EL CASO MORENO

El huracán de escándalos antigobiernistas que comenzó hace 15 días con Henry
Avila, un simple gerente de banco; que tumbó rápidamente al embajador Diego Pardo Koppel y que
tiene tambaleando al ministro de Desarrollo, Fernando Araújo, parece acercarse hoy a uno de los
funcionarios más cercanos al presidente Andrés Pastrana, el embajador en Washington, Luis Alberto
Moreno.
Un artículo publicado la semana pasada por el diario El Espectador señaló a Moreno como uno de
los protagonistas de un controvertido negocio de tierras en Cartagena conocido con el sonoro nombre
de Chambacú. De la lectura del artículo quedaba la sensación de que tanto el ministro de Desarrollo,
Fernando Araújo, como el ex director del Inurbe, Héctor García Romero, habían incurrido en actos
ilegales o de favoritismo oficial y que de alguna manera Luis Alberto Moreno se hallaba involucrado en
ello, si bien en una proporción marginal.
Sin embargo un repaso de las distintas conductas de Moreno durante su gestión como ministro de
Desarrollo no sólo no muestra actividad ilegal alguna sino que comprueba su celo por garantizar que
los bancos de tierras del Inurbe, incluyendo el famoso lote de Chambacú, se vendieran teniendo como
criterio único la oferta económica, con lo cual se garantizaba la transparencia. Moreno se opuso a la
adjudicación directa del lote, legal entonces al haberse declarado en dos oportunidades desierta la
licitación, promovió el uso de la subasta en la venta de lotes del Inurbe y no hizo parte del consorcio de
quienes se presentaron como proponentes en la licitación del lote de Chambacú.

Ataca 'El Espectador'
Pero la percepción que había quedado en la opinión días antes era distinta. De la lectura de los
artículos de El Espectador se desprendían conclusiones como las siguientes:
1. Chambacú, un predio de 27 hectáreas, situado frente al castillo de San Felipe, no había podido
ser desarrollado comercialmente por problemas de invasiones, títulos y conflictos entre entidades
oficiales interesadas. Por todo esto se había convertido en la mayor reserva urbanística de la ciudad.
2. Cuando Luis Alberto Moreno llegó al Ministerio de Desarrollo nombró como gerente del Inurbe al
ingeniero cartagenero Héctor García Romero, quien reactivó el debate sobre el futuro de ese terreno. Su
intervención, que incluyó un acuerdo con el municipio, cuyo alcalde era su primo Gabriel García
Romero, determinó el cambio de destino del predio, para permitir su desarrollo por el sector privado. La
escritura que protocolizó la cesión del terreno fue firmada por el ministro Moreno en Cartagena.
3. Estas decisiones del Inurbe desembocaron posteriormente, cuando Moreno ya no era ministro, en
una licitación del predio. La determinación del precio básico de la licitación la hizo la firma cartagenera
Araújo y Segovia, de la cual es socio el padre del ministro de Desarrollo, Fernando Araújo.
4. A la licitación solo se presentó un consorcio de tres sociedades de Cartagena formado por Fernando
Araújo.
5. Tan pronto este consorcio resultó favorecido los socios crearon la compañía Chambacú de Indias
S.A. (Chisa) para desarrollar el proyecto. A ésta ingresaron como accionistas: Fernando Araújo, el
actual ministro de Desarrollo; Héctor García Romero, ex gerente del Inurbe, quien había impulsado
el proyecto, y su esposa Marta Abondano, ex viceministra de Desarrollo; Sergio Espinosa, ex gerente
del Banco del Estado, y Rafael Pérez Lequerica, hijo del actual gerente del BCH.
6. A este grupo de accionistas se sumaron el ex ministro Moreno y su señora con un 5 por ciento.
La presentación de todo lo anterior no podía ser peor. Para un lector desprevenido de El
Espectador la imagen que daba el artículo no cuestionaba apenas la ética sino la legalidad de todo el
proceso.
