Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1990/02/05 00:00

EL CASO MEDINA

Dos investigaciones por enriquecimiento ilicito se abren contra el ex director de la Policía, José Guillermo Medina Sánchez, como resultado de un informe de Procuraduría.

EL CASO MEDINA

Unas pocas líneas, 18 exactamente, fueron suficientes para destapar uno de los mayores escándalos públicos de 1989. La revista norteamericana de mayor circulación, Time, público en la semana del 14 de febrero del año pasado un pequeño recuadro con una explosiva información: el retiro del general José Guillermo Medina sánchez de la Dirección General de la Policía se debía a que el alto gobierno sospechaba que tenía vínculos con el cartel de Medellín
La reacción del general no se hizo esperar: anunció su intención de demandar a la revista y a un noticiero de televisión -Noticiero del Mediodía- que había recogido la versión. Además, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y personalmente pidió que se le abriera una investigación.La espuma del escándalo bajo hasta esta semana, cuando las conclusiones de una investigación preliminar que había abierto la Procuraduría volvieron a poner en primera plana el affaire Medina.
El Ministerio Público, sobre la base de las informaciones que entonces se conocieron y de una denuncia anónima que llegó al despacho del procurador Alfonso Gómez Méndez el 29 de abril del año pasado, halló entonces méritos suficientes para iniciar una investigación sobre la conducta del general. Existía la posibilidad de que Medina hubiera incurrido en la figura que el código Penal en vigencia desde enero de 1981 denomina "enrquecimiento ilícito-".
Cerca de 20 funcionarios intervinieron en las distintas etapas de la investigación y consignaron sus infomes en 14 cuadernos que suman cerca tres mil folios. Los investigadores tuvieron acceso a las cuentas bancarias del general -para la Procuraduría no existe la reserva bancaria-, establecieron un inventario de sus propiedades e hicieron un seguimiento de sus actividades económicas.Se estableció que existen seis cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias del país (algunas de ellas a nombre de su esposa) pero no se pudieron comprobar movimientos en el exterior, porque las leyes de reserva bancaria iternacional no lo permitieron. Por otra parte, se comprobó que el general posee tres apartamentos, uno de ellos en Cartagena: una lujosa residencia en Bogotá avaluada en 174 millones de pesos, y dos fincas, una de las cuales proviene de una herencia. Para los invetigadores, los ingresos mensuales del general por concepto de sueldo, 510 mil pesos, no eran suficientes para explicar movimientos cuantiosos en las cuentas corrientes y posesiones millonarias.Por esta razón, la Procuraduría halló méritos suficientes para ordenar ahora la apertura de una doble investigación -penal y disciplinaria contra el general Medina.
A pesar de que todo esto no significa un juicio de culpabililad contra el ex director de la Policía, pues hace falta que Medina dé sus explicaciones y presente sus descargos ante la Corte Suprema, la Procurduría concluyó "que el general José Guillermo Medina Sánchez incrementó considerable e injustificadamente su patrimonio en los últimos años". El general, por su parte, en carta dirigida la semana pasada al director de El Tiempo, dijo, aludiendo a las conclusiones de la Procuraduria, que "el país ya sabe que de los mismos hechos se viene ocupando la Corte Suprema de Justicia desde febrero del año pasado, por investigación penal que se tramita a solicitud mía, y en el expediente se han producido las pruebas de mi inocencia, como también la demostración calumniosa de que he sido objeto como ex director de la Policía Nacional".
Independientemente de quién tenga la razón, la Procuraduría o el general Medina, pues la Corte Suprema tiene la última palabra, lo único cierto es que este caso ha sentado un precedente. Es la primera vez que el Ministerio Público toma una acción en este sentido. La multiplicación bíblica de los panes y de los peces que, en palabras de Gómez Méndez, aquí significa"la multiplicación de los pesos", podría no sólo imputársele al general, sino a muchos funcionarios públicos que han aumentado súbitamente sus arcas en el ejercicio de sus funciones. No son, pocos los que ingresan a sus cargos a pie y salen de ellos en lujoso carro con chofer. Como dice D Artagnan en su columna del viernes pasado, "aun cuando es evidente que el problema del narcotráfico -con sus brazos múltiples, como el octopus- ha penetrado hasta en las altas jerarquías de segmentos neurálgicos de la sociedad, comprando conciencias a cualquier costo, la verdad es que el enriquecimiento ilícito en nuestro medio viene de tiempo atrás".
El enriquecimiento ilícito no es una figura nueva en Colombia y no sólo se debe a la infiltración de los dineros calientes en la vida institucional del país. Es una especie que se ha extendido como maleza en la forma de comisiones, chanchullos, sobornos y auxilios en los órganos del poder público sin que, hasta el momento, se hubieran adelantado acciones al respecto. Las que ha iniciado la Procuraduría contra el general Medina y cerca de 400 funcionarios más, desde alcaldes populares hasta otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas, son el primer paso. Segun el procurador Gómez Méndez, "el enriquecimiento ilícito es la única figura contemplada en el Código Penal que abre puertas para limpiar a la administración pública y ponerle coto a la corrupción oficial. Además, es un delito fácil de establecer por su relación objetiva con la realidad".

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