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| 10/18/2013 12:00:00 AM

El caso contra el exministro Urdinola

Aquí los detalles inéditos del proceso judicial que involucra a prestantes familias en medio de intrigas y amenazas.

“Fuera de perder mi herencia, voy a terminar en la calle por una hijueputada suya. Usted se lavó las manos”, le gritó Alexandra Garcés Borrero en medio de llanto, a su exesposo Antonio Urdinola, el reconocido exministro de Hacienda. Ambos son dos prestigiosos empresarios del sector azucarero en el Valle del Cauca y hoy protagonizan una escandalosa novela judicial que aterró al país.

El caso se revivió hace unos días luego de que un fiscal de Cali imputara a Urdinola los delitos de estafa agravada y fraude procesal.

Aunque los colombianos sólo se enteraron de semejante culebrón hace un año, cuando la Fiscalía tercera delegada ante el Tribunal Superior de Cali pidió la aprehensión del exministro, la verdad es que ese proceso se viene tejiendo desde 2004.

Durante la audiencia de legalización de captura de Urdinola, la Fiscalía reveló algunos audios de las 7.000 llamadas interceptadas y que dejan entrever la magnitud de un litigio que promete sacudir las entrañas de una de las dinastías más importantes del Valle: La familia Garcés Arellano.

SEMANA tuvo acceso a varios documentos y audios de las llamadas interceptadas y encontró que el caso está apoyado en evidencias que demuestran supuestas falsedades notariales, posible testaferrato y enriquecimiento ilícito, evasiones, amenazas y truculentas estrategias legales. Además, entre los implicados hay ocho personas, dos de las cuales están prófugas de la justicia y el resto en prisión o detención domiciliaria, a la espera de juicio.

Más allá de esclarecerse, este pleito puede empeorar y por primera vez el país tendrá evidencias de las intrigas que se tejen al interior de reputadas familias, donde el dinero que está en juego es inimaginable y el tráfico de poder superan las esferas del aparato judicial.

La historia de la familia Garcés Arellano está ligada a uno de los emporios empresariales más envidiables del Valle. Desde laboratorios JGB, bancos, ganadería y agroindustrias, integran la extensa gama de organizaciones creadas por el patriarca Jorge Garcés Borrero y que fue continuada por su hijo Jorge Garcés Giraldo.

Este último de los Garcés fue el fundador del ingenio Papayal, un grupo azucarero formado por siete haciendas que suman 1.200 hectáreas de tierra entre los municipios de Palmira y Pradera. Garcés Giraldo se casó con Mariana Arellano y de ese hogar nacieron cuatro hijos: Jorge Adolfo, María Antonia, María Cristina y Ricardo; todos ya adultos.

Esa generación es la que está envuelta en el penoso pleito que sembró Jorge Adolfo Garcés Arellano y que luego heredaron su hija Alexandra Garcés Borrero y su yerno el exministro Antonio Urdinola, para entonces esposo de Alexandra.

La meta de la pelea era quedarse con la producción del ingenio Papayal, cuyas utilidades anuales se estiman en 5.000 millones de pesos. En un bando aparecen Jorge Adolfo Garcés Arellano con su hija Alexandra y su yerno el exministro Urdinola. Por el otro, están la señora Mariana Arellano y sus hijos María Antonia, María Cristina. Cabe aclarar que ellas son madre y hermanas de Jorge Adolfo, y a su vez abuela y tías de Alexandra. Con semejante grado de familiaridad, ¿Qué pasó entonces?

Como Jorge Adolfo era el único de los cuatro hermanos Garcés Arellano que atendía los negocios del ingenio Papayal, (el padre estaba muerto); los demás se desentendieron del tema y se limitaron a recibir jugosos giros mensuales. Pero la armonía cambió a partir del 2004 cuando Jorge Adolfo quiso cobrar unas utilidades acumuladas por el manejo de esas tierras a través de la firma Inversiones Agroindustriales del Cauca, Invercauca.

En su pretensión, Jorge Adolfo reclamó la suma de 3.400 millones de pesos basado en un contrato de administración que establece que a Invercauca le tocaba el 17 por ciento de las utilidades brutas anuales. El periodo tasado fue 1996-2003.

