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| 11/29/2014 10:00:00 PM

El vergonzoso cartel del papel higiénico

Durante más de 14 años cinco empresas manipularon los precios de productos de la canasta familiar.

Se llevaron una sorpresa quienes pensaban que estaban en pañales las investigaciones adelantadas por el gobierno para detectar y combatir algunos carteles que fabricantes o distribuidores tienen con varios productos. La semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio otro golpe de opinión al imputarles pliego de cargos a las reconocidas empresas Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Drypers y Papeles de Risaralda. El mensaje fue contundente y dejó en claro su firme intención de ponerle fin a cualquier tipo de alianza que vaya en contra de los consumidores nacionales.

Hasta la semana pasada el país había oído de las investigaciones que la SIC viene adelantando contra los productores de azúcar, cemento y, recientemente, de pañales para niños. Pero que cinco reconocidas y prestantes empresas, nacionales y extranjeras, se hayan unido para manipular a su favor el precio de un producto de aseo fundamental para los colombianos como el papel higiénico, ha generado una creciente ola de indignación. Y más en la medida que se ha conocido la forma como operaba ese aparente cartel.

El asunto no es de poca monta. En el país hay 13.300.000 hogares, que se supondría consumen en su totalidad papel higiénico. Sin embargo, debido al bajo nivel adquisitivo y a los altos precios de este producto, que ahora se sabe fue manipulado en favor de los fabricantes durante los últimos 14 años sin que operara el libre mercado, cerca de 3 millones de hogares según cifras oficiales, no usan este producto básico de la canasta popular. De ahí la importancia de lo que se acaba de develar.

El negocio de los papeles de aseo supera el billón de pesos al año, de los cuales el 74 por ciento es para el papel higiénico, 11 por ciento para las servilletas, 10 para pañuelos para cara y manos, y 5 por ciento para papel de cocina.

A raíz de las investigaciones que la Superintendencia hizo para detectar el supuesto cartel de pañales, tres de las mismas empresas, sabiendo lo que se les venía pierna arriba decidieron ir a la entidad para confesar su participación en la conformación de presunto cartel. Es decir se convirtieron en delatores. Entregaron correos electrónicos, documentos y declaraciones. Y es que las sanciones asustan a cualquiera. Si una empresa es encontrada culpable tiene que pagar hasta 60.000 millones de pesos, mientras que las personas responsables deberán cancelar de su bolsillo alrededor de 1.200 millones de pesos. Pero aquellas que delaten este tipo de prácticas pueden ser perdonadas total o parcialmente.

Comenzó el rollo

Todo comenzó entre finales de 2000 y mediados de 2001 cuando Productos Familia y Colombiana Kimberly, a través de sus directivos, acordaron fijar conjuntamente el precio de la línea tisu (papel higiénico, servilletas, toallas para cocina y pañuelos para manos y cara) que venden en Colombia.
Para el nuevo acuerdo, según varios testimonios, directivos de Familia y Kimberly se reunieron en el Hotel Dann Carlton de Medellín para compartir información sobre los clientes y canales de distribución, establecer políticas conjuntas para entregar dispensadores de toallas y promociones y precios. Según uno de los testigos de la Superintendencia, esto se facilitó con la llegada de un nuevo gerente general a una de las empresas que tenía relación con la competencia. “A partir de ese momento las conversaciones fueron más abiertas y frecuentes. Normalmente hacíamos reuniones institucionales una o dos veces al año, pero desde ese momento, empezamos a hacerlas más seguidas: cuatro o cinco veces al año… Discutíamos la situación del negocio, las dificultades del mercado y la propuesta que cada compañía llevaba para el alza esperada y la fecha del alza: una empresa salía en enero y la otra en febrero o marzo”, dice uno de los testigos.

Otra de las pruebas del aparente acuerdo está en un correo enviado el 26 de diciembre de 2001 por Hernán Alonso Giraldo, director comercial de Kimberly, a Gabriel Alejandro Botero, de Familia, con copia a otros directivos de la empresa en el que dice: “En el archivo pueden encontrar nuestra lista de precios de papel higiénico para que la revisen y efectúen sus comentarios. Con respecto a servilletas quería repasar lo acordado, que es un 10 por ciento de incremento y quisiera que me dieran el precio de las que van para el institucional… con respecto a toallas de cocina y de faciales pregunto: ¿las subimos también un 10 por ciento? En espera de sus listas de precios”.

Este duopolio tambaleó, especialmente en la línea de papel higiénico por las estrategias comerciales y de generosos descuentos que empezó a realizar la empresa Papeles Nacionales, cuyo producto estrella es Super Suplex.  En una de las reuniones entre Familia y Kimberly se discutió sobre qué se iba a hacer con ellos, porque “nos estaban desorganizando, cada vez con más descuentos, y el canal estaba desesperado pidiéndonos cada vez más y más descuentos por todos los lados. Entonces dijimos, ‘pues por qué no los llamamos a ver si están interesados para que entiendan cómo es el negocio’”, dice otro alto ejecutivo que declaró en la Superintendencia.

Y sí lo estaban. Los presidentes y altos gerentes de las tres empresas, según varios testimonios,  se reunieron un par de veces en el Gun Club de Bogotá y, después en otras partes, hasta que lograron que Papeles Nacionales entrara al acuerdo, que técnicamente no es más que un cartel. Si entre Familia y Kimberly controlaban el 60 por ciento del mercado, con la llegada del nuevo aliado, lograron concentrar el 77 por ciento.

