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| 9/29/2014 12:00:00 AM

Revive el caso del procurador Ordóñez

Esta semana es clave en el Consejo de Estado para definir el futuro de la demanda que busca ‘tumbar’ su reelección.

Hace un par de meses muchos dieron como hecho la salida del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por cuenta de una demanda ante la Sección Quinta el Consejo de Estado que cuestionaba su reelección como cabeza del Ministerio Público. Incluso, se conoció la ponencia en su contra elaborada por el magistrado Alberto Yepes.

Sin embargo, el abogado del jefe de la Procuraduría, Miguel González, se empleó a fondo y decidió recusar a los togados Barreiro (por referirse públicamente al tema) y Lucy Jeannete Bermúdez (por ser supuestamente subalterna del procurador por unos meses luego de su posesión). Con este recurso ganó tiempo para voltear las cosas y salvar a Ordóñez de una inminente salida de su cargo.

De otro lado, Rodrigo Uprimny, uno de los demandantes, decidió ponerle más pimienta al asunto al recusar a los magistrados Gustavo Gómez, Enrique Gil, Bertha Lucía Ramírez, Marco Velilla, Susana Buitrago y Alfonso Vargas Rincón por presunto interés directo o indirecto en el caso, o por amistad íntima con el jefe del Ministerio Público. Tras una pausa de dos meses se viene este martes una sala plena de infarto, en la que se reactivará el proceso.

En primicia, Semana.com conoció la ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano que resuelve las recusaciones y los impedimentos y define quiénes pueden estar en la deliberación definitiva. Inicialmente, se niegan de tajo las recusaciones contra los magistrados Yepes y Bermúdez, pues no se halló razón para apartarlos de la discusión. El ponente, entonces, volvería a ser Yepes.

Para el togado tampoco existe razón alguna para apartar de la discusión a los magistrados Alfonso Vargas, Susana Buitrago y Marco Antonio Velilla, puesto que no se comprobó por parte de Uprimny que existiera un interés directo de los togados en el fallo del caso del procurador.

Para Zambrano sí se deben aceptar los impedimentos de los magistrados que tienen familiares que laboran en la Procuraduría, como María Claudia Rojas (su hijo José Fernando es asesor grado 25), María Elizabeth García (su hermana Olga Lucía García es procuradora judicial) y Carmen Teresa Ortiz (su hijo es asesor grado 19).

Igual sucede en el caso del magistrado Gustavo Gómez (su hija Carmen Helena Gómez es asesora grado 24) y la magistrada Bertha Lucía Ramírez (su hijo Andrés Páez Ramírez es asesor grado 24). Por su parte, en el caso del magistrado Enrique Gil Botero, el procurador Alejandro Ordóñez participó en su elección como consejero, por lo cual existiría un conflicto de intereses.

La ponencia de Zambrano no tendría mucha discusión y sería aceptada sin mayor reparo puesto que en cuestión de impedimentos, tradicionalmente, siempre se aceptan para no causar un desgaste a la Sala Plena en su análisis. Lo que habrá que ver es cómo quedan las cargas, sin algunas fichas de Ordóñez, para la votación en el alto tribunal.

Por ahora, se sabe que serían necesarios siete conjueces para definir de fondo el asunto, ya que para tomar una decisión se necesitan mínimo 14 votos. Ello implicaría que la decisión demoraría unos meses más, mientras estos togados se toman un tiempo prudente para asumir el caso.
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