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| 6/12/2010 12:00:00 AM

El caso Plazas Vega

La condena a 30 años contra el ex coronel sacó a flote el profundo malestar de los militares. ¿Qué implicaciones tiene para la democracia y la conducción de la guerra?

El fallo de la juez que condenó a 30 años al coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 sobrevivientes en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 ha creado un terremoto en la institución militar que no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Apenas se conoció la noticia, la cúpula militar fue de urgencia a reunirse con el presidente Uribe para expresarle, en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Militares, lo que significaba esa condena para la moral de la tropa, el honor militar y la futura conducción de la guerra. Para los militares estaba todo en juego. Tanto así, que el gobierno interrumpió la programación de televisión y el Presidente apareció ante los colombianos pocas horas después rodeado de la cúpula y de su ministro de Defensa. El mensaje fue claro: había "dolor y desestímulo" en las filas, los colombianos debían "abrazar a sus militares" y era necesario pensar en "una legislación que rodeara de garantías a las fuerzas armadas".

Muchos colombianos pudieron interpretar la alocución del Presidente como un desafío a la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que el proceso contra el coronel Plazas Vega sigue vivo y espera una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Más aún cuando la semana anterior el propio Uribe había salido lanza en ristre a descalificar a los jueces y a la propia Corte Suprema luego de que una juez ordenó la captura de un alto funcionario del gobierno por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.

Este ambiente de fuego cruzado entre el Presidente y el poder judicial ha levantado una cortina de humo frente al debate de fondo con los militares, donde la condena contra Plazas Vega fue solo la gota que rebosó la copa. El malestar en el Ejército se ha venido incubando de tiempo atrás. Se está formando una tormenta perfecta donde confluyen varios elementos: una justicia penal militar débil, una justicia ordinaria que juzga casos que deberían estar en cortes marciales, la revelación de hasta dónde llegaron los lazos entre militares y paramilitares, y el impacto sicológico, moral y judicial de los falsos positivos.

Desde distintos frentes se ha sentido el profundo descontento militar. El general Padilla salió a los medios a decir que los soldados no tienen las garantías judiciales; el general (r) Jorge Enrique Mora reveló que los soldados tienen la moral en el piso y ya no saben si combatir o no; y todas las asociaciones de militares activos y en retiro firmaron un duro manifiesto de nueve puntos donde defienden al coronel Plazas Vega, tildan a la Fiscalía de "desenfrenada y vengativa" y dejan constancia de que nunca antes la fuerza pública había estado tan indefensa. La situación es tan delicada que algunos analistas se han atrevido a plantear que por ello no ha vuelto a haber golpes contundentes contra la cúpula de las Farc desde el bombardeo a Raúl Reyes y la Operación Jaque, en 2008.

El problema no es, como muchos sectores de la extrema izquierda lo ven, que los militares quieren volver a imponer un fuero militar que los blinde de toda acción de la justicia frente a las violaciones de derechos humanos, como ocurrió durante muchos años. Pero tampoco es, como sectores de la extrema derecha creen, que se trata de una sofisticada estrategia de guerra política orquestada por la guerrilla para bloquear las operaciones del Ejército y enredar judicialmente a sus comandantes. Seguramente habrá algunos militares que tengan rabo de paja y quieran a toda costa volver a un fuero más fuerte para taparse con esa cobija. Y no hay duda de que también hay muchas ONG manipuladas por la guerrilla que inundan la Fiscalía con demandas a coroneles y capitanes. Pero estos dos fenómenos son minoritarios y ninguno explica el verdadero problema.

El caso de Plazas Vega, mucho más allá de lo que ocurra con su destino judicial o de su drama personal, va al corazón de ese problema: el de las relaciones entre civiles y militares, el del alcance del fuero militar, pero también el de poner a pensar a la sociedad sobre la posibilidad de un acuerdo político para una reconciliación nacional luego de un proceso de paz. El tema es complejo pues el affaire Plazas Vega reúne, en un caso emblemático, los desafíos de una democracia amenazada por actores armados y poderes mafiosos, los alcances de una amnistía a un grupo guerrillero -el M-19- y la relativización de la justicia con los paramilitares.

El malestar de los militares se podría resumir en dos puntos concretos: el progresivo debilitamiento de la justicia penal militar y la asimetría en el tratamiento judicial entre los militares que han defendido las instituciones y son condenados a 30 años, y los jefes guerrilleros y paramilitares que han cometido los peores actos terroristas y que o fueron amnistiados, o tienen penas de menos de ocho años.