Dado que la reputación de muchas personas está de por medio y el tema está siendo objeto de
investigación por los organismos oficiales, SEMANA ha reconstruido el caso y ha escuchado a la
mayoría de las personas que directa o indirectamente estuvieron cerca del mismo.
Como lo que flota en el ambiente es la sensación de que en el negocio hubo favoritismo oficial es
conveniente evaluar las particularidades de cada una de las instancias del proceso a fin de establecer
si en efecto éste se presentó.

El cambio de destinación
A mediados del año 90 la nueva política diseñada por la administración Gaviria para el Inurbe, luego de
la liquidación del ICT, determinaba que éste no debía desarrollar directamente los proyectos de
vivienda y urbanísticos sino conceder un subsidio a las clases sin casa, dejando en manos del
sector privado la construcción. Para esto se decidió entonces que todos los lotes del Inurbe fuesen
puestos en venta. Este proceso estaba en curso cuando se posesionó el ministro Luis Alberto Moreno
en agosto de 1992.
El lote ya había sido objeto de dos licitaciones a comienzos de 1990, a fines de la administración
Barco, las cuales fueron declaradas desiertas. Esto obedeció a que no se había definido la zonificación
del predio, pues existían conflictos entre el municipio de Cartagena, que lo quería como parque, y la
Nación, que necesitaba fondos para financiar sus planes de subsidio de vivienda.
En octubre de 1992 el Concejo de Cartagena le puso un ultimátum al terreno: si en dos años no se
iniciaba su desarrollo urbano sería expropiado y pasaría a manos del municipio. Esta polémica se
dirimió con un acuerdo por medio del cual el municipio se quedaba con 17 hectáreas para parques y el
Inurbe con 10 para desarrollo urbanístico. A través de este acuerdo el lote, que no tenía un uso
definido, se convertía en un predio legalmente explotable en una extensión de 10 hectáreas. El cerebro
del acuerdo fue Héctor García Romero, presidente del Inurbe, y la negociación la llevó a cabo con
su primo, que había sido elegido alcalde por esa época. El arreglo fue considerado justo y equitativo
para las dos partes: el municipio garantizaba su parque y el Inurbe un precio comercial por la venta de
su predio.

La adjudicación
Después de ser declarada desierta la licitación en dos oportunidades existía la facultad legal del
Inurbe para adjudicar el terreno directamente. Esta oportunidad fue aprovechada en noviembre de
1992 por Héctor García Romero, quien presentó una propuesta por escrito en la que ofreció pagar
5.138 millones de pesos. Cuando presentó su oferta García Romero aún no había sido nombrado
gerente del Inurbe. Lo hizo en nombre de su compañía de construcción.
La propuesta de García Romero fue estudiada en la junta directiva del Inurbe en diciembre de 1992,
junta que fue presidida por el ministro Moreno. En el acta correspondiente Moreno dejó una
constancia en el sentido de que ''dada la importancia del terreno para la ciudad de Cartagena, es
más conveniente invitar a otros proponentes como el municipio y los constructores privados". Esta
opinión, sumada a la negativa del entonces gerente del Inurbe Gabriel Jaime Giraldo Gaviria _quien
consideraba la propuesta inconveniente_, frustraron las aspiraciones de García Romero y llevaron
el proceso a una inevitable licitación.
En mayo de 1993 García Romero fue nombrado gerente del Inurbe por el presidente Gaviria. Fue desde
esta posición que García Romero logró que su primo reglamentara el acuerdo para liberar el
terreno y ponerlo en venta.
Aunque el proceso escogido para vender éste y otros terrenos del Inurbe es teóricamente conocido
como licitación, en la práctica no era más que una subasta de la que saldría ganador quien ofreciera la
suma más alta. En otras palabras, el criterio único de selección era la oferta económica y, a
diferencia de otras licitaciones, no contaban ni las condiciones técnicas de la firma ni la
experiencia. Consultados por SEMANA, los representantes de algunas de las firmas que estaban
interesadas en el terreno coincidieron en que las posibilidades de un acto de favoristismo oficial eran
mínimas en esas circunstancias.
