Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 1993/03/08 00:00

El caso Arizona

El caso Arizona

NADA MAS ABURRIDO QUE EL CASO DE LA hacienda Arizona y el ministro de Agricultura Alfonso López Caballero. Denuncias, comunicados, peritazgos técnicos, levantamientos topográficos, fallos jurídicos.
Y sin embargo nada que como eso haya podido mantener en vilo el interés de la opinión durante dos meses enteros: dos meses de racionamiento eléctrico, carros-bomba del narcotráfico, matanzas de sicarios, fiestas navideñas, ferias taurinas, erupciones volcánicas, estragos del invierno, carcelazos de concejales, y en lontananza, la sombra imprevisible de Bill Clinton.
Obviamente, el interés se ha mantenido a costa de ignorar el meollo del asunto: sus aspectos jurídicos, que constituyen justamente la parte aburrida.
Desde que el diario El Espectador dio la largada a principios de diciembre -"los hermanos López quieren otra Libertad"- prácticamente nadie se ha leído completos los documentos que, como un alud, ha producido el caso. ¿Para qué? Desde el primer momento era un "caso juzgado" por amigos, enemigos y neutrales (si es que queda en Colombia alguien neutral con respecto a una familia que lleva tres generaciones creándose enemigos y amigos desde la altura del poder). Era inútil informarse, y además aburridísimo. La tónica la dio el primer comunicado del Ministro, que al cabo de casi 60 apretadas líneas de introducción advierte imprudentemente: "Seré extenso...". Nadie siguió leyendo lo que después venía -13 extensísimos puntos porque nadie lee textos extensos en Colombia. El lapso de atención de que somos capaces los colombianos no da para un comunicado de cuatro columnas de prensa en letra pequeña, ni para un concepto de 15 páginas del Procurador Delegado de Asuntos Agrarios, ni para un fallo de 40 del Procurador General de la Nación, con sus antecedentes, sus considerandos, sus explicaciones necesarias, sus conclusiones y sus resoluciones. López Caballero estaba de antemano condenado por la opinión, por ser un López. Y de antemano políticamente absuelto, también por ser un López. En cuanto a lo jurídico, daba lo mismo: si resultaba exonerado, sería por ser un López; y si resultaba sancionado, también sería por serlo.
El caso, por añadidura, era confuso y cambiante, y cada nuevo giro que daba iba resultando convincente para los pocos que leían los documentos: alternativa y contradictoriamente convincente. Desde "Minagricultura se hace adjudicar latifundio" (predio petrolero, topógrafo falso, tráfico de influencias, testaferros, etcétera), hasta "Minagricultura refuta cargos": "En resumen, lo único que ha sucedido en términos reales es que hace tres años, antes de ser Ministro de Agricultura, antes de ser Embajador en Francia y antes de que se descubrieran los pozos del Cusiana, compré una participación en un hato ganadero en el Casanare".
Así, en los dos meses que transcurrieron hasta el fallo del Procurador fueron surgiendo y cayendo acusaciones y contraacusaciones nuevas: evasión de impuestos, destrucción de grabaciones, denuncias de persecución periodística, apelaciones al Círculo de Periodistas de Bogotá, reclamos de acciones de tutela, absoluciones de la Comisión V del Senado, discursos del Presidente de la República, solicitudes de declarar "reserva del Estado" los terrenos del Cusiana, pronunciamientos técnicos, éticos, políticos, intervenciones del ex presidente López Michelsen, padre amantísimo del Ministro, interpretaciones variadas y contradictorias de dichas intervenciones. Y en todo el proceso, por sus acciones y por sus omisiones, por su arrogancia y por su desdén, lo único que sacó en claro López Caballero fue una multiplicación geométrica del número de sus enemigos: a los propios -que no eran muchos antes de que llegara al ministerio- añadió los heredados y los nuevos: a los Santo Domingo y los Cano, sumó los Galán y los Arrieta, y de pasada, los enemigos de sus defensores de oficio: los de los Santos.
