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| 11/13/2000 12:00:00 AM

El canje

Se agotan las fórmulas presentadas para la liberación de los 528 policías y soldados secuestrados por las Farc y el país no aguanta más. ¿Qué opciones hay?

Cada vez que se le pregunta a un militante de las Farc qué va a pasar con el canje la respuesta es la misma que se repite desde hace casi dos años, cuando en la mañana del 7 de enero del 99 se inauguraron en San Vicente del Cagúan las negociaciones de paz. “El que está al frente de ese negocio es Manuel Marulanda Vélez”, así lo dijo entonces el ‘Mono Jojoy’ a SEMANA. Y ahora lo repiten guerrilleros, negociadores y gobierno: el canje es la obsesión del comandante de las Farc.

¿Por qué esa férrea obstinación de ‘Tirofijo’? Lo que hasta ahora se había mantenido en el mayor secreto es que el jefe guerrillero tiene afán por subsanar un error que le martilla la conciencia: cuando le entregaron al gobierno la lista de los guerrilleros presos que eran ‘canjeables’ incluyeron nombres de personas cuya actividad insurgente con las Farc no era conocida por los organismos de seguridad del Estado. Algunos estaban fichados como delincuentes comunes y contra otros recaían pruebas muy etéreas. Pero con su lista las Farc les permitieron a las autoridades apuntalar casos y concretar condenas. Y Marulanda se ha empeñado en reparar el daño involuntario.

Esa es, al menos, la motivación personal. Pero existen profundas razones políticas y jurídicas que ya han esgrimido las Farc en varias entrevistas. En febrero del año pasado Marulanda explicó que mientras se conversa la paz sigue la guerra y con ella las capturas de bando y bando. Por eso, según las Farc, si el diálogo prosperaba, era necesario devolverse mutuamente los prisioneros, de guerra en forma permanente. Claro está que si el gobierno acepta que los 528 soldados y policías que tienen los subversivos en su poder son prisioneros y no secuestrados estaría aceptando que las Farc son otro Estado. “Eso es inaceptable”, lo han dicho hasta el cansancio los voceros del gobierno.

El tema del canje se congeló durante un tiempo. Pero en las últimas semanas volvió a revivir con mucha fuerza. Las Farc intentaron convertir el impasse del aeropirata Arnubio Ramos en el primer capítulo de un canje de facto, ofreciendo liberar al teniente coronel de la Policía Alvaro León Acosta Argote a cambio de no entregarle a las autoridades al secuestrador del avión.

El gobierno se negó. “Razones humanitarias no pueden exigir nada a cambio”, dijo Camilo Gómez, alto comisionado de Paz, quien a su vez llevó a las Farc tres propuestas diferentes: que el aeropirata se quedara preso en la zona de distensión y una comisión verificara que esto se cumpliera; que una comisión de tres amigos internacionales encontrara una solución aceptable a las partes antes de reanudar la negociación o que esta comisión buscara la solución al tiempo que se avanzaba en la mesa con los temas de la agenda (ver entrevista).

No obstante, la intención de las Farc de imponer en la agenda pública el tema del canje se fue abriendo camino durante las últimas dos semanas. Sobre todo luego de las conmovedoras imágenes que emitió el noticiero Caracol y que mostraban las condiciones de cautiverio de los policías y soldados secuestrados. La consternación nacional carburó de nuevo el debate político sobre un posible intercambio humanitario de soldados secuestrados por guerrilleros presos. Aunque las Farc quedaron molestas con la manera como se presentaron la imágenes, según lo dijo el ‘Mono Jojoy’ en entrevista al periódico Voz el pasado viernes, la urgencia del canje se abrió paso. Y de ser un tema paralelo y secundario a la mesa de negociaciones se convirtió en el epicentro del debate sobre el proceso de paz.



