El cartel de las víctimas

Como  si  no  fuera  suficiente con haber padecido la severidad del conflicto armado interno, cientos de víctimas en Antioquia fueron presa de un grupo de funcionarios y tramitadores que traficaban con información confidencial altamente sensible para su integridad y sus vidas. 

El 4 de febrero de 2013, un funcionario de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de la Víctimas fue a la Fiscalía 60 de Medellín a denunciar lo que en principio eran apenas sospechas: personas que ingresaban a las bases de datos de las víctimas a la madrugada; víctimas que coincidían con el mismo domicilio; rumores sobre cobros ilegales a madres que esperaban reparación por la muerte de un hijo. 

A partir de ese momento comenzó una investigación que requirió interceptar llamadas, cuyo contenido en principio confundía a los investigadores del CTI que apoyaron el caso. “Le estoy hablando de 1.200 solicitudes, eso va a ser un golpe muy grande. Le propongo víctimas solas, que no tengan familia”, decía una de las voces.

Con el paso de los días fueron emergiendo algunas identidades, como la de Javier Manco Moreno, un anónimo tramitador de Chigorodó, Antioquia, que extrañamente compartía información de alto nivel con el personero de ese municipio, el abogado Hernán Enrique Alemán. El 30 de octubre del año pasado, Manco dice en una conversación: “Doctor, le cuento la última, esa vieja se cuadró. Ya tiene la información. Y la tiene poderosa”.

En otras llamadas, los interlocutores se refieren al personero como “el coronel”, según la interpretación y los cabos que fue atando la fiscal de Medellín Gloria Cristina Hoyos Patiño, quien lideró la investigación. “Mi coronel, con las buenas noches, ¿cómo está? Impresionante, totalmente consumido todo, eso es una locura”.

 Según la fiscal, las charlas giraban en torno a los turnos y los números de las cédulas de las víctimas que estaban a la espera de un pago. Dineros que, por ley, van desde 200.000 hasta 24 millones de pesos. De las llamadas se deduce que estos hombres le cobraban a cada víctima 1.200.000 pesos por agilizar sus trámites, cuando en realidad es gratis. Tanto Manco como Alemán Correa, ambos entre los capturados por la Fiscalía, supuestamentetambién vendían usuarios y contraseñas de las bases de datos e ingresaban a falsas víctimas que terminaron cobrando por lo que nunca padecieron. 

Para octubre de 2013, se fueron uniendo más integrantes a la red. Al punto que la Policía judicial logró detectar, a través de seguimientos, una oficina de víctimas paralela que funcionaba en la panadería Botero del centro de Medellín. Desde allí despachaban, prosigue la Fiscalía, Argiro de Jesús Muñoz y Gladys Cecilia Gaviria, dos particulares que terminaron manejando más información que el propio Estado. Sus enlaces, dice la investigación, eran Cristian Camilo Niño, de la Unidad de Víctimas y Juan Camilo Gómez, de la Alcaldía de Medellín e Ismael de Jesús Gaviria, otro funcionario.

El artículo 166 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creó en 2011 una unidad que comenzó a procesar los datos del conflicto armado interno. La idea era poder recibir la información de 6,2 millones de víctimas e ingresarlas a un sistema en el que no solo hay números de cédula y nombres. También consigna la condición de las víctimas, los nombres de los victimarios y todo un cúmulo de información sensible de la que dependen miles de vidas.

Lo grave del asunto es que cada vez que un integrante del cartelvendió una contraseña dejó de tener control sobre lo que pasaba con ella. Lo que dice la fiscal  Hoyos es para preocuparse: “En este momento estamos analizando qué tan grande es la fuga, quién tiene las bases de datos. Porque ellos las compartían, pero esos también lo hacían con otros y otros y otros”.