Martes, 24 de enero de 2017

| 1987/08/24 00:00

EL CASO MONTOYA

Mucho se habla de un debate al secretario general de la Presidencia. Qué es verdad y qué es mentira en todo este asunto.

EL CASO MONTOYA

Cualquier persona que esté yendo a cocteles en estos días tiene la impresión de que Germán Montoya, el secretario general de la Presidencia de la República, debe haber hecho algo muy grave. Nadie sabe exactamente qué, pero todo el mundo dice conocer a alguien que sí sabe. Cuando se llega a esta última persona, invariablemente, o se es remitido a otra tercera que "esa sí sabe", o se dice notifica que están a la espera de unos documentos que no han llegado. Algo parecido sucede en los medios de comunicación, donde siempre hay un colega que ya está a punto de culminar una investigación, que tan pronto se publique, provocaría automáticamente la caída del secretario general de la Presidencia.
En medio de esta expectativa, se anuncia un gran debate parlamentario que piensa montar el Partido Conservador, cuyo primer blanco sería Germán Montoya "coautor de autopréstamos, atropellos, préstamos sin garantía, compra ilegal del mismo banco y cien irregularidades más, ha resuelto velar por sus intereses, los de su familia y los de sus cómplices y conmilitones inventándose una fórmula novedosa, sui géneris, para premiar a los culpables, sus socios y castigar a los inocentes, los contribuyentes y el pueblo colombiano... la Secretaría General de la Presidencia se ha visto colocada a nivel de una oficina de intermediación financiera. Una gestoría para enriquecimiento sin causa. O con causa legal. Pero sin causa moral y ética. Un vulgar punto de negocios", sostiene en una constancia que dejó en la Cámara el martes 21 de julio, el representante conservador Darío Alberto Ordóñez, quien disparó el primer cañonazo en el Congreso del affaire Montoya. El parlamentario conservador no es sino el peón de brega de lo que se avecina, ya que se afirma que la artillería pesada viene detrás por cuenta de un representante del alvarismo, Hugo Escobar Sierra y uno del pastranismo, Fabio Valencia Cossio. Detrás de ellos, el Napoleón de este episodio sería el ex presidente Pastrana, quien está dispuesto a demostrarle a Barco que si quiere oposición la tendrá.
SEMANA decidió recorrer la pista Montoya con el objeto de averiguar las acusaciones contra el secretario general y su familia y encontró que la verdad es que hay más bombo que bomba en relación con el tema. Las acusaciones contra Montoya y su familia se pueden dividir en tres: Las ya presentadas, que se centran principalmente alrededor de los negocios de seguros de sus hijos; las que ya se anunciaron, que tienen que ver esencialmente con la participación del secretario general de la Presidencia, en la situación del Banco del Comercio, tanto antes como miembro de la junta como ahora en calidad de funcionario público. Por último están una serie de acusaciones sueltas que no tienen nada que ver con los puntos anteriores.
Esta última categoría se apoya fundamentalmente en rumores que van desde lo insignificante hasta lo absurdo. Por ejemplo, se afirma que en sus épocas de gerente de Colmotores vinculó a la empresa con un socio de Rodríguez Orejuela. SEMANA encontró al respecto que este cargo se refiere a la distribución nacional de repuestos que le otorgó la Crysler -después de haberse retirado de Colombia por haber vendido su participación a la General Motors- al periodista Alberto Giraldo. La concesión no fue otorgada por Colmotores, que ya había cambiado de marca y de socios, sino por la Crysler Internacional la cual ya no producía carros en Colombia. El beneficiario es el popular "loco" Giraldo, quien ahora es considerado amigo de los Rodríguez pero en ese entonces era el antesesor de Juan Gossaín en la dirección del noticiero "Radio Sucesos RCN". En todo caso, independientemente de la percepción que se tenga de la vida social del periodista, el hecho es que ni Colmotores ni Germán Montoya tienen que ver, puesto que en ese momento representaban era a la General Motors. Versiones de este tipo existen varias, incluyendo algunas misteriosas e inconclusas como unos presuntos negocios de Germán Montoya con la compañía Pronta, de los cuales se habla mucho sin especificar.
SEMANA consultando fuentes dentro de la compañía, no pudo establecer relación alguna entre Montoya y Pronta. Investigados éstos y otros rumores sueltos, la conclusión es que la controversia real se limita al renglón conocido, los seguros; y al anunciado, el Banco del Comercio.

