El ‘Cebollero’ perdió una nueva batalla judicial

Jesús Alirio Buitrago, alias el ‘Cebollero’ acaba de perder una nueva batalla judicial: la tutela que su mamá, María Antonia Hurtado de Rendón -de 92 años- presentó el pasado 16 de abril para que su hijo fuera trasladado de la cárcel de Jamundí (Valle) a la de Itagüí (Antioquia).

María Antonia aseguró en su solicitud que su hijo fue trasladado de forma arbitraria al Valle y que eso “ha causado restricción a sus derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y los derechos de las personas de la tercera edad y, por ende, a la unidad familiar”. La mamá del ‘Cebollero’ alegó que por la lejanía de la cárcel ella no puede estar cerca de él y que le están “impidiendo que los últimos días de su vida le permitan por lo menos tocarlo”.

Sin embargo, el juzgado Primero de Familia negó el recurso que le imposibilita al ‘Cebollero’ regresar a la ciudad donde por años fue amo y señor.

Casi simultáneamente con la negativa, el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, se refirió este viernes a la detención de Rendón. Dijo en tono vehemente que mientras él fuera el director de ese organismo, “el ‘Cebollero’ no volverá a Itagüí y menos a Medellín”. Sin embargo, dejó la puerta abierta a acatar cualquier orden judicial que le imponga un eventual traslado de este recluso.

Pero las preocupaciones del oficial, por ahora, están a salvo ante la negativa del juzgado primero de familia, que cerró toda posibilidad para que Rendón cumpliera con su cometido.

No era la primera vez que Rendón hiciera una intentona para volver a una cárcel en territorio antioqueño. En enero pasado, su abogada, Sandra Milena Giraldo, solicitó a través de una tutela que su cliente fuera trasladado de Valle a Antioquia con el pretexto de que éste debía estar cerca de un centro hospitalario, pero la tutela le fue negada.

¿Quién es el ‘Cebollero’?

Durante varias décadas, el ‘Cebollero’ fue cabeza de un imperio criminal dedicado a, según la Fiscalía y los jueces que lo han condenado, la extorsión y lavado de activos.

Por años, las autoridades nacionales y extranjeras estuvieron tras él. Pero logró estar a salvo de requerimientos judiciales por cuenta de una sofisticada fachada como prestante empresario de licores, transporte y abarrotes.

En el 2008, la Fiscalía pudo procesarlo y un juez lo condenó a 32 años y siete meses de prisión por lavado de activos, sentencia que fue ratificada por un tribunal. La condena fue rebajada a 13 años y al pago de 12.000 millones de pesos de multa.