones en alquiler y arrendamientos para la nueva sede de la Contraloría General en el sector de Gran Estación al occidente de Bogotá", dijo Bustos.
 
El presidente de la Red de Veedurías, le dijo a Semana.com que ellos le han alertado varias veces a la contralora Sandra Morelli, al igual que los han hecho varias organizaciones de trabajadores, sobre este "despropósito" pero que no han recibido respuesta alguna.

Bustos explicó que en los próximos días le presentarán a la Procuraduría General todos los documentos relacionados con este caso para que sea este órgano el que investigue si han ocurrido irregularidades en este caso.

"Creemos que debe ser investigada por ese hecho nefasto, puesto que está argumentando este traslado sin estudios suficientes o idóneos de oportunidad conveniencia, sin hacer un proceso de contratación transparente puesto que no se hace referencia a la salida más económica, transparente y necesaria", aclaró Bustos.
 
Según Bustos, Morelli tiene la obligación de proteger el adecuado uso e inversión de los recursos del Estado y señaló que la actual sede ubicada en el centro de Bogotá está perfectamente dotada, tiene todas las condiciones físicas y técnicas, hecho por el cual no se justifica su traslado, más aún si se tiene en cuenta las millonarias inversiones que se han hecho en los últimos años.