El carrusel de hospitales

Los bogotanos llevan dos años perplejos escuchando, escándalo tras escándalo, las noticias del llamado carrusel de la contratación. Y han visto cómo han quedado enredados en él desde el alcalde Samuel Moreno hasta contratistas como los primos Nule y Julio Gómez.

Por eso, quienes leyeron el viernes el trino del alcalde electo Gustavo Petro se sorprendieron. "El saqueo de los hospitales públicos de Bogotá es más criminal que el saqueo al IDU", dijo, refiriéndose a un escándalo que, a imagen y semejanza de lo que fue el de las obras viales, empieza a destaparse en el sector de la salud.

SEMANA tuvo acceso a información sobre irregularidades en la construcción del Hospital de Meissen, en Ciudad Bolívar, en la que, curiosamente, participan varios de los protagonistas del otro carrusel. La Contraloría Distrital ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal por esa obra y está ad portas de terminar otras investigaciones sobre anomalías en tres hospitales más: El Tunal, Simón Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

La historia del Hospital de Meissen es apenas una muestra de lo que se viene. Se suponía que este complejo de salud en el sur de la ciudad iba a estrenar en 2007 una nueva ala, integrada por dos edificios nuevos, de seis pisos cada uno. En el primero se construirían unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, urgencias pediátricas y 32 consultorios. En el segundo edificio quedaría toda el área administrativa. Pero cinco años después de firmar el contrato, las obras todavía no han terminado y los contratistas ya se gastaron más plata que lo que costaba el hospital.

El contrato para la construcción, por más de 34.000 millones, se lo ganó un consorcio en el cual Arkgo, la firma del polémico Julio Gómez, tiene el 69 por ciento. Todo, como en el caso de la 26, empezó mal desde el principio: el hospital le entregó al consorcio el primer anticipo sin tener la licencia de construcción, que finalmente se aprobó cinco meses después de haber firmado el contrato.

Esta empresa, según la investigación, recibió seis cheques del primer anticipo, pero la Contraloría no encontró soportes válidos de las ofertas de equipos especiales y suministros que debían instalarse en el hospital.

Luego, como en los casos de malla vial, comenzaron las prórrogas. Antes de que se cumpliera el plazo, que era de un año, el consorcio solicitó más tiempo y autorización para modificar los diseños, por los que se habían pagado 900 millones de pesos. Entre las modificaciones injustificadas, según la Contraloría, está la decisión de cambiar el material de las placas de los entrepisos, lo que aumentó en más de 500 millones los costos de la obra.

Los contratistas han solicitado cuatro prórrogas más y otros dos anticipos. La Contraloría encontró que el dinero del tercer anticipo no ha sido ni legalizado ni amortizado, y aunque el consorcio finalmente entregó el primer edificio, el segundo, que tenía fecha de entrega para el pasado 16 de agosto, no solo no está listo aún, sino que ya no será para oficinas, como estaba planeado originalmente, sino para atender a más pacientes.

No solo preocupa que no aparezcan justificados los anticipos ni las prórrogas, sino que también hay dudas sobre cómo invirtieron el dinero en las obras que ya han culminado. Según un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los diseños originales no cumplieron con los estándares del Código Eléctrico Colombiano. Luego se cambiaron, lo que generó un incremento del 95 por ciento en instalaciones eléctricas, tanto por la cantidad como por los elevados precios de los equipos que instalaron. Algo similar ocurrió en los dispositivos de los baños. Por ejemplo, según los contratistas, los sanitarios que instalaron valen casi un millón de pesos, cuando, según precios de Construdata, cuestan máximo 400.000. Por eso la Contraloría estima que puede haber sobrecostos de al menos 2.000 millones de pesos, solo en materiales y equipos.

Ante esta situación, cabe preguntarse dónde estaban los interventores del proyecto. Y ahí viene otra sorpresa. La interventoría estaba a cargo de tres firmas. Una de ellas se llama Hidrotec y es la misma que estuvo en el ojo del huracán porque hizo parte de un consorcio con la firma Ponce de León, de los primos Nule, para hacerle interventoría al contrato de producción de la Bienestarina del ICBF. Llama además la atención que uno de los representantes legales recientes de esta empresa es de Sahagún, Córdoba, donde el senador Iván Moreno tiene buenos contactos y de donde es oriundo el también contratista salpicado en el escándalo del carrusel Emilio Tapia. Hidrotec hoy está en liquidación, tiene sus bienes embargados y está en la mira por contratos incumplidos con Aguas del Huila y con el Ministerio de Desarrollo de Panamá.

Tanto los constructores como los interventores y el gerente del hospital, Carlos Hernando Lizcano, tendrán que responderle al contralor Mario Solano por presuntos daños fiscales, y posiblemente a la Fiscalía, a donde ya se trasladó este caso. Y esto apenas comienza.