El cheque del Tío Sam

Casi siempre las buenas noticias vienen acompañadas de fuertes controversias. Esta vez no podía ser la excepción. El anuncio del gobierno de Bill Clinton de entregar a Colombia cerca de 1.600 millones de dólares en los próximos tres años para su lucha contra el narcotráfico levantó ampollas en ambos países. La polémica desatada tiene que ver tanto con el monto de la ayuda como con las implicaciones de la misma. Luego de que el presidente de Estados Unidos declarara que a Colombia y a sus vecinos no se les podía dejar solos en su lucha contra el tráfico de narcóticos se empezaron a escuchar con la misma intensidad voces de rechazo y de respaldo a la propuesta. En Colombia el primero en celebrar la decisión estadounidense fue el presidente Andrés Pastrana, quien afirmó que se trataba de una buena nueva y se declaró satisfecho con el anuncio. Para Pastrana las palabras de Clinton se convirtieron en un espaldarazo al Plan Colombia, cuyo propósito es la búsqueda de asistencia internacional para la lucha contra el delito del narcotráfico. El embajador Luis Alberto Moreno también se mostró satisfecho con el anuncio y resaltó que se trata de una ayuda sin condicionamientos. Sin embargo hubo otros sectores que no mostraron la misma complacencia de Pastrana y Moreno. Las primeras voces de alerta se escucharon en el propio congreso de Estados Unidos, inclusive mucho antes de que Clinton hiciera oficial el anuncio. En efecto, un grupo de parlamentarios demócratas expresaron públicamente sus reservas sobre el destino final de algunos rubros. Dos de estos congresistas —Patrick Leahy y Edward M. Kennedy— enviaron a finales de diciembre del año pasado una carta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en la que condicionaban su respaldo al hecho de que se cortaran todos los posibles vínculos entre funcionarios de las fuerzas de seguridad colombiana y los grupos paramilitares. “La captura de líderes paramilitares será una importante medida del compromiso del gobierno colombiano en este punto”, dicen los congresistas en su carta a Albright. El senador Leahy es uno de los voceros más reconocidos en la defensa de los derechos humanos en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, es el autor de la famosa ‘Enmienda Leahy’, que establece la negativa de asistencia económica a aquellos países que tengan funcionarios de las Fuerzas Armadas implicados en violación de derechos humanos. Pero en Estados Unidos no fue la única parte donde se escucharon voces inconformes. En Colombia también. Raúl Reyes, uno de los voceros de las Farc, afirmó que esa ayuda tiene como fin “incrementar la guerra y hacer más difícil el proceso de paz y negociación que se viene adelantando hoy con el gobierno”. Reyes llamó “apátridas” a quienes se mostraron complacidos con el anuncio de Clinton. El problema en cifras Una vez que se conoció el anuncio de Estados Unidos fueron muchas las preguntas que surgieron. Hay dos que se destacan entre ellas. La primera es ¿para qué sirve la ayuda? Y la segunda ¿cómo se utilizará esa ayuda? Los dos interrogantes surgen porque se trata del apoyo económico más grande para cualquier país suramericano en toda su historia. Nunca antes Colombia había recibido asistencia monetaria semejante. Ni siquiera la sumatoria de todas las ayudas anteriores alcanza a la contemplada en el proyecto que Clinton pondrá a consideración del Congreso en las próximas semanas. Pero así como hubo preguntas también hubo certezas. La más contundente tiene que ver con el hecho de que la ayuda sirvió para ratificar que Colombia no sólo se había convertido en ‘el país problema’ del continente sino que de ahora en adelante pasará a ser algo así como uno de los ejes de la política exterior de Estados Unidos. Mucho más ahora que varios de los conflictos internacionales más complejos entraron en estado de reposo, como sucedió con Kosovo y Timor Oriental. La experiencia ha demostrado que el Tío Sam no da nada sin contraprestación. Para empezar, Estados Unidos determinó que la mayor parte de la asistencia será destinada a la lucha contra los narcotraficantes del sur del país, donde están las más