García Romero renunció al Inurbe el 29 de octubre de 1993. Los primeros avisos invitando a la puja
aparecieron, sin embargo, sólo hasta el 4 de agosto de 1994 en vísperas de terminar el gobierno de
Gaviria. El nuevo gerente del Inurbe, Jorge Gabriel Taboada, un técnico que se ufana de haber
diseñado un proceso que logró vender lotes de la Nación por cerca de 50 millones de dólares, declaró
abierta la licitación el 17 de agosto. El terreno se había convertido en un sueño arquitectónico de varias
firmas nacionales e internacionales. Entre quienes se presentaron a retirar los pliegos de condiciones
se encontraban el constructor bogotano Pedro Gómez, el ex alcalde de Cartagena Humberto (Tico)
Rodríguez Puentes, la firma del famoso arquitecto español Ricardo Bofill, Arquitectos e Ingenieros, y
un consorcio compuesto por Armar S.A., Equipos A y C y Construcciones Técnicas.
En vista de que el Instituto Agustín Codazzi no había respondido una petición de avalúo del terreno
formulada por el Inurbe la entidad decidió contratar a una empresa particular. Este es un
procedimiento legal, según explicaron ex funcionarios del Inurbe a SEMANA. Lo que dejaba un mal
sabor es que justamente la firma que fue escogida para el avalúo fuera propiedad del padre de
Fernando Araújo, integrante del consorcio que estaba interesado en el terreno. El ministro Araújo dijo a
SEMANA que la firma de su padre es la de mayor tradición de Cartagena y que no le preocupaba
la incompatibilidad por cuanto la propuesta del consorcio (por 12.000 millones de pesos) superó no
sólo este avalúo (por 9.700 millones de pesos) sino también uno que hizo con posterioridad, pero antes
de la presentación de ofertas, el Instituto Agustín Codazzi (por 11.500 millones de pesos).

Propuesta solitaria
El entusiasmo inicial por el predio se fue apagando por diversas razones. Pedro Gómez resolvió no
participar en la licitación porque se quedó esperando un certificado de uso del terreno, que
consideraba fundamental para la compra. El grupo de Bofill consideró que una propuesta de tal
magnitud "necesitaba más tiempo para un estudio más profundo" teniendo en cuenta que en los
pliegos existían tres hectáreas de 'invasión'. Civilco consideró el negocio "muy arriesgado" y el
Banco de Bogotá, que había sido invitado por Taboada pero que no retiró pliegos, desistió porque
había ganado otra licitación similar en Villavicencio. De manera que el único proponente en firme
era el consorcio de Cartagena, que fue anunciado como vencedor en octubre. El lote fue vendido por
12.000 millones de pesos pagados en bonos de deuda del mismo Inurbe. Para ello el consorcio había
acordado con el Banco de Colombia el crédito en bonos con la inmediata constitución de un
fideicomiso inmobiliario en favor de Banco de Colombia y Granahorrar. "El consorcio solo fue dueño
del lote 30 minutos", dijo García Romero. "A partir de esa media hora ya era de los bancos".
El consorcio cambió de nombre y se transformó en la sociedad Chambacú de Indias S.A., la cual
invitaría posteriormente a otros constructores e inversionistas a participar en el negocio de la
promoción del proyecto, entre quienes se contó Héctor García Romero, quien adquirió el 15 por
ciento de la sociedad. Tiempo después, en marzo de 1995, la sociedad invitó a Luis Alberto Moreno a
participar accionariamente. Moreno adquirió el 2,5 por ciento y su esposa otro 2,5 por ciento.

El dilema etico y legal
¿Por qué a Luis Alberto Moreno no se le ocurrió que su decisión de participar en una sociedad cuya
supervivencia dependía de la explotación de un lote sobre el cual él se había pronunciado como
ministro podía meterlo en problemas? La abogada de Moreno, Marcela Monroy, tiene varias razones.
