Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1995/04/03 00:00

EL CASO ESPINOSA

A pesar de la vehemencia con que se defendió, el director de la Dian no logró despejar todas las dudas que despertó la devolución de un lote de buses importados.

EL CASO ESPINOSA

LOS TELEVIDENTES QUEdaron impresionados. Después de haber sido severamente cuestionado por un artículo de la Unidad Investigativa de El Tiempo, un editorial del mismo diario y una dura columna de Juan Lozano, el director de Impuestos y Aduanas Carlos Espinosa se batió como un león cuando compareció ante las cámaras el lunes para defenderse de las acusaciones.
Estas eran bastante claras y directas. La Unidad investigativa del diario capitalino aseguró que Espinosa había devuelto de manera irregular un lote de 79 buses que fueron importados de Estados Unidos en 1993 por la empresa Sidauto S.A. La irregularidad consistía en que los buses habían sido traídos al país como modelo 93, cuando según una serie de peritazgos realizados por el DAS y la propia Dian, eran modelo 90. Esta diferencia viola normas de comercio exterior que prohíben la importación de bienes que no son nuevos.
De los 79 buses,35 habían sido decomisados en Cartagena en diciembre de 1993 y fueron devueltos por orden de Espinosa en enero pasado. Los demás entraron por Santa Marta y llegaron a Bogotá, donde permanecieron retenidos hasta diciembre de 1994, cuando la Dian ordenó su entrega a Sidauto.
La discusión se centró en que mientras Espinosa argumentaba que el certificado de embarque suministrado por el fabricante de los buses -la firma International- calificaba los vehículos como modelo 93, los denunciantes aseguraban que la inspección física había dejado en claro que en realidad eran del 90. La cantidad de información acumulada para afirmar esto último es grande: los manuales de los buses no coinciden con el modelo 93, tampoco el diseño de elementos tan determinantes como el tablero (ver fotos) y partes del motor; la pintura, los cables y otros instrumentos presentaban huellas de desgaste. Pero lo más claro parecía ser que en el número de serie grabado en cada uno de los vehículos el décimo dígito era la letra L, que según las convenciones internacionales corresponde a los modelos de 1990.
Según explicó Epinosa a SEMANA el viernes pasado, "el año del modelo del vehículo corresponde al año en que su fabricante lo pone en venta". Agregó además que "hay casos en los que el fabricante arma el vehículo con piezas de distintos años". En cuanto a la letra L marcada en el número de serie de los vehículos, Espinosa mostró a SEMANA documentos basados en información del fabricante, en el sentido de que puede haber buses International modelo 93 con piezas y componentes marcados S con la letra L correspondiente al año 90, pues, aunque esas piezas sean del 90, el ensamblaje final es del 93.
El argumento de Espinosa parece coherente. Sin embargo, tanto el certificado de embarque como los de más documentos que definen los buses como modelo 93 provienen del fabricante en Chicago o de su filial exportadora en Miami. Y siempre queda la duda de que el fabricante esté tan interesado como el importador en demostrár que su producto es nuevo y no viejo.
El otro punto de debate es que Espinosa tomó la decisión de revocar el decorniso de los 35 buses de Cartagena cuando ya se había agotado la vía gubernativa. Esto sólo se puede hacer cuando aparece una prueba contundente que evidencie que el decomiso causa agravio injustificado al importador. Y según explicó a SEMANA un alto ex funcionario de la Aduana, "el certificado de embarque y los demás documentos del fabricante no tienen por sí solos el alcance de ser pruebas contundentes, pues frente a ellas están los diferentes análisis del peritazgo, que debían haber sido controvertidos antes de proceder a la revocatoria del decomiso, pues como es bien sabido, las pruebas deben ser evaluadas en conjunto".
Otra irregularidad es que la revocatoria directa del decomiso decidida por Espinosa sólo puede ser adoptada de oficio, y en el caso de los buses de Cartagena el director de la Dian encabezó cada una de las páginas de la resolución con la expresión: "Por medio de la cual se resuelve una petición de revocatoria directa". Para Espinosa, esto es sólo un error jurídico menor. Y puede tener razón, pero es evidente que debilita su defensa.
En medio del agite surgió otro cuestionamiento que ya había sido planteado cuando Espinosa fue nombrado el año pasado: que su padre, el senador Gustavo Espinosa, fue uno de los creadores del famoso narcoproyecto que el gobierno debió hundir en noviembre en el Congreso. Frente a este punto, la defensa de Espinosa fué bastante directa: "Sería bueno que a él lo juzgaran por lo que el haga o deje de hacer, y a mí por lo que yo haga o deje de hacer".
Pero más allá de la clara validez de este último argumento, el hecho es que en el caso de los buses de Sidauto el director de la Dian terminó la semana sin haber podido aclarar su actuación y con su caso en manos del consejero presidencial para la moralización, Jorge Valencia Jaramillo. Sin embargo parecía difícil que Valencia pudiera hallar explicaciones para aquellos cuestionamientos de los periodistas de la Unidad Investigativa de El Tiempo, que Espinosa nunca pudo absolver de modo definitivo.

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