EL CASO GARAVITO

CUANDO LOS HOMbres del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía llegaron por él al apartamento que ocupaba desde hace algunas semanas en Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, el representante a la Cámara Rodrigo Garavito Hernández tenía lista la maleta. Sin mucha sorpresa pero con la preocupación reflejada en el rostro, el parlamentario abrió la puerta a los agentes judiciales y escuchó callado la notificación de la orden de captura que poco antes había emitido en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Un par de horas después y en medio de una nube de cámaras y micrófonos, Garavito llegaba a la cárcel Modelo, donde pasó su primera noche de reclusión, antes de que el viernes le fuera concedida una petición para ser trasladado a la estación de Policía de la avenida Circunvalar con calle 57, al oriente de la capital.
El representante por Caldas, que pocos días antes fungía como coordinador de ponentes del proyecto gubernamental más importante de la actual legislatura, la reforma tributaria, se convirtió así en el primer congresista sometido a prisión preventiva en desarrollo de las investigaciones que se originaron en el ya internacionalmente famoso proceso 8.000. Su detención, además de lo que implica para su caso en particular, tenía para la Fiscalía un cierto valor simbólico, pues se trata de la primera vez que la Corte Suprema avala -aparte de haber ampliado considerablemente- lo investigado por el ente acusador.
Garavito se encuentra acusado de enriquecimiento ilícito y falsedad documental, delitos que de comprobársele podrían significar que pase entre cinco y 10 años en prisión. Las indagaciones han estado dirigidas a demostrar que el congresista recibió, hasta hace muy pocos meses, dinero procedente de empresas de fachada del cartel de Cali, en especial de compañías vinculadas con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, hoy detenidos.
La verdad es que el representante por Caldas tomó contacto con los Rodríguez desde mediados de 1993, en su calidad de presidente de una comisión de seguridad y paz creada en aquellos días por la Cámara baja con el propósito de intermediar entre las autoridades judiciales y los hombres del cartel un sometimiento a la justicia de estos últimos. En aquellos días en los corredores del Capitolio era sabido que Garavito había sostenido reuniones con los abogados de los jefes del cartel y el propio Fiscal General de entonces, Gustavo de Greiff. El proceso en el que intervino Garavito llegó a avanzar tanto que en un momento dado circuló un documento de una docena de páginas preparado por los abogados de los jefes del cartel, el cual hablaba de tres clases de narcotraficantes y del tratamiento judicial que debía recibir cada una de esas categorías. Se sabe pues cómo conoció Garavito a los cabecillas del cartel, pero lo que no está muy claro es qué pasó después.
Es presumible que su capacidad para hacer contactos entre partes enfrentadas y buscar acuerdos haya tenido algo que ver. Al fin y al cabo el representante caldense ha sido siempre un hombre hábil en cuestiones de relaciones públicas, tanto que cuando llegó a Bogotá a fines de los 70 dejó pronto de ser un inmigrante de provincia para convertirse en muy poco tiempo en una de las figuras favoritas de los cocteles capitalinos. Por su casa han desfilado presidentes en ejercicio y ex presidentes, cabezas de grupos económicos, periodistas, y claro está, sus propios colegas del Congreso. Su capacidad de manejo en las cámaras le ha garantizado ser ponente de las últimas reformas tributarias y organizador de las principales operaciones parlamentarias de los últimos años.
Pero así mismo su carrera ha estado siempre marcada por la polémica. Cuando ocupó su primer cargo público de nivel nacional, la gerencia del hoy desaparecido Instituto de Crédito Territorial, la gestión de Garavito fue objeto de algunos debates promovidos por el ex presidente Carlos Lleras desde sus columnas de Nueva Frontera, y por el columnista Daniel Samper Pizano. De Garavito, Daniel Samper dijo en aquellos días: "En vista de la decadencia de los aguinaldos, un distinguido funcionario del gobierno resolvió inyectar nuevos bríos a las apagadas costumbres navideñas mediante la oficialización de un nuevo juego. Se trata del mentir, y seguir tan fresco, modalidad del aguinaldo en la cual el país hace las veces de tonto y el funcionario las de hábil engañador...".

