Lunes, 1 de septiembre de 2014

El caso Juan Carlos

| 1993/05/24 00:00

El caso Juan Carlos

Un misterioso asesinato en el norte de Bogotá ocurrido hace dos años, crea una nueva conciencia en torno a la necesidad de combatir los excesos de la Fuerza Pública.

El 14 de septiembre de 1991, un sábado de sol, Juan Carlos Tovar Restrepo, recogió a su padre en el aeropuerto Eldorado, cerca de las dos de la tarde.
Después de hablar con él unas horas, se despidió porque tenía que estudiar y preparar una charla que tenía que dar a los internos del hospital de La Samaritana. El recién graduado médico, de 27 años, había estudiado en la Javeriana y estaba haciendo un curso de especialización en La Samaritana. Su única vocación era la medicina y había preferido practicarla en hospitales de más bajos recursos porque consideraba que era allí donde más se necesitaba la presencia de médicos.
Como a las ocho de la noche, Juan Carlos se comunicó por teléfono con su madre para decirle que se iba a comer una hamburguesa en compañía de una amiga. No se podía trasnochar porque al día siguiente tenía turno en el hospital a las seis de la mañana. Esa fue la última vez que su madre escuchó la voz de su hijo.
Salió en su carro Renault 18 y tomó el sur por la carrera novena C hacia la Pepe Sierra. Cuatro minutos después Juan Carlos sería asesinado.
Su carro fue encontrado parqueado contra la acera, con el freno de manopuesto, con las luces estacionarias prendidas y sin la llave en el switch. Sus documentos personales aparecieron esparcidos alrededor de su cuerpo.
Su muerte se produjo a escasos metros del CAI No. 59, situado en la Avenida Pepe Sierra con carrera novena. El crimen fue presenciado por numerosas personas que pasaban por ahí a esas horas de la noche. Los disparos -cuatro en total-, fueron escuchados por los habitantes de los apartamentos del sector que a esas horas estaban cenando en sus casas. "Escuché los disparos y me asomé a la ventana", afirmó uno de tantos vecinos. "Vi un taxi, una moto y un carro rojo estacionado sobre la carrera novena con las luces estacionarias puestas y la puerta del conductor abierta. Vi un cuerpo sobre el andén y una patrulla de la Policía frente al carro rojo".
Otro testigo afirmó que vio a un carro rojo -el de la víctima- y detrás, una patrulla de la Policía que traía las luces prendidas. "Le sacaron la mano al carro rojo que frenó", dijo. "La patrulla siguió su rumbo. Llegó un taxi de color amarillo y una moto. El del carro rojo se bajó, discutió con alguien que se bajó del taxi. Tuvo lugar un altercado. Sonaron los disparos y el tipo se subió en la moto".
HABLAN LOS TESTIGOS
En total, alrededor de una docena de personas manifestaron haber sido testigos oculares de los momentos inmediatamente anteriores o posteriores a la muerte de Juan Carlos. Todas las versiones tienen diferentes matices, pero todas coinciden en un hecho: que en los instantes del asesinato, el carro estuvo rodeado de una patrulla de la Policía, de un taxi amarillo y de un uniformado en motocicleta. En medio de esa situación apareció el cadáver de Juan Carlos.
Sobre lo otro en que hay acuerdo es que en contados minutos con posterioridad al asesinato, llegó una patrulla en contravía con las luces puestas al sitio del crimen.
El gran interrogante que ha surgido alrededor de este homicidio es si la presencia de la Policía es solamente posterior al asesinato como afirman los policías tripulantes de la patrulla o si fue simultáneamente anterior y posterior como lo afirman varios testigos.
Al llegar al lugar de los hechos media hora después, los familiares del asesinado médico se encontraron con una aglomeración de personas que incluía unos 15 miembros de la Policía. En voz baja todos los presentes les manifestaron que el asesinato había sido cometido por la Policía. Vecinos, conmovidos ante el crimen, les bajaban tinto a amigos y familiares de la víctima reiteraron una y otra vez que entre los policías presentes estaban los asesinos.
Una hora después, Luis Miguel Garavito Ruiz, juez 75 de Instrucción Criminal permanente, llegó a practicar el levantamiento del cadáver. La gente le repitió en voz baja lo que se estaba comentando en el lugar, desde hacía una hora: "¡Fue la Policía! ¡Fue la Policía!". Después de 15 minutos en los cuales escuchó repetidamente al oído esa frase decidió definir el asunto y gritó: "Todo el mundo me está diciendo en secreto que este asesinato es responsabilidad de la Policía. Yo quiero preguntarles a los aquí presentes, ¿cuál de los agentes de policía es el responsable?". En ese momento, en medio de 15 policías que se encontraban en el lugar, reinó un silencio total.
Como consecuencia de estos sucesos el juez Garavito inició una investigación preliminar en que fueron llamadas a testificar todas las personas que tuvieran información que aportar en torno al caso. De los casi 20 testigos que en el momento de los hechos habían señalado a la Policía, no más de cinco aceptaron presentarse ante las autoridades. Sus testimonios han dado base a un caso jurídico complicado e inconcluso, que ha adquirido gran trascendencia en estos momentos en que la reforma de la Policía se ha convertido en una de las prioridades nacionales.
Durante la investigación se han presentado una serie de inconsistencias que no han permitido encontrar las pruebas que esclarezcan el crimen.
El trabajo policial y judicial adoleció de las inconsistencias y limitaciones que enfrenta cualquier investigación en Colombia. Lo que ha tenido de particular este caso es que las autoridades, concretamente la Fiscalía y la propia Policía, han tomado las riendas en este asunto y el caso de Juan Carlos se está convirtiendo en un caso piloto para resolver crímenes en que puede haber una posible participación de la autoridad. Inicialmente se llevó a cabo una investigación disciplinaria a siete miembros de la Policía, pero esta desembocó en una exoneración por falta de pruebas. Las cosas podían haberse dejado ahí, pero el Fiscal y el propio director de la Dijin, el general Luis Enrique Montenegro, han considerado que existen suficientes indicios para que la investigación no se archive. Han tomado la determinación de hacer algo que no tiene antecedentes en la historia del país en lo que se refiere a delitos no vinculados al terrorismo: ofrecer una recompensa para tratar de esclarecer un homicidio donde pueda haber tenido lugar una posible participación de la Fuerza Pública. En otras palabras, la Fiscalía y la Policía a partir de esta semana le ofrecen 50 millones de pesos con posibilidad de cambio de identidad y domicilio a cualquier ciudadano que ofrezca información clave sobre el caso del joven Tovar. Aunque en el anuncio de la recompensa no se hace una referencia específica a la Policía, la verdadera razón por la cual se decidió tomar esa iniciativa, fue para atender un clamor de la sociedad de que se tome el toro por los cuernos en lo relacionado con los excesos y abusos que cometen las fuerzas del orden.
Esto representa una actitud nueva en un país acostumbrado a la arbitrariedad oficial y a la impunidad de la misma.

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