Martes, 30 de septiembre de 2014

| 2011/02/19 00:00

El carrusel de los magistrados

En el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos.

Magistrado Henry Villarraga - Magistrado Ovidio Claros

En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo.

En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010. SEMANA investigó el tema y encontró que eso es apenas la punta del iceberg del escándalo.

En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, según pudo corroborar SEMANA, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.

El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.

Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mayorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión (ver recuadros).

Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.

SEMANA obtuvo la información de los nombramientos de magistrados auxiliares en los últimos tres años en esa sala de la Judicatura, y encontró datos sorprendentes. Si bien cada uno de los siete magistrados titulares tiene derecho a tres auxiliares, es decir, en total en esa sala debían nombrar 21 magistrados auxiliares, desde 2008 se han nombrado 115 auxiliares. El año récord fue 2008, cuando se nombraron 59: una rotación de casi tres nombramientos por cada puesto. ¿Cómo puede ser posible que por una ‘palomita’ de un mes se ganen una pensión multimillonaria?

La explicación es sencilla. Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de todos los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se pueden jubilar con el salario más alto del último año en que trabajaron. No importa si ese funcionario toda la vida hizo aportes a pensiones con base en un salario mínimo, con tal de que haya trabajado un mes del último año como magistrado auxiliar, su jubilación se la calculan con el tope máximo.

La situación es tan particular para la rama judicial que el presidente de la República y los congresistas, que alguna vez gozaron de ese privilegio, ya no lo tienen.

Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.

El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.

En el alto gobierno están aterrados con lo que está ocurriendo. Y las alarmas se dispararon aún más luego de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez en noviembre del año pasado. Ordóñez “Conmina” –mayúsculas de él– al Seguro Social y a Cajanal para que acaten toda la nueva jurisprudencia. Esto quiere decir que pide que les liquiden las pensiones a los empleados de la rama judicial sin tener que recurrir a tutelas. Además, el procurador es explícito en que se calculen las pensiones con todas las gabelas (vacaciones, más alto salario en el último año, primas, etcétera).

“Esa circular del Procurador le va a costar al Estado un huevo de plata”, dice una persona que conoce como la palma de la mano el sistema pensional colombiano y ha sido directivo del Seguro Social. “Y lo que más preocupa es que por esa vía, y con nueva jurisprudencia, el régimen de privilegios no se termine, como está pensado, en 2014”.

Como las reacciones a la circular del procurador no se hicieron esperar, este a su vez también las contestó: “El argumento tecnológico, tecnocrático y yupiyólogo de los efectos macroeconómicos que se desprendan de esa situación no son argumentos para que se incumpla la ley; si no se está de acuerdo, entonces se debe modificar la normatividad”.

A quienes les ha tocado pagar, a nombre del Estado, las pensiones no les cabe duda de que los magistrados, con los fallos de tutela y las demandas, están haciendo jurisprudencia en causa propia. Desde que comenzó la moda de las reliquidaciones, hace casi diez años, les ha tocado desembolsar para magistrados, por pagos retroactivos, hasta 700 millones de pesos y más, de un solo tirón.

El estado de alerta en el gobierno es tal que en diciembre pasado el ministro de Hacienda hizo una exposición ante la Corte Constitucional en la que advirtió el efecto catastrófico de estas pensiones sobre las finanzas del Estado. Según el ministro Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones de pensiones de la rama judicial pueden llegar a abrir un hueco de entre 7,5 billones y 20 billones de pesos. La cifra, si bien ha sido rebatida por otros especialistas, de todas maneras da a entender que es un lío de grandes ligas para el Estado.

En este cálculo no están incluidos solo los magistrados auxiliares. Este régimen de privilegios también cobija a los funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía. Y en estas instituciones también se dan las perversas ‘palomitas’.

El descalabro para las finanzas del Estado es apenas uno de los problemas gruesos de este carrusel. Hay otros tres baches graves.

En primer lugar, el de la equidad. Lo que ya de por sí es un privilegio exagerado para los miembros de la rama judicial se convierte en un abuso cuando entra en juego el carrusel de los magistrados auxiliares. La pensión de diez o trece millones de pesos es más una lotería que se ganaron que el producto de un ahorro. Mientras tanto, el 80 por ciento de los servidores de la rama judicial se ganan una pensión que apenas si alcanza al salario mínimo.

