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| 2/15/2017 10:34:00 PM

El caso Zapa llega a la oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza

Semana.com revela el pronunciamiento de la ONU en el que se exige que Colombia ofrezca garantías de seguridad a los familiares de Jairo Zapa Pérez, exdirector de regalías de Córdoba desaparecido y asesinado. En el lento proceso hasta el gobernador Lyons ha sido mencionado.

El ingeniero Jairo Zapa Pérez fungía como director de regalías de Córdoba, su firma estampada en los documentos oficiales tenía el poder de aprobar al instante el desembolso de multimillonarios recursos. Y la falta de ésta también podía dejar en el congelador los más significativos macro-proyectos del departamento. Pero extrañamente Zapa desapareció el 27 de marzo de 2014 y de él no se vino a saber sino cuatro meses después, cuando un detenido salió de prisión para guiar a la Fiscalía hasta un hoyo en un predio aledaño a una propiedad del padre de Alejandro Lyons, gobernador de Córdoba.

El cadáver de Zapa apareció sepultado en un costal. Sus restos contaban con poco tejido blando, indicativo que había sido asesinado varios meses atrás. Su fosa fue hallada gracias a la colaboración de Joyce Rafael Hernández, quien estando en prisión confesó haber cometido el crimen, por el que están detenidos un grupo de funcionarios y contratistas a los que la justicia tiene en la mira por haber sido los últimos que estuvieron con la víctima. Pero también porque el relato de Hernández presenta inconsistencias. El testigo confeso dijo que el crimen ocurrió por un incidente pasional y luego tuvo serias dificultades para dar con el punto en el que decía haber inhumado el cadáver. Además, no resulta nada claro por qué el crimen de Zapa se cometió a kilómetros de donde fue hallado ni cómo es que el cuerpo fue trasportando únicamente por Hernández en una moto.

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Para la Fiscalía tras el crimen de Zapa realmente se oculta un pavoroso entramado de corrupción. Y tal vez también a ello responde lo que posteriormente le ha ocurrido a la familia de la víctima y a sus abogados. A medida que la investigación ha intentado avanzar han surgido una serie de episodios, los que ahora motivan un pronunciamiento oficial del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada desde Ginebra, Suiza.

María Isabel Valencia, viuda Zapa, y su primer abogado, recibieron amenazas en Montería luego de que rechazaran la versión aportada por Joyce Hernández. “No quiero que haya impunidad en este caso, así caiga quien tenga que caer pues a mi esposo lo mataron por el ejercicio de sus funciones como director de la Oficina de Regalías de la Gobernación de Córdoba”, dijo a los medios de comunicación Valencia en agosto de 2014. Y tras ello la viuda tuvo que salir del país porque su vida corría peligro.

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Por su parte, los padres del ingeniero asesinado, Fausto Zapa y Myriam Lucía Pérez de Zapa salieron de Córdoba y están ocultos luego de que varios hombres armados ingresaron a su casa en Montería y los intimidaron al tiempo que revolcaron entre los archivos en búsqueda de documentos. Similar suerte ha corrido Fausto, Iván Darío, Elkin Rafael y Katia Zapa Pérez, los cuatro hermanos de la víctima quienes fueron amenazados y están ocultos. Adicionalmente, ni la familia intimidada ni sus abogados comprenden porque a pesar de la situación y sus reiteradas peticiones ha resultado imposible que el proceso sea trasladado de Montería a Bogotá.

En un documento de tres páginas el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas cuestiona que la Unidad Nacional de Protección en Colombia haya ponderado como “de ordinario” el nivel de riesgo de la familia Zapa negándose con ello a ofrecerles algún tipo de esquema que garantice su seguridad, tal como ocurrió también con sus abogados Juan Felipe Amaya y Claudia Durán Garzón.

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En vista de ello el Comité insta al Estado de Colombia para que se realice una nueva “evaluación actualizada y real de su situación de riesgo”. La ONU dice estar preocupada por el caso y requiere formalmente al Estado de Colombia para que adopte de inmediato “todas las medidas de protección que sean necesarias” para la familia Zapa y sus abogados. Finalmente, el Comité le solicita a Colombia que informe de las determinaciones adoptadas antes del 8 de marzo del 2017. El requerimiento de Naciones Unidas fue enviado desde Ginebra, Suiza, a la Cancillería de Colombia desde donde deberá surtir el trámite correspondiente.

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