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| 9/23/2014 12:00:00 AM

El cartel de las ‘prescripciones’ en Cartagena

Dos funcionarios recibieron millonarias sumas por borrar deudas de morosos de impuestos. Tendrán casa por cárcel.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a un funcionario de la oficina de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda de Cartagena capturado el pasado viernes 19 de septiembre mientras recibía el pago de una millonaria suma de dinero a cambio de borrar del sistema las deudas a un contribuyente. Pero en medio de su lío fue afortunado: recibió el beneficio de detención domiciliaria.

El caso ocurrió el pasado viernes, cuando Frank Carrascal Ochoa (43 años), subalterno de la subdirección de Cobro Coactivo de Cartagena, y Ronald Puello Ochoa (29 años), exjefe de la oficina de Cobro Coactivo, fueron capturados en un restaurante en el sector de La Matuna en el centro histórico de Cartagena, mientras recibían al parecer 200 millones de un contribuyente para que le borraran unos impuestos del sistema.

La Fiscalía estaba investigando el caso desde hace seis meses. Para ello utilizó a una de sus investigadoras del CTI que trabajó encubierta como mesera en el restaurante donde se realizó la captura. Fue un operativo calificado de espectacular.

A Frank Carrascal, uno de los capturados, le habían iniciado una investigación disciplinaria por una queja presentada en el año 2010. La indagación advierte que cobró 100.000 pesos a un contribuyente para borrarle una deuda. Pero el caso llegó a manos de una funcionaria de mayor rango que no sólo no borró la deuda, sino que impuso sanción por mora.

El otro capturado, Ronald Puello Ochoa, había asumido el cargo de jefe de la oficina de cobro coactivo cuando comenzó la actual administración, pero se había desvinculado hace algunos meses. Se sabe que desde hace años funciona en la dirección de impuestos de Cartagena el 'cartel de las prescripciones’, un grupo de funcionarios aliados con abogados y políticos locales que se encargan de borrar deudas del sistema. El caso llegó incluso a la plenaria del Concejo Distrital, ante el cual la Secretaría de Hacienda reveló el contenido de las grabaciones de una funcionaria involucrada en las irregularidades.

El sistema comienza a funcionar a partir del momento en que se vence la vigencia del cobro de impuestos. La administración debe comenzar a cobrar a partir del primero de enero del 2015 la mora por el no pago del impuesto predial o de industria y comercio correspondiente al año anterior, o sea el 2014. Pero como tienen cinco años para cobrar las vigencias vencidas, las facturas de cobro las expiden al tercer o cuarto año, y en un alto porcentaje las facturas no llegan a los contribuyentes.

En opinión de especialistas en derecho tributario, es un sistema obsoleto que permite la existencia de este tipo de conductas corruptas.

En el caso de Cartagena el Estatuto Tributario establece unas sanciones muy altas, lo que convierte el sistema en más perverso aún, pues hace atractivo el cobro de una ‘tarifa’ al deudor y a cambio le borran sus deudas. Lo que no saben los deudores es que la deuda nunca desaparece porque para poder borrarla, la administración debe expedir una resolución y si esa resolución no está en el archivo, en el siguiente período le repiten el cobro.

Cartagena es una ciudad con un millón de habitantes, aproximadamente. Se calcula que puede haber un poco menos de 200.000 predios urbanos que deberían pagar predial y entre 15.000 y 20.000 comerciantes inscritos que deben pagar impuesto de Industria y Comercio. Pero la ciudad tiene un sistema tributario ineficiente, anacrónico y, para colmo de males, la Dirección de Impuestos es apetecida y controlada por una corrupción sistemática de la que en Cartagena todos saben. Pero muchos callan. Será el comienzo del final del famoso ‘cartel de las prescripciones’.
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