Razones y obstáculos

Pero más allá de las razones humanitarias que clama el país, con justa razón, el canje encierra toda una suerte de problemas políticos, jurídicos y militares que no son fáciles de resolver para el gobierno. En primer lugar, la liberación de esos guerrilleros incrementaría la capacidad militar de las Farc ya que gran parte de ellos son comandantes de frente y tienen años probados de experiencia en la lucha armada. Al respecto, las Farc han demostrado una efectiva capacidad para engrosar su tropas de base pero tienen dificultades en encontrar quien las lidere. En segundo lugar, para algunos el intercambio violaría el principio de igualdad. ¿Por qué canjear un miembro de la fuerza pública y no un civil? Sobre todo si soldados y policías han sido capturados en el ejercicio de su deber constitucional y estaban advertidos de sus riesgos, mientras que los civiles deberían estar al margen del conflicto. En tercer lugar, el intercambio podría fomentar la impunidad al invitar a la repetición del delito porque quedarían en evidencia unas claras ventajas políticas y militares con el hecho de secuestrar. Si el canje se dio una vez se podría dar más veces.

Las Farc también buscan el canje, no sólo por razones militares o políticas sino económicas. Mantener a por lo menos 1.500 guerrilleros cuidando los más de 500 soldados y policías capturados implica sacrificar un número considerable de efectivos que no pueden estar en los frentes de guerra. Alimentar y mantener a semejante cantidad de soldados es costoso y logísticamente difícil.

Pero quizá lo que más están buscando las Farc es que se les reconozca a sus hombres presos el carácter de prisioneros de guerra y por esa vía ser considerados una fuerza beligerante, es decir, ser tratada como otro Estado. Y su terca insistencia en una ley de canje permanente —y no un intercambio humanitario como lo han planteado el gobierno o el Fiscal— tiene la pretensión estratégica de que se les reconozca una jurisdicción independiente a la del Estado.



En busca de salidas

El gobierno se le ha metido al tema porque hay una situación humanitaria grave con cientos de jóvenes rehenes viviendo en condiciones muy precarias. También porque “es uno de los temas propuestos por las Farc dentro del proceso, y por ello hay que darle respuesta”, según dijo Gómez.

En efecto, el Ejecutivo ha barajado diversas alternativas con los instrumentos que tiene a mano: la Ley 418 de diciembre del 97, que consagra diversos mecanismos legales para buscar la paz y la convivencia; la declaración de Estado de conmoción interior y la aplicación de los protocolos a los convenios de Ginebra para protección de víctimas en los conflictos armados.

El alto comisionado Gómez ha sido enfático en que no revelará la propuesta oficial de canje antes de presentarla a las Farc —y esto no podrá darse hasta tanto no se resuelva el caso del aeropirata—. No obstante, ha trascendido que algunas de las ideas contempladas en la propuesta del gobierno incluyen la posibilidad de que suspenda penas a los guerrilleros condenados y procesos a los que aún no estén sentenciados. Serían liberados de las cárceles y enviados al exterior a un país que los quiera recibir y mantener como aporte al proceso de paz. Se ha hablado insistentemente de Noruega, pero no hay una confirmación.

Pero Marulanda propuso a mediados del año algo similar para los soldados y policías: que ellos los liberan y que un país amigo los reciba mientras continúa el proceso de paz. Se ha especulado que una combinación de estas dos ideas puede estar incluida en la propuesta oficial.

Consciente de las dificultades jurídicas y políticas que presentaría un intercambio humanitario así planteado, el gobierno ha consultado con diversos expertos y autoridades como el Fiscal y el Procurador. Después de estas consultas la fórmula no permitiría un intercambio de uno por uno y dejaría en libertad sólo a los guerrilleros procesados por delitos políticos (rebelión, asonada y sedición).

Sin embargo, otras versiones apuntan a que liberarían a más guerrilleros, excluyendo sólo a unos pocos condenados de delitos atroces o no indultables, como el secuestro y la extorsión.

El texto de la propuesta definitiva sigue cambiando y hasta que el Alto Comisionado no se la presente a Marulanda no se sabrá exactamente cómo está concebida. Y sólo entonces se sabrá si es aceptable para las Farc.