LOS SEGUROS
En lo que se refiere a los seguros, el cargo central consiste en que la compañía Probolsa, de propiedad de los hijos de Germán Montoya, habría utilizado el poder de la Secretaría General para obtener lucrativos contratos del Estado. A diferencia de los ejemplos anteriores, en donde la mayoría de los elementos son falsos, en éste existen efectivamente dos negocios de la firma Probolsa con entidades del Estado, que le dan algún fundamento a estas críticas. Los dos negocios son adjudicaciones de contratos de seguros por parte, tanto del Banco Popular como de Telecom.
Los detalles de estas operaciones son los siguientes: el Banco Popular abrió licitación pública de la totalidad de sus seguros a principios de 1986 bajo la administración de Belisario Betancur. 17 compañías de seguros y catorce corredores, uno de los cuales es Probolsa, participaron en esta licitación. Esta cubría diez riesgos que en lenguaje asegurador significan cosas como incendio, robo, automóviles y responsabilidad civil, etc. La junta directiva y la administración del Banco Popular, durante el último año de Betancur, se dedicaron intensamente a estudiar todas estas propuestas, llegando al final del gobierno a la decisión de que de los diez riesgos, ocho fueran adjudicados a Seguros Colmena con De Lima, uno a Seguros de Estado con Jorge Jiménez y compañía y un último, llamado deudores de cartera, se le adjudicó a seguros Tequendama con Probolsa. El monto del negocio es del orden de 300 millones de pesos en primas. Cerca de 80% de ésto lo recibe la compañía de Seguros Tequendama, que es la que asume el riesgo, y el 20% es la comisión del corretaje, que es la que corresponde a los hijos de Montoya, a través de Probolsa. Aunque la cifras son cuantiosas, se ha hecho más enfasis en la participación de Probolsa que en las circunstancias de la adjudicación. En primer lugar la oferta de todos los proponentes incluyendo Probolsa, quedó cerrada en el último año del gobierno Betancur, cuando algunos podían intuir que el próximo Presidente iba a ser Virgilio Barco, pero nadie que el próximo secretario general de la Presidencia iba a ser Montoya. Por otro lado, se trataba de la primera vez que los seguros del Banco Popular no iban a ser adjudicados a dedo como se hacia anteriormente, sino por la vía del concurso de méritos. La adjudicación fue hecha por personas nombradas en su totalidad por Belisario Betancur, encabezadas por la doctora Flor Angela Gómez, cuya independencia e imparcialidad es defendida aún por los críticos de Montoya.
Posteriormente Probolsa y De Lima, escogidas como corredores del Banco, fueron encargadas, ya en esta administración, del manejo de la póliza bancaria del Banco Popular. El monto total del negocio es de alrededor de 80 millones de pesos, de los cuales el 90% lo reciben las compañías de seguros: Tequendama, Previsora y Grancolombiana. El restante 10%, es decir 8 millones de pesos, se reparte mitad y mitad entre los intermediarios De Lima y Probolsa, que habían hecho oferta conjunta con base en que en la licitación pública habían salido favorecidos individualmente. Cualquier debate que pueda haber en relación con los negocios de Probolsa con el Banco Popular, tendrá que circunscribirse a esta segunda etapa, que fue la única que se inició en la administración Barco.
El otro punto controvertido en relación con los seguros es la negociación con Telecom. SEMANA ha investigado que la situación al respecto es la siguiente: los seguros de Telecom venían siendo manejados en forma exclusiva y adjudicados directamente a la Previsora de Seguros S.A y cuatro intermediarios de seguros. La junta directiva tomó la decisión de abrir la licitación publica y aumentar el número de intermediarios a ocho. Uno de los beneficiarios de este aumento de cuatro a ocho fue Probolsa, que obtuvo el 20% del pool de corredores. El otro 20% lo tiene De Lima y el resto está distribuido entre seis corredores, cada uno de los cuales tiene el 10%. Hasta el momento el monto de ese negocio ha sido de 75 millones de pesos en total. De esto, alrededor del 85%, es decir cerca de 65 millones han sido primas para la Previsora. La tajada repartida entre los ocho corredores es de 10 millones, de los cuales dos han correspondido a Probolsa. La acusación en este caso radicaría en que Probolsa, por su dimensión, debería estar más bien en el grupo del de los del 10% y no en el de los del 20%. Y el hecho de que Germán Montoya sea secretario general de la Presidencia fue la razón por la cual Probolsa acabo con un porcentaje como el de De Lima que es una compañía mucho más grande.
Otra variante en el tema de los seguros en contra de los hijos de Montoya, son sus negocios de seguros con Caracol y RCN. En estos casos, aunque no se trata de compañías del Estado, se invoca una especie de operación triangular de tráfico de influencias según la cual las programadoras favorecerían con sus seguros a los hijos del secretario general, en espera de que éste a su turno, los beneficiara en el momento de la adjudicación de espacios de televisión.
Parece difícil que se pueda cofigurar un escándalo político en estas operaciones, pues no sólo se trata de compañías particulares que son autónomas al respecto, sino que el proceso de la adjudicación de televisión fue colectivo en un comité integrado por nueve miembros, la mayoría de los cuales, en representación de la comunidad, eran bastante antigobiernistas. Ninguno de éstos ha insinuado jamás el más leve acto de favoritismo por parte de Montoya. Además de esto, hay otras consideraciones como que los seguros de Caracol los venía manejando Probolsa desde hace ocho años. En el caso de RCN, que podría dar pie a acusaciones de intrigas con Ardila Lulle, el resultado de la adjudicación -en donde no solamente le negaron, al igual que a Caracol, el noticiero, sino que le quitaron la telenovela- deja sin piso esta hipótesis.