Pero al final, cuando el procurador Arrieta se pronunció el 2 de febrero, todo el asunto pareció quedar reducido a muy poca cosa. La conclusión es que el Ministro no había hecho prácticamente nada. Ni para bien: de eso venían quejándose desde hacía un año agricultores y ganaderos. Ni para mal: ni siquiera había sido encontrado culpable de robarse un baldío, cosa que en este país tiene sus admiradores y da considerables rendimientos políticos: "Este tipo no es ningún pendejo". Nada de nada. "De 19 cargos he desvirtuado 18, pudo decir el ministro López Caballero. Y en efecto: en 40 páginas de razonada y espesa prosa jurídica, el Procurador sólo acogió una de las acusaciones originales: la de presunto quebrantamiento del régimen de incompatibilidades. O una y media, si se agrega el detalle procedimental de si lo que jurídicamente cabía para acabar con el trámite de titulación de los terrenos adquiridos por el Ministro era la figura de la "suspensión" o la del "desistimiento".
En cuanto a la incompatibilidad, en el momento de escribir esta crónica el Ministro había citado en sus descargos tres casos de jurisprudencia, de la Corte Suprema (año 63) del Consejo de Estado (85) y de la oficina jurídica del Incora (90), de manera que la opinión más general era que también terminaría siendo exonerado de ese cargo.
Entiendo, al releer mi párrafo anterior, que lo de "opinión general" no significa mucho en estos casos. ¿La opinión de quién? La mía personal es que lo que hizo o no hizo Alfonso López Caballero carece por completo de importancia. Compró, mal, una finca. Intentó, mal, posponer o cancelar el trámite de titulación de la finca comprada. Se defendió mal. Atacó mal. Si de algo es posible acusarlo es de no ser un buen político. Y esa no es una acusación Jurídica, sino ética.
Porque, a diferencia de lo que creyó siempre el Ministro de Agricultura, el problema nunca fue jurídico, sino ético. Es decir, para traducirlo al significado que esa palabra tiene en Colombia, político. No es ético en el sentido de que López Caballero utilizara su ministerio para enriquecerse, cosa que no hizo: sino en el sentido de que la función de un político no consiste en comprar fincas, como sí puede serlo la de un ciudadano común y corriente, por la sencilla razón de que no es un ciudadano común y corriente. El problema ético consiste en dilucidar si un político profesional, por añadidura Ministro de Agricultura, por añadidura precandidato presidencial y por añadidura hijo de un ex presidente tan propenso a los escándalos como ha sido López Michelsen, debe o no debe comprar haciendas de 4.300 hcctáreas, solo o en compañía, aun cuando legalmente nada se lo impida. Entra ahí el propósito político y social de la Reforma Agraria, de la cual fue ponente el propio López Caballero: "Esa ley de Reforma Agraria fui precisamente yo quien la escribió para impedir la concentración de la propiedad privada y en ella se especificó que a nadie se le podían titular terrenos baldíos por más de mil hectáreas". Entra también, dada la zona donde se halla la finca, el tema del petróleo; que jurídicamente está claro -el subsuelo es de la Nación- pero que, como debe saber perfectamente cualquier político colombiano, ante la opinión resulta sospechoso, aunque al final no se haya encontrado una gota de petróleo. Y entra por fin, y sobre todo, el tema mondo y lirondo de la plata: ¿debe un político tener la plata suficiente para comprar latifundios en el llano por baratos que sean? La respuesta es que no, aunque la obvia realidad diga que sí. No hay políticos pobres en Colombia, ni puede haberlos, así no sea más que por el costo monstruoso que tienen sus campañas electorales. Pero deben parecerlo: debe parecer que carecen de intereses personales que interfieran con su actividad política. Tanto es así, que tal vez lo que más recomendaba a López Caballero para ese cargo era que ni tenía tierras, ni las conocía siquiera. No había visto en su vida terneros que estuvieran vivos, ni arroces que no fueran al curry.
El problema ético, como se ve, no es sino político.
