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| 5/31/2013 12:00:00 AM

El caso de la niña abusada que estremece a Medellín

Una juez ordenó que una menor que fue abusada sexualmente regrese a donde está el presunto victimario.

El caso que prendió las alarmas en Medellín sobre el papel de la justicia en los abusos sexuales a menores de edad todavía no ha terminado. La abogada Ángela María Ocampo continúa luchando por la custodia de una niña que hoy tiene 10 años. A sus tres años de edad se descubrió que había sido abusada sexualmente, presuntamente por su padrastro.

Ahora Ocampo, quien es prima segunda de la menor, está a punto de perder la custodia después de siete años de tenerla porque la juez Cuarta de Familia de Medellín, Luz Eugenia Hernández Marín, ordenó este jueves que la niña tiene que vivir con su madre, quien aparentemente todavía vive con el hombre que habría abusado sexualmente de la menor.

La decisión se tomó a pesar de que diferentes sicólogos determinaron que la niña presentaba ansiedad y ausencia de cariño cuando se reunía con su mamá. “Se hizo un proceso de empatía con la niña. Todo iba bien hasta cuando se le preguntó por su mamá. La niña inmediatamente se pone muy ansiosa, dispersa y empieza a hacer brotes emocionales muy fuertes, como por ejemplo, llora o se molesta por cualquier cosa”, declaró la sicóloga Mónica Bejarano ante una juez de familia en Medellín, cuando la Corte Suprema de Justicia le pidió al ICBF que evaluara los encuentros entre ambas. 

Este viernes la niña tenía que comparecer ante la regional Antioquia del ICBF par acatar la orden del juez y regresar con su mamá, pero no lo hizo. “No la llevamos por las súplicas, los temores y el shock que tuvo cuando le dijimos la noticia. La orden implica un desarraigo abrupto a lo que ha sido su ambiente familiar durante estos 10 años”, explica Ocampo. 

Esta abogada asegura que la decisión de que la menor viva con su madre y con la persona que habría abusado de ella es un procedimiento que podría implicar daños en la salud mental de la niña. “Incluso, algunos sicólogos nos han demostrado que si regresa, ella podría atentar contra su propia vida”, declaró Ocampo.

Ángela María, su hermana Olga Lucía y el padre de la menor (quien es el primo de ellas) ahora continuarán los procesos legales para defender la voluntad de la niña. Aunque presentaron una tutela contra la decisión, Ángela María cree que no existirá mucha imparcialidad porque los funcionarios que la recibirán son los mismos que la han enviado a la cárcel en diferentes ocasiones por defender a su prima segunda. 

“Estamos suplicándole a ICBF sede Nacional que no vayan a actuar a la fuerza. El pasado jueves, cuando estábamos ante el juez, vimos cómo la mamá le empezó a preguntar a miembros de la Procuraduría y la Defensoría qué podía hacer si la niña se negaba. Sólo queremos que se escuchen las voces de la menor y que se respete su salud mental”.

Así comenzó la historia

La niña es hija de un primo de Ángela María y ella era quien la custodiaba mientras sus padres trabajaban. Los padres de la niña se separaron, pero la abogada mantuvo el contacto con la familia y seguía cuidando de la pequeña. Un día del 2006, la niña llegó con comportamientos extraños. Los estudios sicológicos revelaron que pudo haber tenido experiencias sexuales y haber presenciado episodios de violencia.

De hecho, en versiones conocidas por Semana.com, gente cercana a la madre y a su nuevo novio comenta la violencia interna del hogar. Para proteger a la menor, una comisaría de familia entregó su custodia a la abogada Ángela María, quien además interpuso una denuncia contra la mamá y el padrastro de la niña.

A pesar de tener ese proceso penal en curso, un juez le permitió a la mamá visitar a su hija, pero la abogada interpuso una tutela que finalmente resolvió la Corte Suprema al decidir que para que la menor pudiera verse con su madre, el ICBF debía hacer una valoración de los encuentros entre ambas durante cuatro sesiones de dos horas semanales. Esa evaluación debía definir si, en últimas, la niña podía seguir viendo a su madre o si los encuentros podrían ocasionarle afectaciones físicas o sicológicas.

El ICBF ordenó, entonces, que se hicieran los encuentros, pero no sólo para observar a la mamá con la niña, sino que se debían aplicar otras herramientas diagnósticas como entrevistas, pruebas y sesiones de juegos, que permitieran evaluar el comportamiento de la niña junto a su madre.

La regional Antioquia del Instituto delegó este ejercicio a la Fundación Lucerito. Los encargados fueron tres sicólogos de esa ONG y uno del ICBF, quienes notaron en las sesiones ausencia de cariño y la ansiedad de la niña. En una ocasión, la menor pidió suspender el encuentro antes del tiempo establecido. Sin embargo, dieron un concepto favorable para que la mamá siguiera viendo a la niña.

Después, ante los estrados judiciales, los sicólogos reconocieron que la valoración fue precaria, que el ejercicio no era suficiente para emitir el concepto, que no tuvieron contacto con la niña, que no conocieron su caso a fondo y que no aplicaron pruebas. El propio ICBF descalificó el concepto de los sicólogos en una comunicación enviada a la madre de la niña.

Por esa razón la abogada Ángela María no permitió los encuentros de la menor con su mamá. Otra especialista valoró de nuevo a la pequeña. Ante una juez de familia en Medellín, la sicóloga Mónica Bejarano describió el procedimiento que aplicó en su evaluación y explicó que la niña se pone muy ansiosa y tiene brotes emocionales muy fuertes. 

Finalmente, el veredicto de la experta fue adverso a los encuentros de la niña con su madre. “No se recomienda que la niña tenga contacto con su madre, figura que no representa protección, sino, al contrario, genera inseguridad, ansiedad generalizada que se manifiesta en irritabilidad, hiperactividad y la no culminación de varias actividades que deja iniciadas”.

A pesar de que el ICBF no avaló el concepto inicial de la Fundación Lucerito y de que la sicóloga Bejarano hizo un análisis completo del caso, la juez ordenó la continuidad de las visitas. Como la abogada no ha permitido los encuentros, para proteger a la niña, la madre interpuso un desacato a la tutela, lo que desembocó en seis arrestos domiciliarios. Es decir, Ángela Ocampo, quien ha hecho todo tipo de esfuerzos para proteger a la menor, ha estado y podría ir nuevamente a la cárcel por ese desacato.
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