grandes extensiones de cultivos de coca, la mayoría de los cuales son vigilados por los frentes de las Farc. La ambigüedad se hizo evidente en las declaraciones de los funcionarios gringos. Arturo Valenzuela, segundo de a bordo del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que la ayuda no tenía “nada que ver” con la lucha antiguerrillera. Al mismo tiempo el zar antidrogas, general Barry MacCaffrey, dijo que este sería un apoyo importante al Ejército en su lucha contra la guerrilla. De acuerdo con la información de Estados Unidos, en Putumayo y Caquetá se concentran las dos terceras partes de la producción de coca del país. Esta información es ratificada por autoridades colombianas. Un alto oficial de las Fuerzas Militares sostiene que en estos momentos en el país existen 120.000 hectáreas de coca cultivadas y que Colombia se convirtió en el principal productor de pasta de coca del mundo, por encima de Perú y Bolivia. En años anteriores esos dos países tenían ese dudoso honor. En la actualidad, aun sumados, no alcanzan la producción nacional. El asunto es mucho más dramático si se tiene en cuenta que hace cinco años había 5.000 hectáreas cultivadas y que el año pasado la Policía fumigó cerca de 40.000 hectáreas. Para un alto oficial del Ejército la verdad es una sola: “En Colombia todos los grupos armados al margen de la ley se financian con el cultivo y tráfico de coca”. Pero si el presente es complicado y confuso el futuro se vislumbra peor: este año las hectáreas cultivadas podrían ser 200.000 y en los próximos dos años la cifra llegaría a ser del orden de 500.000. Ese ritmo desenfrenado convertiría al Estado colombiano, a la vuelta de pocos años, en un sistema político inviable en el que cualquier ayuda extranjera sería insuficiente, sin importar la cuantía. La contundencia de estas cifras fue una de las razones que llevó a las autoridades de ambos países a declarar de una vez por todas una lucha frontal y decidida, con toda la capacidad del Estado, contra los grupos narcotraficantes del sur del país. Los hechos demostraron que la Policía sola no podía hacerle frente a esas organizaciones narcotraficantes pese a su buena voluntad. La ayuda norteamericana para esa región del país contempla la destinación de 600 millones de dólares para entrenar y equipar a dos batallones antinarcóticos que operarán en la zona, los cuales contarán con 30 helicópteros Black Hawk, 15 Huey y 18 UH1N. Para muchos el gran lunar de la ayuda radica en que apenas el 21 por ciento del dinero se destinará a programas de desarrollo económico y social, es decir, se trataría de un apoyo represivo más que asistencial. ¿Que sigue? Aunque los debates en el Congreso de Estados Unidos no han empezado es bastante probable que el plan de ayuda a Colombia no tenga inconvenientes para su aprobación. El proyecto está diseñado políticamente para que no sufra mayores tropiezos durante las discusiones que se avecinan. La propuesta tiene todos los ingredientes del abanico político del Congreso de Estados Unidos. En ella están representadas todas las vertientes del país, incluyendo a los defensores de los derechos humanos, los amigos del fortalecimiento de la justicia, los líderes de la sustitución de cultivos y hasta los que abogan por una ayuda regional que se extienda a los países vecinos. Como si todo esto no fuera suficiente, a ello se suma el hecho de que la mayoría de los congresistas norteamericanos consideran que la crisis colombiana es de tal magnitud que ya llegó la hora de meterse la mano al dril para tratar de solucionar un problema tan grave que para muchos de ellos, inclusive, llegó al punto de no retorno. Una fuente del Departamento de Estado dijo a SEMANA que la gravedad de la situación llevó a los congresistas norteamericanos, y a los funcionarios del gobierno de Bill Clinton, a coincidir casi de manera unánime con la hipótesis planteada por las autoridades colombianas hace algunos años. La hipótesis sostiene que al combatir a los narcotraficantes colombianos se debilita de forma considerable a los grupos subversivos, pues éstos se financian en un 80 por ciento de esa actividad ilegal. Pero el hecho de