El cartel de las tutelas

Hace una semana un centenar de hombres del DAS irrumpieron en varias propiedades en Bogotá y Neiva. Iban tras lo que las autoridades consideran parte del botín de los dineros esquilmados a Cajanal, el mayor desfalco al erario conocido en los últimos años, que fue revelado por SEMANA, y cuyo monto supera los 500.000 millones de pesos en los últimos tres años.

El operativo se concentró en las propiedades de tres abogados. Los hermanos Armando y Ómar Cabrera Polanco, y Jeiner Guilombo Gutiérrez. El fiscal Mario Iguarán los señala de pertenecer a lo que él llama "El cartel de las tutelas", haciendo referencia a la forma como las oficinas de estos litigantes habrían logrado que los jueces reconocieran pensiones irregulares y otros pagos apoyados en fallos contradictorios. Los Polanco ya habían sido condenados por situaciones similares, pero en esta oportunidad habrían contratado una decena de abogados para que les ayudaran.

Las autoridades tuvieron la mayor suerte en una oficina en el centro de Bogotá donde el allanamiento duró dos días. En una caja fuerte que tuvieron que abrir a punta de soplete y pulidora se encontraron 9.000 millones de pesos, además de títulos y joyas que para las autoridades son fruto de las actividades de los abogados. Otros 2.000 millones se encontraron en Neiva. De acuerdo con los investigadores, las personas presentes en los allanamientos no pudieron explicar el origen de los dineros y ninguno de los litigantes investigados se hizo presente. En las otras propiedades encontraron listados de bienes cuya procedencia es evaluada para extinguirles el dominio, y documentos que involucran a otras personas que integrarían una red de corrupción

SEMANA conoció que hace pocos días llegó al DAS información privilegiada sobre las actividades de estos abogados, y la entidad decidió allanar luego de que detectó, por ejemplo, movimientos bancarios superiores a la exorbitante suma de 130.000 millones de pesos en sólo tres meses. Para las autoridades, los tres investigados son sólo parte de una red que involucraría a funcionarios y jueces. Por eso ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por más información. "Ya no damos abasto", dijo una fuente de la Fiscalía que confirmó que en sólo cuatro días han recibido a 15 personas con más datos. Algunos de ellos llamaron desde fuera del país. Se espera que en los próximos días se realicen nuevos operativos. SEMANA no logró conocer la posición de los acusados por la Fiscalía.

Por ahora, los expedientes contra los abogados se trasladaron de la Fiscalía anticorrupción a la de lavado de activos y en los próximos días se resolverá la situación de los juristas. Esta actuación de las autoridades se suma a la condena hace dos semanas de siete personas, varios de ellos funcionarios de Cajanal y profesores, algunos con penas de 21 años de cárcel por peculado, fraude, cohecho y falsedad.

Pese a las indagaciones de las autoridades en materia judicial, no se conocen los avances del gobierno para tapar la vena rota de las finanzas públicas que hay en Cajanal. Hubo cambios en la gerencia de la entidad y se anunció su reestructuración. De esto hace un mes y aún no se han visto los resultados de las medidas supuestamente tomadas. Poco ayuda el hermetismo con la prensa de parte de la nueva administración. Tampoco se conocen las gestiones del gobierno ante las Altas Cortes. Este aspecto es clave, pues las contradicciones en las sentencias y el hecho de que los jueces implicados no hayan sido castigados, son realmente los mayores boquetes que tiene este caso de corrupción que sólo es comparable con el sufrido a inicios de los años 90 en el escándalo de Foncolpuertos.