LA INVESTIGACION
Pero más allá de esos debates del pasado, ¿de qué se le acusa ahora? El magistrado investigador del caso, Ricardo Calvete Rangel, ha sido especialmente parco con los periodistas y no ha permitido que por su boca se filtren los secretos del proceso. Sin embargo, por otros medios son muchas las informaciones que han podido confirmarse sobre el alcance de las investigaciones y lo que hay detrás de la orden de captura.
En un principio lo que la Fiscalía encontró contra Garavito y trasladó en abril a la Corte Suprema para que evaluara si había mérito para abrir una investigación formal, fue apenas que el nombre del representante había aparecido en una lista hallada en un allanamiento del Bloque de Búsqueda en Cali el año pasado. En ese documento se leía el apellido Garavito, la dirección de su sede política en Manizales y dos cifras: 3.000 y 10.000. El congresista explicó desde un principio que se trataba del registro de donaciones de camisetas entregadas por personas que deseaban contribuir con la campaña presidencial de Ernesto Samper. De hecho, como Garavito lo recordó en una declaración a los medios al sugerir que él no era precisamente el beneficiario de esas donaciones, las camisetas decían "Samper, Presidente".
Los investigadores creyeron ver un nuevo indicio semanas después de que Cambio16 divulgara el caso de las camisetas. En el largo listado de computador hallado en un maletín abandonado por Miguel Rodríguez Orejuela tras huir del asedio del Bloque pocas semanas antes de ser finalmente capturado, aparecieron los nombres de algunos parlamentarios y al frente cantidades de dinero supuestamente recibidas por ellos y procedentes del cartel. Aunque el nombre de Garavito no aparecía, entre los beneficiarios había un tal "Garavato", y dos anotaciones de supuestos pagos. El primero de ellos fechado el 2 de febrero de este año tenía como concepto "Pasajes-Viáticos-Mex" y un valor de $8.200.000. El segundo decía "TécnicoCintas" y su valor era de $1.500.000.
Pero hasta ahí los investigadores no habían logrado llegar muy lejos. Fue apenas hace un par de meses cuando un informante apareció en la Fiscalía y ofreció hacer una serie de revelaciones que, según él, contribuirían a esclarecer "las conexiones del doctor Garavito con Cali". El informante, que resultó ser un ex empleado de la firma constructora propiedad del representante a la Cámara, informó a los fiscales que a su nombre y a nombre de otro empleado de Garavito -quien luego confirmó lo anterior a los investigadores- el congresista habría abierto sendas cuentas corrientes, en las cuales ellos recibían dinero procedente de empresas del cartel, que luego supuestamente trasladaban, por medio de diferentes operaciones financieras, al propio congresista.
Aunque hay bastante hermetismo en torno al alcance de las averiguaciones y en especial de lo que la Corte ha podido corroborar sobre todo esto, es presumible que los documentos aportados tras las investigaciones en los bancos hayan permitido confirmar los testimonios de los informantes, al menos lo suficiente como para que Garavito fuera llamado a indagatoria hace un par de semanas -en una diligencia que duró más de nueve horas- y el miércoles pasado haya sido detenido.
Además de lo anterior, las indagaciones también avanzaron en cuanto a los pagos registrados en el listado de computador aparecido en el maletín de Miguel Rodríguez. La fecha del supuesto cheque por 8.200.000 pesos -febrero de este año- coincide con un viaje realizado por Garavito a Ciudad de México. El representante voló en aquellos días de Bogotá a Medellín, y vía Copa de Medellín a Panamá, de Panamá a Miami y de Miami a México. Luego de pasar un par de días en la capital azteca, regresó de México a Miami vía American Airlines, y de Miami a Bogotá. Según ha trascendido, el motivo del viaje fue el de entrevistarse con Gustavo de Greiff, pero no se tiene en claro por qué el trayecto pudiera haber sido cubierto con dinero del cartel. Garavito se defendió ante la Corte alegando que pagó toda la gira con su tarjeta de crédito, pero los investigadores aseguran tener pruebas de que esos gastos con la tarjeta le fueron reembolsados, tal y como lo sugiere el listado del maletín de Miguel Rodríguez.

LA DEFENSA
Aunque como puede verse, el panorama para Garavito parece bastante complicado, sus abogados, que trabajan bajo la supervisión del penalista Jaime Bernal Cuéllar, están preparando las herramientas de un combate jurídico en el que creen que no tienen necesariamente las de perder. Como la mayoría de los apoderados de los implicados en el proceso 8.000, los defensores de Garavito piensan que la clave está en discutir la tipificación del delito.
Lo anterior quiere decir que incluso si los acusadores demuestran que los acusados recibieron dinero de empresas del cartel de Cali, esto no necesariamente constituye un delito de enriquecimiento ilícito por cuanto el origen de esos pagos no se puede considerar ilícito si los dueños de esas empresas -los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios- no estaban condenados por narcotráfico cuando se produjeron los pagos. Como quien dice, que el dinero no podía ser considerado entonces ilícito si sus dueños no habían sido condenados por delitos que explicaran el origen de esos recursos.
"Más allá de la impresión que se haga la opinión pública por cuenta de la cacería de brujas que se ha desatado este año, a nosotros nos tienen que derrotar en derecho" dijo a SEMANA una fuente de la defensa. El asunto de la necesidad de una condena previa contra quienes entregan el dinero a los acusados, para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito, es bastante discutido entre los penalistas. El propio gobierno, en los debates que sobre esta materia se dieron en el Congreso a principios del año, ha sostenido una tesis distinta, bastante parecida a la de la Fiscalía, en el sentido de que no se requiere una condena previa pues el enriquecimiento ilícito no es un delito subsidiario del de narcotráfico.
El hecho de que la Corte Suprema -tradicionalmente más ortodoxa en materias penales que la Fiscálía- haya dictado la orden de captura contra Garavito puede querer decir que le está dando un espaldarazo a las teorías del ente acusador, y esa es una mala noticia no sólo para Garavito sino para todos los implicados en el proceso 8.000. Pero eso no significa que todo esté fallado ya. Ahora falta que la sala penal de la Corte cierre la investigación de Garavito -y las demás que abra de manera formal-, califique el sumario y, si lo considera pertinente, llame a juicio al congresista. Si eso sucede, ese juicio puede ser la primera gran batalla jurídica sobre el tema del enriquecimiento ilícito y su desenlace va a tener consecuencias no sólo para el congresista, sino para muchos de sus colegas y para otros implicados en el proceso 8.000, como el ex ministro Fernando Botero. De ahí que sea previsible que de ahora en adelante el caso Garavito vaya a ser seguido con atención por todo el mundo, pues en él parece estar en juego mucho más que la sola suerte del parlamentario.