La satisfacción de ese acuerdo quedó consignada en un correo (ver facsímil) entre los directivos de Familia y Kimberly en el que dice: “Lo más importante ha sido mantener a Papeles Nacionales en el corral con un esquema hasta la fecha satisfactoriamente productivo para nuestra rentabilidad y crecimiento”. Anexo a este correo iba un largo documento en el que se establecían parámetros para fijar el alza de precios, categorización de clientes por tamaño y sus respectivos descuentos, autorización para visitar distribuidores de otras empresas y los precios del papel higiénico y servilletas.

Estos acuerdos eran monitoreados por los ejecutivos y directivos a través de reuniones en las oficinas de las empresas o en hoteles y restaurantes. Para evitar problemas futuros, el supuesto cartel se empezó a llamar como el grupo de los Feos y muchos de los responsables comenzaron a usar sus correos personales para enviarse la información. En un correo que Jaime Ignacio López, de Kimberly, envió el 10 de septiembre de 2004 a otros compañeros de la empresa les dice: “La reunión de los Feos es el martes a las 12:30 en las oficinas de Familia a no ser que ustedes quieran un sitio imparcial como un restaurante pirata para que no los pillen”. Lo que deja ver que ellos eran conscientes de que lo que estaban haciendo era ilegal.

Según la resolución de la Superintendencia, lo acordado se monitoreaba constantemente a  través de diversos mecanismos de comunicación y concertación, como reuniones, videoconferencias, teleconferencias, el envío de correos electrónicos y contacto entre los agentes a través de llamadas, no solo para el acuerdo, sino para el seguimiento.

Para evitar futuras distorsiones del mercado, que bajaran el precio de los productos, entre 2003 y 2004 lograron vincular también al grupo Cartones y Papeles de Risaralda (Super Blanco y Popular). Lo de los papeles higiénicos “funcionaba igual que los pañales. Yo hablaba con los gerentes de otras compañías y una vez acordábamos un aumento de precios, hablaba con la categoría, se llamaban, se reunían y se definían los precios”. Finalmente, el grupo de los Feos quedó sólido y en adelante se pusieron los siguientes alias: los Feos era la compañía Familia; los Pitufos, la Empresa Papeles Nacionales; las Rosas, Cartones y Papeles de Risaralda, y el Kiosko, Kimberly.

Esto quiere decir que no solo los directivos de las empresas sabían o lideraban el supuesto cartel, sino que este involucraba a otros directivos y ejecutivos. De hecho, 42 personas también tendrán que responder ante la Superintendencia por esta investigación y responder por multas que pueden llegar a los 1.200 millones de pesos por persona.

En 2009 el acuerdo se alteró con la llegada de una política agresiva de precios por parte de un nuevo competidor: la multinacional Drypers. A través de sus productos Elite y Noble logró poner precios hasta 40 por ciento por debajo. Eso alborotó de nuevo el negocio y las tres empresas trataron de acercarlo al supuesto cartel. Sin embargo, a pesar de varios intentos, no fue posible porque se trataba de una política regional.

Según le dijo un alto directivo de esa empresa a las autoridades, se buscó un contacto con un altísimo empleado de la empresa en otros países. “No te puedo decir si fue en Chile, Perú o Ecuador, pero se hizo diciendo: quiero sentarme con usted, quiero revisar la dinámica competitiva. Esto se refiere a que la política de esta empresa estaba desvalorizando (el mercado) con descuentos de 40 o 45 por ciento, con una dinámica promocional súper agresiva”. Al final, es claro que esta empresa también entró al acuerdo que funcionó hasta mediados de este año, cuando comenzó la delación del acuerdo.

En la resolución, firmada por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Vaca, “se puede inferir que en el marco del presunto cartel estructurado por Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda, se habría fijado de manera directa e indirecta los precios del papel higiénico, pañuelos para manos y cara, toallas de cocina y servilletas, a través de la imposición de porcentajes en el aumento de precios, tanto máximos como mínimos y mediante la estipulación conjunta de los descuentos que se otorgarían por volumen”.

Según cálculos de la Superintendencia, las ventas de todos los productos de este sector superan los 12,1 billones de pesos entre 2000 y 2013, y si se fija un aumento artificial de los precios de entre 10 y 30 por ciento, les pudo haber dejado a las empresas ganancias adicionales de entre 1,2 y 3,6 billones de pesos.

Las investigaciones continúan y ahora será el mismo superintendente, Pablo Felipe Robledo, quien deberá decidir, tras escuchar las respuestas de las empresas, las sanciones y el porcentaje de descuento de la posible multa. Para algunos, es increíble que las empresas que se aliaron en contra de los consumidores colombianos, terminen beneficiándose por  las exoneraciones que les ofreció la Superintendencia por cantar. Es decir, todo apuntaría a que la misma Kimberly y Familia fueron los delatores y los que saldrán beneficiados.

Al respecto, el superintendente le dijo a SEMANA que, por el contrario, lo que queda en claro con las investigaciones de pañales, papeles tisu o de aseo y otras cuatro más que se están haciendo y aún no se han conocido, es que la política de delación y beneficios que empezó en 2009 es todo un éxito. “Lo que queremos con esta política pública es que en Colombia no haya ningún tipo de cartel que vaya en contra de la libre competencia, que en últimas, es la mejor fórmula para proteger a los ciudadanos más pobres de este país”.

Pero al parecer estas investigaciones van a extenderse, tal y como ocurrió con el supuesto cartel de los pañales detectado en Colombia, a otros países de la región, ya que las mismas empresas compiten en numerosos países de América Latina y hay sospechas de que el pacto que comenzó con el nuevo siglo pasó las fronteras nacionales.
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