Mientras tanto la presión de la opinión pública sobre el gobierno, horrorizada por las imágenes que presentó Caracol, es difícil de sostener. Así mismo, el calvario de las madres de los miembros de las Fuerzas Armadas ha conmovido a la sociedad.



El Congreso

El Congreso, como válvula de la olla a presión en que se ha convertido este dilema del canje, ha puesto a marchar a todo vapor un tema que venía tratándose con bajo perfil desde hacía ya meses: la aprobación de una ley de acuerdo humanitario.

La única propuesta que ha sido debatida es la radicada en octubre del año pasado por los representantes a la Cámara Roberto Camacho, Luis Fernando Velasco y Zulema Jattin y por el senador Juan Manuel Ospina. Esta le da facultades al Presidente de conceder libertad provisional o condicional a miembros de organizaciones armadas cuyos procesos o condenas sean de carácter político. Pese a la receptividad de este proyecto en varios sectores políticos, este proyecto ha sido criticado por inconstitucional ya que le otorgaría al Presidente funciones judiciales para modificar el Código de Procedimiento Penal, como lo manifestó el senador Darío Martínez.

Hay además otros tres proyectos en cierne alrededor del tema de la liberación de los soldados y policías privados de la libertad por las Farc. Uno de José Renán Trujillo, aún sin radicar; otro de Jairo Rojas, vicepresidente de la Comisión de Paz de la Cámara y cercano a Alvaro Leyva, que simplemente faculta al gobierno para que efectúe el canje; y por último uno de Gustavo Petro, que aunque se radicó el año pasado aún no se ha debatido.

Existen grandes obstáculos jurídicos a un canje directo de guerrilleros presos en las cárceles por soldados y policías retenidos por las Farc.

Inclusive fórmulas como la que ha planteado el fiscal general Alfonso Gómez Méndez, en las que el gobierno utilizaría las facultades que le da la Ley 418 para liberar unilateralmente a los guerrilleros presos que no estén procesados ni condenados por delitos atroces o no indultables, tienen sus críticos. Para algunos expertos esta ley sólo faculta al gobierno a liberar presos para que éstos se reincorporen a la vida civil, algo que no se aplicaría en este caso.

La Corte Suprema, en boca del magistrado Edgar Lombana, ha sido más radical: no hay fórmulas que permitan la liberación de guerrilleros en esta etapa del proceso que cumplan con la Constitución y la ley vigente.



No sólo legal

Para algunos dirigentes, como Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, el problema no es sólo jurídico sino que hay que tomar decisiones políticas necesarias que apuntalen el proceso de paz. “El proceso de paz requiere hechos y acciones que permitan avanzar, dice Turbay. Uno de los elementos para que la negociación adquiera mayor velocidad es el acuerdo humanitario y por eso hay que buscarle la salida legal y hacerlo”.

No obstante, este representante del Caquetá coincide con el Alto Comisionado y con los negociadores de que el canje no se puede dar solo. “Se busca avanzar simultáneamente en un paquete de compromisos: acuerdo humanitario, pero también cese de hostilidades contra la población civil e inclusive cese al fuego, así sea gradual”.

Para muchos analistas sería un error político acordar con las Farc un intercambio humanitario sin lograr de éstas al menos un compromiso de cesar violaciones graves a los derechos humanos, como el secuestro, las minas quiebrapatas o los ataques con cilindros de gas a las poblaciones.

Sin embargo la discusión sustantiva del proceso de paz sobre cómo avanzaría mejor, y cómo lograr que éste le vaya quitando espacio a la guerra, si con canje o sin éste, está apenas comenzando. Gran parte de las energías de los bandos en los dos años largos de proceso se han ido en discutir las reglas de juego de las condiciones de la negociación, como por ejemplo, cuáles debían ser las normas de la zona de distensión y cómo verificarlas. Ahora las partes están otra vez estancadas en una cuestión de forma: que si la zona debe esconder fugitivos o no. Y los temas de fondo que tienen que ver con la guerra y la paz aún no llegan a la mesa de negociación. El problema es que a la opinión pública ya no le queda mucha paciencia para esperar que lleguen.
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