Una, porque siendo ministro _desde el 10 de julio de 1992 hasta el 23 de enero de 1994_ no
adjudicó ni intervino en las oportunidades que se presentaron ofertas del predio, salvo para impedir que
se adjudicara directamente. Otra, porque no tenía intereses económicos en ninguna de las
sociedades del consorcio y porque su intervención se limitó a participar en su calidad de ministro de
Gaviria en un acto protocolario en Cartagena de Indias como testigo de la cesión del lote. Además,
agregó la abogada de Moreno, la vinculación de éste a Chambacú de Indias se produjo 16 meses
después de la cesión, cuando los inmuebles ya no pertenecían al Inurbe. Marcela Monroy considera
que estas son razones suficientes para que la Procuraduría archive el caso. Existen quienes,
amparados en legislación de época de Lleras, hacen alusión a un principio general del radar de
incompatibilidades e inhabilidades del Estado según el cual los funcionarios públicos quedarían
inhabilitados de por vida para gestionar asuntos que estuvieron directamente a su cargo. Obviamente,
hay que definir cuáles son las responsabilidades directas de un ministro, pues no pueden ser las de
todos los institutos a su cargo. Es obvio que cada caso debe ser revisado con todos sus matices
para definir si la intervención del funcionario fue definitiva o no como para dejarlo impedido de manera
tan dramática. Marcela Monroy agrega que existe jurisprudencia en que queda claro que para
efectos sancionatorios esta interpretación tiene que ser restrictiva.
¿Cuáles son la conclusiones de todo la anterior en relación con el papel jugado por Luis Alberto
Moreno? En primer lugar, es conveniente puntualizar que desde el momento en que se decidió que la
adjudicación se hiciera a través de un mecanismo de subasta prácticamente se eliminó el margen en
este negocio para actos de favoritismo oficial. Como sucedió en el caso de la telefonía celular, cuando
el Estado se limitó a venderle al mejor postor, hay una claridad en el negocio que no existe cuando se
adjudica a dedo.
Por otra parte, cada uno de los oferentes tenía que hacer su oferta en un sobre sellado y ninguno podía
saber ni cuántos se iban a presentar ni qué oferta presentaría la competencia. Además de esto, la
licitación no fue abierta durante la gestión ministerial de Moreno sino durante la de su sucesor en la
cartera de Desarrollo, Mauricio Cárdenas, año y medio después. Quien adjudicó finalmente fue Rodrigo
Marín, durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando se había presentado ya un rompimiento total
entre el samperismo y el pastranismo como consecuencia de los narcocasetes.
Así las cosas, Moreno no tuvo incidencia ni en la licitación ni en el resultado de ésta. Donde sí jugó un
papel real fue en la etapa anterior a la licitación, en la cual se opuso a ejercer las facultades que tenía
para otorgar el terreno en adjudicación directa y dio la orden de que se estudiaran alternativas
diferentes. Esta decisión fue la base para que sus sucesores pusieran en práctica el mecanismo
de la subasta que, por definición, es transparente.
En otro aspecto en el cual Moreno fue clave fue en apoyar el acuerdo entre el municipio de Cartagena
y la Nación, que finalmente tuvo como consecuencia que parte del terreno fuera urbanizable y puesta
en venta. Esta fue una contribución muy positiva para sacar el proyecto del limbo jurídico-político en
el que se encuentra desde hace años. Hoy es posible afirmar que donde Moreno actuó lo hizo de
manera definitiva para evitar que fuera adjudicado a dedo y así garantizar la mayor transparencia del
proceso.
Donde el ex ministro pudo haber cometido un error de criterio fue en la compra, con su esposa, del 5
por ciento de la sociedad cerca de dos años después de su retiro. Aunque el problema no es de
carácter jurídico o ético sí fue un acto que puso en manos de sus adversarios políticos elementos
suficientes para formarle el problema que lograron crearle la semana pasada.