EL BANCO DEL COMERCIO
Un tema menos trajinado, pero sobre el cual se anuncian grandes debates, es el del Banco del Comercio. Aquí las acusaciones consisten básicamente en que Germán Montoya como accionista y miembro de la junta directiva durante más de 20 años, es uno de los responsables de lo acontecido en esta entidad durante ese período. Fuera de la responsabilidad indirecta como miembro de la junta, se habla mucho de una responsbilidad directa como beneficiario de cuantiosos autopréstamos en condiciones privilegiadas, que habrían contribuido al deterioro patrimonial del Banco actualmente. Por último se le acusa de utilizar su influencia en el gobierno para financiar la solución del Banco en la actualidad por cuenta del contribuyente. Rescate que según el representante Darío Alberto Ordóñez, ascendería a 16 mil millones de pesos.
La familia Montoya es efectivamente accionista del Banco del Comercio. Sus acciones llegan al 5%. Montoya ha sido miembro de la junta durante todos estos años y en concecuencia la responsabilidad indirecta que se le atribuye sobre lo acontecido en la entidad es jurídicamente válida. El debate no radica en si es o no responsable de lo sucedido como miembro de la junta, sino en la naturaleza de lo que sucedió, y si es legal o no. El Banco del Comercio se quebró por insuficiencia de capital frente a las pérdidas de cartera. Aunque prácticamente de último, le sucedió lo mismo que le ha venido sucediendo a casi toda la banca privada desde 1982. Si bien los problemas del Banco del Comercio tienen igual o peor fama que los de las otras entidades que fueron objeto de escándalo en los últimos cinco años, a diferencia de la mayoría de éstas, no existe hasta el momento ninguna demanda por infracciones a las normas legales que rigen la operación bancaria en Colombia. El episodio, aunque cuantioso en volumen, es exclusivamente de carácter comercial y no penal.
La controversia que se ha suscitado alrededor de las actividades del Banco del Comercio, gira en torno de una presunta indelicadeza de los miembros de su junta, al verse beneficiados en forma exagerada de créditos del Banco, ya sea personalmente o a través de sociedades de las cuales eran accionistas o que controlaban. Se llegó a hablar en 1982 de créditos de esta naturaleza hasta por 3.200 millones de pesos. De esto hay algo de verdad y algo de exageración. Aunque autopréstamos en la connotación jurídica del término nunca hubo, según la investigación de la Superintendencia Bancaria, el hecho es que créditos sustanciales fueron otorgados a compañías en las cuales algunos miembros de la junta directiva tenían participación o responsabilidad en el manejo. En esta categoría estarían: Financo, de la cual era accionista la familia González Caicedo; Toyota, de la cual es accionista José Schneider; Paz del Río, de la cual es gerente Jaime García Parra, y Colmotores, de la cual es gerente y accionista Germán Montoya, para mencionar sólo algunos ejemplos. Estos créditos fueron investigados por todos los superintendentes bancarios desde 1982, quienes han llegado a la conclusión de que la presencia en la junta no representa una incompatibilidad y de que las condiciones de otorgamiento han sido las normales para el tamaño de las empresas en cuestión.
Otros créditos que han sido objeto de controversia son los que el Banco le habría otorgado, no ya a grandes empresas, sino a sociedades familiares de los miembros de la junta. En lo que refiere a sociedades en las cuales pudieran tener alguna participación miembros de la familia Montoya, el total de estos repartidos en varias empresas es un poco inferior a 100 millones de pesos. De acuerdo a la Superintendencia, también estos créditos fueron otorgados ajustándose a las tasas comerciales del mercado y con garantías reales.

