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| 12/27/2017 12:55:00 PM

El caso de un supuesto acoso sexual que involucra a un congresista

Andrea Olaya dice que cuando fue practicante de la UTL de Víctor Correa habría sido víctima de este flagelo. El legislador contesta que espera que el caso pase de Facebook a los tribunales para ejercer su defensa. Estas son las dos versiones.

Las redes sociales son una plataforma para expresar todo tipo de opiniones y, por supuesto, para realizar denuncias sobre distintos hechos, tanto de la vida personal como laboral.

Y por la misma facilidad que dan estas plataformas para expresarse, es que muchas personas han decidido acudir a ellas para dar a conocer situaciones que antes no salían tan fácil a la esfera pública y que, en algunos casos, llegan primero a las mismas redes que a las autoridades competentes.

En este contexto es que se acaba de generar una denuncia por presunto acoso sexual por parte de un congresista a una practicante de su unidad de trabajo legislativo (UTL). Los dos implicados -la denunciante y el denunciado- han dado sus opiniones al respecto, precisamente, en Facebook.

Se trata del representante del Polo Víctor Correa Vélez, ahora en campaña para buscar una curul en el Senado, quien fue señalado por Andrea Olaya de ser el presunto responsable de un supuesto acoso mientras ella hizo su práctica profesional como politóloga en la oficina del legislador. Él, ante la denuncia, ha dicho que espera que el caso se resuelva en las instancias que corresponden.

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Dice Olaya en una publicación del 24 de diciembre que, luego de entrar a esta UTL, fue “necesario decirle tres veces” a Correa que ella no estaba interesada en ningún tipo de relación diferente a la profesional, lo que -añade en su descripción- la llevó a alejarse lo más que pudo del contacto con él e, incluso, con el equipo de trabajo.

La “politóloga en formación”, como ella misma se describe en su perfil público, continúa narrando que tras las negativas a lo que podrían llamarse insinuaciones de Correa -y por la asignación de tareas laborales específicas- la situación inicialmente descrita cesó.

No obstante, Andrea añade que en alguna reunión de grupo se habló de visitar unas aguas termales en Tunja (Boyacá). Asegura que se dijo que los asistentes deberían llevar vestido de baño, pero que ella no lo hizo para evitar un momento incómodo debido a lo que, según su versión, le habría pasado con su jefe recién comenzó su práctica profesional.

“Sin embargo, Víctor insistió y se ofreció a comprar un vestido de baño para mí, accedí pensando que siempre me alejaba del grupo pese a que soy una persona sumamente social, que tal vez mejorar mis relaciones con el equipo podría mejorar mi experiencia en el Congreso”, explica Olaya en su publicación de Facebook.

La denuncia no aclara un lugar preciso ni una fecha exacta, pero agrega que estando en ese encuentro de la UTL el Congresista del Polo se le acercó a su practicante y, según las palabras de ella, “aprovechó la oportunidad para manosearme”.

Y precisa: “De esta situación están informados todos mis directivos de la universidad, mi asesor de práctica, mi asesor de tesis, el decano de mi facultad, la vicedecana, y tras una denuncia en mis redes –sin nombre en esa oportunidad- lo conversé con dos de las mujeres que trabajan para el congresista”.

Andrea Olaya, quien no respondió un mensaje directo a su Facebook de esta revista para intentar hablar del tema que denunció, asegura, además, que lo que la motivó a hacer público su caso fue un post de Correa hablando sobre la mujer y sus derechos, el cual posteriormente borró. La denuncia, que se da en plena campaña electoral en el país, fue compartida por varios de los seguidores de la politóloga y, por supuesto, motivó la respuesta del legislador.

Víctor Correa, quien en su condición de congresista está sometido al escrutinio público, también acudió a Facebook para contestar. Puso una publicación el mismo 24 de diciembre en la que indica que el acoso sexual es un delito castigado por el Código Penal y que, por lo tanto, es la Fiscalía la encargada competente de investigar cualquier denuncia en ese sentido.

“La violencia contra las mujeres no solamente las afecta a ellas, nos afecta como comunidad y como sociedad y por eso invito a todas las personas que respaldan mi trabajo a abstenerse de justificar o ridiculizar los argumentos de cualquier persona que valientemente decida denunciar lo que considere es un acoso sexual”, asegura en su publicación.

Correa añade que por eso la denuncia de quien fue su practicante debe resolverse “por los medios que nos ofrece el Estado Social de Derecho del que hacemos parte”. Es decir, según él mismo explica, está aguardando que el caso pase de Facebook a un estrado judicial para poder ejercer su defensa.

En otras interacciones con los usuarios que le escribieron a su publicación, el representante añade que, independiente qué pase con el caso -si llega o no a los tribunales-, no piensa realizar ningún tipo de denuncia por injuria o calumnia contra Andrea.

“No considero adecuado exponer mi vida personal ni la de ninguna mujer, por eso considero que son las autoridades las llamadas a hacer las indagaciones pertinentes, lo que sí está en mis manos es una defensa en un juicio con todas las garantías y es lo que procederá una vez sea instaurada la denuncia”, precisa Correa en una de esas respuestas.

En contexto: ¿Qué acciones se deben tomar como sociedad para prevenir y denunciar el acoso sexual?

Este tipo de casos, por supuesto, son muy delicados por todo lo que implican y por el momento histórico por el que el país atraviesa, en la medida en que las mujeres cada vez rechazan con más fuerza cuando sufren algún tipo de vejación y salen a la luz pública a denunciar con vehemencia los casos. Pero también es cierto que hay instituciones legales que son las encargadas de dirimir todo este tipo de situaciones y es a ellas a quienes les corresponde valorar los hechos y emitir un veredicto.  

Mientras eso sucede, tanto Andrea Olaya como Víctor Correa han decidido no salir más públicamente a hablar de este tema. Por eso, solo resta esperar la decisión de las autoridades si el caso finalmente pasa de las redes sociales a los tribunales judiciales.

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