que Estados Unidos haya reconocido la gravedad del problema no significa que esté dispuesto a entregarlo todo sin condiciones. Según fuentes del Departamento de Estado, el gobierno de Clinton ha condicionado la ayuda a la realización de un permanente monitoreo de todas las actividades de los batallones antinarcóticos. Aunque es obvio que todos ellos van a operar en zonas de narcocultivos, eso no significa que puedan participar en persecuciones a jefes guerrilleros o en asistencia a las Fuerzas Armadas en caso de alguna toma de población o demás actividades que no estén relacionadas directamente con la lucha contra el narcotráfico. Pese a que se da por descontado que el paquete de ayuda a Colombia no sufrirá mayores traumatismos en el Congreso de Estados Unidos, funcionarios del gobierno colombiano consideran que en caso de que se presenten modificaciones éstas serán menores y para nada afectarán la totalidad del proyecto. Es posible que algunos republicanos hagan fuerza para que la ayuda a la Policía sea del orden de 400 millones de dólares y que un sector de los demócratas —minoritarios en el Congreso— insista en que toda la ayuda esté condicionada a que el gobierno de Clinton certifique que miembros de la Policía y el Ejército colombiano no colaboren con los grupos paramilitares. Muy seguramente propondrán el fin de la justicia penal militar. La paz En lo que tiene que ver con Colombia hay una tercera pregunta que también causa inquietud: ¿Qué tanto afecta la ayuda norteamericana al proceso de paz con las Farc? Sin duda los diálogos con este grupo se verán afectados. Para nadie es un secreto que —pese a la negativa de sus voceros— esa organización se nutre sustancialmente de los cultivos de coca. Aunque las autoridades de Estados Unidos insisten en que la ayuda será destinada de manera exclusiva a la lucha contra el narcotráfico, lo cierto es que la única manera para que esa asistencia no afecte el proceso de paz es que las Farc demuestren que no tienen ningún tipo de relación con los cultivos ilícitos. Obviamente que en esta ocasión no se trata de una ayuda para acabar con los carteles de la droga, como sucedió en el pasado, sino con la “narcoguerrilla”, como la califican oficiales norteamericanos, entre ellos el general McCaffrey. Aunque para muchos el experimento podría resultar fatal y el remedio podría ser peor que la enfermedad, la verdad es que la ayuda norteamericana no se va a traducir en una intervención armada. Es poco probable que se ‘vietnamice’ el conflicto. Sin duda Estados Unidos aprendió la lección y no está dispuesto a repetir esa amarga experiencia. Sin embargo nadie descarta una respuesta militar de las Farc ante la arremetida de los batallones antinarcóticos. De acuerdo con los organismos de seguridad es muy probable que el grupo subversivo incremente la intensidad de la guerra. Se ha llegado incluso a hablar de la utilización, por primera vez, de los misiles tierra-aire, los cuales estarían en su poder en la zona de distensión, según fuentes militares. La ofensiva guerrillera incluiría voladura de puentes, bloqueo de carreteras y hostigamientos a algunas ciudades intermedias. Uno de los escenarios que varios analistas ven con preocupación es que —en la medida en que la erradicación de cultivos ilícitos, producto de la ayuda de Estados Unidos, sea exitosa en el sur del país— se lleven a cabo multitudinarias protestas campesinas, como ocurrió en 1996. Es muy probable que en esta ocasión la guerrilla induzca una vez más ese tipo de protestas. Al inconformismo natural de los campesinos se sumaría en esta ocasión un violento discurso antiyanqui que le generaría, sin duda, un eventual respaldo popular a las Farc. De cualquier manera lo que ha quedado en evidencia, luego de conocerse el anuncio de la ayuda por parte de Estados Unidos, es que las Farc jugaron mal sus cartas cuando insistieron desde un comienzo en negociar en medio de la guerra. Si la oferta hubiera sido la de negociar en medio de la tregua, como solicitaron el gobierno y la sociedad civil, muy seguramente quien estaría preocupado en estos momentos sería el presidente Pastrana y no los voceros de las Farc.