En este último punto es difícil entender para un ciudadano común que los jefes guerrilleros del M-19 que ordenaron tomarse el Palacio de Justicia hayan sido indultados y estén hoy en la política o en embajadas, y los militares que dirigieron la retoma del Palacio sean condenados a 30 años -como el caso de Plazas Vega-. Puesto así, en blanco y negro, se vislumbra una gran injusticia.

Pero la realidad nunca es tan maniquea. Por un lado, hay que recordar que los guerrilleros del M-19 entraron en un proceso de paz con el gobierno, entregaron las armas y fueron amnistiados por dos leyes expedidas por el Congreso, uno de cuyos ponentes fue el entonces senador y hoy presidente Álvaro Uribe. La sociedad los indultó, se reintegraron a la vida civil y se sometieron a las reglas del juego como ocurre con todas las negociaciones de paz del mundo.

Por otro lado, la condena de la juez contra Plazas Vega se dio por la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y luego fueron supuestamente torturadas y asesinadas. Es obvio que un acto de esa naturaleza no tiene nada que ver con defender la democracia. Por eso nadie duda de que si Plazas Vega dio la orden de desaparecer a estos sobrevivientes merece una condena ejemplarizante. La polémica aquí está en la supuesta debilidad de las pruebas que argumenta la defensa y los cuestionamientos sobre si la responsabilidad del coronel como jefe de la operación fue directa o indirecta (ver siguiente artículo).

Pero más allá de la valoración probatoria y de si Plazas es culpable o inocente, el caso trasciende el episodio del Palacio de Justicia y tiene que ver con la manera como una sociedad reabre su pasado. ¿Los colombianos quieren afrontar esas heridas dentro de un marco de memoria y reparación o desde un marco de aplicación estricta de la justicia desempolvando expedientes como lo ha hecho el juez español Baltasar Garzón? En otras palabras, ¿deben ser los tribunales los que salden la deuda histórica de la violación de los derechos humanos ocurridos en la guerra?

Más allá del grado de justicia que sea necesario, no se puede soslayar la dimensión política e institucional de este debate. Hay que tener una lectura más universal, que mire ese pasado de una manera integral, que interprete el contexto histórico, que palpe los miedos de la sociedad y que entienda las lógicas políticas, militares y sociales del conflicto. De la retoma del Palacio de Justicia, de los vínculos entre paramilitares y militares, o de la penetración de la mafia, entre otras.

Gran parte de lo que ha salido a flote 20 años después se debe a que ha sido imposible establecer la verdad. Por eso, crear una Comisión de la Verdad para poder exorcizar ese pasado que sigue persiguiendo al país no es descabellado y debería estudiarse.

El otro elemento de la asimetría es el de cómo una sociedad puede asimilar condenas judiciales draconianas a sus militares, mientras jefes paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz reciben penas irrisorias frente a la magnitud de las atrocidades cometidas por sus hombres en armas.

Frente a esta relativización de la justicia, que desde el punto de vista político tiene una explicación, pero desde el punto de vista moral deja perpleja a la sociedad, se perfilarían dos caminos. El primero, impulsar una ley de punto final que cobije a los militares. Pero con un conflicto armado vigente, con una justicia cada vez más globalizada, con los tratados que ha suscrito Colombia y con delitos de lesa humanidad que no prescriben, esta figura sería prácticamente inviable frente a la comunidad internacional. El segundo camino es el más seguro y el que debería seguir el país: fortalecer la justicia penal militar para los delitos cometidos claramente en el contexto de la guerra, y que la justicia ordinaria siga investigando los que sin duda alguna tienen fines criminales o son violaciones de los derechos humanos.

El hecho de que hoy la Fiscalía esté investigando a oficiales de alta graduación, incluidos generales, que hasta hace poco se consideraban héroes de la patria es, en buena medida, consecuencia de la inoperancia de los tribunales militares. En los años 80 y 90 el fuero se usó en muchas ocasiones como un escudo para cometer desafueros contra la población civil, como ocurrió con las macabras alianzas que realizaron los militares con los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio y Urabá, por mencionar solo dos casos. Masacres como la de La Rochela, los 19 comerciantes o Mapiripán llevaron a que Colombia fuera condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada la impunidad en que quedaron estos crímenes.

Casos como el del bombardeo de Santo Domingo, en Arauca, que a todas luces debía ser juzgado en un tribunal militar, terminó en la justicia ordinaria por la propia torpeza de la cúpula del momento, la cual decidió negar el hecho de que pilotos de la fuerza aérea hubieran bombardeado ese caserío. Solo cuando la Fiscalía avanzó en la investigación de la muerte de 17 personas y pudo comprobar que una bomba cluster había sido lanzada, la FAC admitió su responsabilidad, para ahí sí exigir que el caso pasara de nuevo a los tribunales militares. Otro ejemplo que ilustra este dilema es el de la masacre de San José de Apartadó. La justicia militar concluyó que no había tropas en la zona donde fueron degolladas dos familias, pero luego se demostró que por lo menos dos compañías actuaron conjuntamente con los paramilitares. Este episodio hizo que la justicia militar perdiera no solo credibilidad, sino que se convirtiera en una institución de papel.