OPERACION RESCATE
El debate anunciado no puede estar enfocado en los "autoprestamos" de Montoya, ya que según la Superintendencia Bancaria no existieron, sino en un presunto tráfico de influencias que podría presentarse en el hecho de que, él, siendo secretario general de la Presidencia, influyera en un rescate particularmente generoso para un banco del cual es accionista.
El "rescate generoso" en cuestión consiste en lo siguiente: si antes del 9 de agosto los accionistas actuales del Banco aportan capital nuevo de aproximadamente 6.200 millones de pesos, el Fondo de Garantías comprará con pacto de retroventa activos improductivos y cartera por valor aproximado de 16 mil millones de pesos, reconociendo el Banco intereses sobre esta suma durante el plazo pactado. Si los accionistas no logran reunir la suma antes de la fecha fijada por el Fondo de Garantías, este suscribirá el capital y el Banco sería nacionalizado.
Es difícil juzgar la generosidad de esta fórmula ya que en materia de rescates bancarios nada es absoluto. Como en el caso del Banco de Bogotá, el gobierno se encuentra frente al dilema de cómo salvar una entidad y a sus depositantes, sin tenderle una mano a los accionistas y administradores. La fórmula, producto de varios meses de estudio entre el Fondo de Garantías, el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, pretende ser menos controvertible que la del Banco de Bogotá, la cual ha sido criticada severamente como un regalo a los culpables del problema.
La meta de evitar la controversia seguramente no se cumplirá. En pleno estreno del sistema gobiernooposición, es difícil que esta última vaya a sacrificar un banquete tan suculento como "un rescate billonario al hombre más poderoso del régimen después del Presidente", según lo afirmó a SEMANA un socialconservador antimontoyista. En la práctica, a nadie que conozca cómo funciona la administración pública en Colombia, se le pasa por la imaginación que el presidente del Banco de la República, Francisco Ortega, o la gerente del Fondo de Garantías, Leonor Montoya -a pesar de la coincidencia de su apellido- o el superintendente bancario, sean el tipo de personas que confeccionarian una fórmula para hacer méritos con el secretario general de la Presidencia. Este, ni siquiera puede declararse impedido puesto que teóricamente no forma parte de ninguno de los cuerpos decisorios sobre el tema y no tiene autoridad jerárquica sobre los que deciden. Sin embargo, a primera vista, el tema es politicamente atractivo dado el enorme poder que se atribuye a Montoya en esta administración. Queda por ver si aguanta un debate.
En todo caso, si de aquí al 9 de agosto los accionistas del Banco del Comercio no logran capitalizar 6.200 millones de pesos, como es muy probable, el Banco será nacionalizado y el debate se muere.

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