La demanda la instauraron ante la juez 13 civil de Cali, María Teresa López Muñoz, que ordenó embargar la producción de esas tierras en julio de 2004 y nombró como secuestre al abogado Gustavo Escobar. Se calcula que ese embargo recaudó cerca de 50.000 millones hasta 2012. Hasta ahí parecía un pleito normal. Pero el escándalo estalló en 2010 cuando un perito de la Fiscalía dictaminó que el documento de administración de Invercauca que presentaron Jorge Adolfo y Urdinola, para sustentar la demanda, tenía la firma y los sellos notariales falsos.

Ese proceso permitió establecer además, que el secuestre, en lugar de abrir una cuenta oficial como dice la ley, usó una personal para manejar el dinero que producían las tierras y como si fuera poco, “le entregó la administración de los bienes a Invercauca, es decir al demandante”, argumentan los abogados de la viuda y sus hijas.

Otro hecho inédito, es que el famoso contrato de administración que dio pie al embargo, lo firmó Jorge Adolfo Garcés Arellano como gerente de Invercauca; pero resulta que para 1996 él aún no lo era, tal como consta los certificados de Cámara y Comercio.

Su señora madre y hermanas no niegan que las firmas que aparecen en el papel sean reales, pero aseguran que jamás las plasmaron en ese documento. Además, para esa fecha se encontraban en Estados Unidos, como lo revelan los registros de inmigración del DAS. Por esas irregularidades tanto la juez Muñoz y el secuestre Escobar, fueron capturados el año pasado bajo los cargos de prevaricato, cohecho y abuso de confianza.

Como Jorge Adolfo murió en 2009, todo el peso del proceso recayó sobre su hija Alexandra, y su yerno Urdinola. El exministro se involucró aún más cuando alegó el cumplimiento del famoso contrato de administración durante el periodo 2004 – 2010, y que las autoridades ya habían conceptuado estar viciado de falsedades.

La inocencia de Urdinola y Alexandra en el pleito, sufrió un duro golpe con la interceptación de sus llamadas. Por ejemplo, entre los audios se escuchan riñas familiares, “desde ningún punto de vista voy a permitir que usted y sus hermanas deshereden a mis dos hijas”, le dice Alexandra al exministro. En otra llamada la señora Garcés es mucho más agresiva y le advierte “Mire toño, gracias a usted yo quedé en la calle, el secuestre también en la cárcel y usted tiene medida de aseguramiento. Se la merece por hijueputa y traidor”.

En varias de las llamadas el exministro Urdinola se lleva la peor parte, pero Alexandra su exesposa, se enreda en una truculenta estrategia que le mereció detención domiciliaria. En su momento ambos fueron acusados de los presuntos delito de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El argumento de la Fiscalía para imputarles ese cargo radica en que la pareja incurrió en una maraña de acciones al parecer ilegales, tendientes a ocultar el dinero que producían las tierras en disputa y que estaban embargadas de manera irregular. Incluso, el fiscal del caso José Restrepo va mucho más allá y habla de transferencias de dólares a Suiza y que usaron “mecanismos para borrar la fuente de emisión y luego esos dineros son redirigidos a Estados Unidos”.

Abogados defensores de la contraparte consultados por esta revista, dijeron que además crearon “varias empresas de papel, donde algunos integrantes eran personas de su círculo de confianza”. Hoy esos presuntos testaferros están vinculados al proceso, como es el caso del agrónomo Jorge Enrique Gasca y el jurista Francisco Valencia, ambos prófugos de la justicia. También fueron procesadas Ligia Parra, contadora de Invercauca, y Stella Henao, la asistente de Alexandra. En una de las llamadas el señor Valencia le advierte a Alexandra “el día que reviente ese hombre (el secuestre), va a reventar feo y voltea pa´ el otro lado”.

Jaime Lombana, defensor de Alexandra Garcés, basa su defensa en un argumento que tiene sentido, “si el contrato de administración con Invercauca era falso, ¿por qué razón la viuda y sus hijas recibían los giros que les enviaban?”. Dijo que las mismas acciones que le cuestionan a su cliente, las hacen las señoras demandantes “y a ellas no les pasa nada. O cómo explica que el exfiscal Iguarán llegue a representarlas con un poder firmado de hace quince años”.

Sin duda el pleito promete más revelaciones sobre los secretos de aquellas familias poderosas que desde hace décadas endulzan al país; lo malo, es que ese trago amargo dejará secuelas en una de las dinastías más prestigiosas del Valle del Cauca.
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