Porque si bien los militares hoy dicen que el fuero existe en todos los Ejércitos respetables del mundo, también es cierto que las justicias castrenses en democracias fuertes suelen ser más duras. Justamente porque se entiende que si una sociedad les entrega a los militares el poder y el monopolio de ejercer la violencia, también tiene que ponerles controles y castigos más severos, si no quiere que sus ejércitos se conviertan en hordas de bárbaros.

La actuación de la justicia contra los militares en casos de derechos humanos es una consecuencia directa de su proceso de modernización y también un efecto de la globalización de la justicia en el mundo entero. Colombia no es una excepción. Basta leer los periódicos de Argentina, Perú, Guatemala y otros países para darse cuenta de que se trata de una tendencia global.

En el caso colombiano, el Plan Colombia resultó crucial para empezar a cerrar el capítulo de la impunidad endémica en derechos humanos. La Enmienda Leahy obliga a los militares a cumplir con unos estándares de guerra limpia, sin los cuales no hay plata del gobierno de Estados Unidos. Por eso, cuando se acusa a los jueces de hacer una guerra jurídica impulsada por la guerrilla se olvida que los congresistas y el propio gobierno de Washington han estado apoyando a la Fiscalía para lograr esclarecer estos crímenes.

Basta recordar la masacre de Jamundí, en la que una patrulla del Ejército masacró a una patrulla élite de la Policía que estaba persiguiendo al narcotraficante 'Don Diego'. Este hecho, que los militares presentaron como un accidente entre tropas, resultó ser una emboscada para proteger a un capo de la mafia protegido por el Ejército. Tan abundante era la evidencia en este caso que la Fiscalía la investigó desde el primer momento. Poco después, el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó un acuerdo que, lejos de arrebatarles el fuero a los militares, como lo sugieren algunos, cumple con lo que ordenó la Corte Constitucional: que en caso de violaciones a los derechos humanos es la justicia civil, y no la militar, la que debe encargarse del proceso. Ello en el entendido de que la función de los militares es combatir con combatientes, y que los atentados contra los civiles son un desafuero.

Pero que la Fiscalía investigue no garantiza que la justicia sea más eficiente, más rápida ni más justa. La justicia ordinaria tiene graves fallas frente a la lógica castrense, y hay una falta de capacitación de los jueces para entender los protocolos de la guerra, que por complejos y técnicos ameritan una justicia especializada. La congestión es otro aspecto que conspira contra la rapidez, y sin duda también la presión política que hay en casos como los de los falsos positivos, donde la sensibilidad de la opinión pública está exacerbada y nada distinto a una condena es considerado justicia.

Sin embargo, lo único que no puede hacer Colombia, en aras de proteger a sus militares, es retroceder en los logros que se han tenido en materia de derechos humanos. Que haya una justicia creíble y capacitada es esencial para la democracia. Y que su Ejército actúe dentro de la ley es crucial para que el Estado sea legítimo. Por eso el balance necesario es cómo seguir avanzando en el respeto a los derechos humanos y contra la impunidad sin deteriorar el fuero militar necesario para ganar la guerra, y con unos tribunales militares y civiles con capacidad de impartir justicia.

Hay por lo menos tres acciones que deberían emprenderse. La primera es que se fortalezca la justicia penal militar y entre en vigencia el nuevo código que la convierte en un sistema oral en reemplazo de trámites escritos interminables. Pero se necesitan recursos y profesionalización para que no sea tan inoperante como en el pasado. En segundo lugar, fortalecer la capacidad de la Fiscalía para juzgar a los militares que han cometido delitos por fuera del servicio. Y, quizá más importante, pensar si se requiere una reforma más profunda que cree, por ejemplo, una sala mixta de militares y civiles en la Corte Suprema de Justicia para darle credibilidad y altura a un tema tan crucial para el país.

Todos los elementos mencionados anteriormente han vuelto a estar sobre el tapete por cuenta de la condena a 30 años de cárcel al coronel Plazas. Esta ha divido a la opinión pública y ha ofendido a los estamentos militares. Queda por verse cuál será el veredicto final de las instancias que están aún pendientes. Sin embargo, la parábola del caso Plazas es que, más allá de si es culpable o inocente, no todo se vale en la guerra.
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