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| 5/12/2012 12:00:00 AM

El cáncer que carcome a Caprecom

Cómo la política y la corrupción se apoderaron de Caprecom y tienen en vilo la salud de 3 millones de personas, en especial, los más pobres del país.

La inminente elección del senador Roy Barreras como nuevo presidente del Senado de la República se ha sentido más en Caprecom, la última EPS pública que queda en el país, que en el Capitolio Nacional. Desde hace días, contradictores políticos y el sindicato de la empresa han denunciando que Barreras tiene a la EPS como su fortín político, pero él se ha defendido diciendo que no posee cuotas -aunque algunos de los altos ejecutivos que denuncia el sindicato estuvieron en su matrimonio- y que lo que hay detrás es un complot político fraguado por Angelino Garzón, con un ala del uribismo para frenar su elección. "Esas personas que el sindicato denuncia no son cercanas ni a mí ni a mi esposa, y si lo fueran no habría nada de malo. Es normal que haya representación burocrática, el que gana la elección tiene derecho a poner sus cuotas. Ojalá las tuviera". (Ver entrevista con María Jimena Duzán)

Según Barreras, durante el gobierno de Uribe Caprecom era cuota del Partido Conservador y luego quedó en manos de La U, en cabeza de Óscar Iván Zuluaga. De hecho varios de los integrantes de la cúpula de Caprecom eran caldenses y una de las cooperativas que tiene más contratos en la entidad es de Manizales. Asegura que el derrumbe de la entidad no ha sido por las cuotas políticas de La U, sino que su derrumbe empezó cuando el entonces ministro, Diego Palacio, lo convirtió "en un Frankenstein al entregarle la responsabilidad de todo lo que se le ocurriera: administrar los hospitales públicos quebrados del antiguo ISS; manejar la salud en las cárceles, en el ICBF, San Andrés o Barranquilla".

Afirma, además, que el nuevo director de Caprecom, Juan Carlos Botero, que trabajó en la administración de Jorge Iván Ospina en Cali, es la cuota de Angelino en la entidad. Este comentario generó una violenta reacción del senador Mauricio Ospina, hermano del exalcalde de Cali. "En el Congreso se dice que Caprecom es manejado por Roy Barreras, así como la Superintendencia de Salud y la regional de EPS en el Valle por Dilian Francisca Toro. Si bien la Fiscalía es la que deberá demostrar esto, Caprecom esta en manos de la Unidad Nacional, en especial en cabeza de Barreras".

Mientras los políticos siguen enfrascados en una pelea en la que hay poca claridad, lo que es evidente es el delicado estado de salud de Caprecom. De la capacidad que tenga el gobierno para quitársela a los políticos de su partido y salvar la entidad dependerá no solo la suerte de los 3 millones de afiliados al régimen subsidiado que atienden en 819 municipios del país, sino de parte del sistema, ya que es la última entidad pública que le queda al Estado para tener un jugador de peso que le permita estabilizar las duras reglas del mercado que se han impuesto en la salud

Según Juan Carlos Botero, la empresa tiene un serio problema de liquidez y requiere en los próximos tres años de una inyección de 350.000 millones de pesos para salir de la crisis. En este momento Caprecom les adeuda a los hospitales unos 600.000 millones y todas las deudas, que no han sido depuradas, pueden superar el billon de pesos. A su vez, los municipios, departamentos y el mismo sistema le deben cerca de 1 billón, buena parte de ellos de difícil cobro.

Los que pagan las consecuencias de esta crisis son los afiliados. A Caprecom llegan a diario tutelas y quejas de pacientes que no fueron tratados oportunamente, como la de un señor que tenía cáncer en el dedo gordo, pero, por la falta de atención, la enfermedad se le expandió por toda la pierna. O la de un paciente en Boyacá que necesitaba oxígeno en su casa y, como Caprecom no les pagó a los proveedores, el hombre murió de asfixia, según el dictamen de Medicina Legal.

"Están jugando con la vida de la gente", dice una de las empleadas de Caprecom en Bogotá. En 2011, según el sindicato, Caprecom es la única EPS pública presente en los 32 departamentos que atiende a los indígenas, a los desplazados, a los más pobres, a los presos, a los reinsertados, a los huérfanos. Ninguna EPS privada va a asumir las responsabilidades de Caprecom y el Estado tiene que mantener esta labor, casi que humanitaria.

Además de estos argumentos, también es claro que el gobierno tiene buena parte de la responsabilidad en la crisis de la empresa. Al ser la única EPS pública nacional, el gobierno Uribe, y en especial el ministro Diego Palacio, le empezaron a colgar todo lo que se les ocurriera. Le endosaron por la derecha más de 200 hospitales públicos quebrados, del antiguo Seguro Social o intervenidos. Y lo metieron en malos negocios. En 2009, cuando Comfenalco Antioquia renunció a seguir atendiendo a más de 240.000 afiliados del régimen subsidiado en Medellín porque estaba al borde de la quiebra, se lo entregaron a Caprecom. En año y medio perdió unos 240.000 millones de pesos, además de otros malos negocios y decisiones (ver recuadro).

Beatriz Londoño, ministra de Salud, dijo a SEMANA que la salida de la situacion actual de Caprecom requiere medidas radicales que tengan como fin atender mejor a sus afiliados. La nueva administración y el equipo que llegue deberá sacar adelante el plan de mejoramiento que lleve a la EPS a consolidarse como entidad aseguradora pública sin mezclar la gestión de hospitales y otros negocios. La idea, dice el saliente gerente Juan Carlos Botero, es salir de todos los hospitales y clínicas que hoy opera, entre otros negocios. Además, saldrá de unos 194 municipios donde tiene menos de 1.000 afiliados para concentrarse en donde es fuerte. Para no perder usuarios, recibirá, a su vez, todos los pacientes de las otras EPS que tengan menos de 1.000 usuarios.

Para financiar la operación de la entidad, el gobierno está estudiando darle más recursos pero, para evitar malos manejos, el pago llegará directamente a los hospitales, empresas y municipios a los que se les deban recursos. "Esto terminará de romper el circulo vicioso en el que está la empresa, en el que no le prestan servicios porque no paga", dijo una fuente del Ministerio.

La tarea no es fácil, pero si hay voluntad política del gobierno de quitarles Caprecom a los políticos y jugársela a fondo por sanearla, se podrá salvar.
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