Uno de los casos más sonados fue el del magistrado César Julio Valencia. Si bien no tiene que ver con el carrusel, ilustra hasta dónde llega el privilegio. Cajanal le calculó en 2009 su pensión en casi 12 millones de pesos, pero Valencia interpuso una tutela alegando que era un error porque le tenían que calcular no sobre el promedio de los diez últimos años de sus aportes, sino el salario del último año. Gracias a ese cambio matemático, y a que la Corte Constitucional le concedió la tutela, su mesada casi se duplicó.

El segundo problema es el de la eficiencia. Debido al carrusel de la contratación y a que los magistrados auxiliares duran apenas uno o dos meses en sus cargos, el rendimiento de los despachos no es el adecuado. De hecho, el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón, que es el que más ‘palomitas’ ha dado, es el de más bajo rendimiento. Entre enero y diciembre de 2010 falló 973 procesos, casi la mitad de los que atendió el despacho más eficiente, que fue el del exvicefiscal Jorge Armando Otálora. El segundo de más bajo rendimiento fue el de Ovidio Claros, otro de los campeones del carrusel, con 1.052 fallos.

SEMANA se comunicó a las dos de la tarde del viernes pasado con los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, pero sus secretarias informaron que ninguno se encontraba. En el caso de Garzón, la secretaria dijo que estaba en una cita médica, pero que ya cualquier cosa sería el lunes, y en el de Villarraga, su secretaria no sabía si volvería en la tarde.

El tercer gran problema es que en donde está la olla podrida es nada más y nada menos que en la Sala Disciplinaria, que es donde están “los jueces de los jueces”. Es decir, son los encargados de investigar y sancionar a abogados y jueces de todo el país. ¿Será que esto tiene que ver con el hecho de que se está agudizando la corrupción entre los operarios de la justicia en el país?

Con este carrusel de magistrados se confirma que esta Sala Disciplinaria de la Judicatura, con un par de excepciones, está escribiendo una de las páginas más tristes de las altas cortes en la historia del país. Desde cuando se estaba conformando, a mediados de 2008, se dispararon las alarmas.

“Pónganle atención a lo que está pasando en el Congreso: están diciendo que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”, le dijeron en ese entonces a esta revista.

El Congreso hacía la elección a partir de ternas enviadas por el gobierno Uribe. Y cuando los eligieron, los nombres no cayeron bien, pues, con excepción de Otálora y María Mercedes López, e incluso Julia Emma Garzón, que tenían trayectoria en la rama judicial, los otros cuatro venían de las entrañas de la política tradicional. Además, tenían serios reparos en sus hojas de vida. Ovidio Claros tenía a cuestas un caso de no pago de cuota de alimentos y antecedentes en la Procuraduría, porque como gerente seccional del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.
 
Pedro Alonso Sanabria venía salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta ‘pirámide’ hablaban de haberle dado millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Angelino Lizcano venía del grupo político del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por la parapolítica y la farcpolítica, y estuvo más de 15 años en la Secretaría General del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá. Y Henry Villarraga, quien venía de ser consultor jurídico de la Gobernación de Casanare, terminó salpicado en una denuncia de una registraduría paralela, hecha por El Espectador.

Este mismo Villarraga fue quien hace dos semanas amenazó con denunciar al ministro Germán Vargas Lleras porque “gran parte de las más de 11.000 quejas contra los jueces de la República han terminado siendo infundadas”.

En el grupo de pensionados o posibles pensionados sin duda hay personas que le han servido por décadas al país desde la justicia, pero eso, a los ojos del ciudadano del común, no es suficiente para que aspiren a pensiones que no financiaron en su vida laboral y que pueden afectar la salud fiscal del Estado.

Algunos de los magistrados también han dado explicaciones. En la última sala plena de la corporación, Henry Villarraga se defendió diciendo que él les exige mucho a sus auxiliares y que por eso solo le duran unos meses. En el despacho del magistrado Claros dan explicaciones para cada uno de los casos: algunos, dicen, fueron nombrados por el magistrado anterior, y otros duraron poco porque fueron nombrados en despachos de descongestión.

Sin embargo, en el Palacio de Justicia todos saben que algo se está pudriendo por dentro. Varios funcionarios de la rama le dijeron a esta revista que la situación es crítica y que hay algo muy preocupante detrás de este carrusel de ‘palomitas’.



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