Así ha sido siempre en Colombia, donde la ética sólo sirve como arma arrojadiza de la política. Por eso el caso de la hacienda Arizona, en toda su tediosa formulación jurídica, apasionó desde el primer momento a la opinión pública; una opinión que sólo se interesa por lo que huele a política. Y por eso, desde el principio, todas las peripecias del asunto fueron interpretadas en términos políticos, y muy probablemente con criterio certero. Comprar los López Caballero una hacienda en los llanos, y la traducción es "iAh!: es otra maniobra de los López". Publica El Espectador la información, y "¡Ah!: El Espectador se la tiene jurada a López Michelsen". Interviene Darío Arizmendi en Caracol, y "¡Ah!: es una manipulación del Grupo Santo Domingo". Tercia un senador del M-19, y "¡Ah!, claro, qué otra cosa iba a hacer". Defiende Plinio Apuleyo Mendoza al Ministro, y "¡claro, es la alianza entre los López y los Santos". Interviene la revista SEMANA, y "Hombre, si el dueño es el hermano de Alfonsito". El Ministro pide una acción de tutela, y "los López quieren censura de prensa". Y todos los personajes -eso se presupone por parte de los protagonistas y de la opinión- no son más que títeres de poderes políticos o económicos más altos que ellos: los socios de los López son "testaferros" o "empleados de la familia", los periodistas son simples "mandados" -de los Cano, de los Santos, de los López, de los Santo Domingo, o hasta de los Pastrana. Y así, hasta el final: hasta el fallo del procurador Carlos Gustavo Arrieta, de quien nadie pensó ni siquiera un instante que pudiera ser otra cosa que un fallo político. Arrieta no podía ni condenar a López Caballero -pues el papá del uno había insultado al papá del otro, que en consecuencia sólo podía "hablar por la herida"-, ni tampoco absolverlo, porque sería tenido por un vendido o por un cobarde. Y por eso ahora todos buscan significados secretos y ocultos, pactos y componendas, en la asombrosa serenidad jurídica del fallo: "No puede ser: ahí tiene que haber algo". (Tales significados se buscarán también en ese artículo).
Esa dimensión política que tuvo siempre el caso de la hacienda Arizona, y que le garantizó la atención sostenida de la opinión, no fue, naturalmente, política de verdad, sino simplemente politiquera, que es la que en Colombia interesa. Se movilizaron el Congreso, el Presidente, los precandidatos, los ex presidentes, todos los columnistas y editorialistas de la prensa, la radio y la televisión, un ministro ad hoc, la Procuraduría, la Dirección de Impuestos, el Incora, el Agustín Codazzi, Planeación Nacional: es decir, todas las instancias que no se movilizan cuando lo que se discute es un tema de verdadera trascendencia política, como, por ejemplo, la Reforma Agraria. Como sería la cosa, que sólo gracias al escándalo de la finca se enteró el Ministro de Agricultura de que todavía no existía el Plan de Desarrollo para el Casanare que él habría elaborado para valorizar sus tierras. Así se lo informó Planeación Nacional para aclarar una acusación falsa de El Espectador. Porque hasta el propio Ministro de Agricultura se movilizó en esta ocasión por un tema relacionado con el agro colombiano. Pero no lo hizo por el agro: sino porque estaba en juego su carrera política.
Aunque tampoco hay que tomar esto con excesivo dramatismo, porque si algo enseña la historia política de Colombia, que es la historia de los escándalos políticos, es que ningún escándalo político, ni verdadero ni falso, ha perjudicado nunca políticamente a nadie. Lo cierto es que el nombre de Alfonso López Caballero queda en febrero del 93 exactamente igual a como estaba en diciembre del 92: con el desprestigio previo que tenía ante sus enemigos, y el prestigio previo que tenía ante sus amigos (y con la indiferencia ante los neutrales, si es que, insisto, quedan neutrales). La mejor prueba de esto está tal vez en las "opiniones encontradas" que despertó el fallo de la Procuraduría, citadas en la prensa. Al senador Eduardo Chávez, que promovió el debate contra el Ministro, le parece que "la decisión de la Procuraduría es la que el país esperaba".
A la representante María del Socorro Bustamante, próxima Presidenta de la Comisión de Etica de la Cámara, en cambio, le parece negativa: "porque a ella le consta que a lo largo de muchos años Alfonso López Caballero y su familia han hecho grandes aportes al desarrollo de la agricultura en Colombia".
Lo más interesante, o lo más desolador, es que ni el asunto de Arizona tiene nada que ver con la agricultura en Colombia, ni el pronunciamiento del Procurador era esperado por el país. Por el contrario: el país está harto de que el Procurador pierda su tiempo en dirimir peleas entre los López y los Santo Domingo, y la agricultura colombiana lleva muchísimas décadas padeciendo el abandono del ámbito agrícola no sólo por parte de los López, sino de todas las familias presidenciales.
Pero así funciona la política en Colombia. Y es tal vez por eso que Colombia no funciona.

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