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| 10/19/2014 12:00:00 AM

El ‘chicharrón’ que le queda a la Comisión de Acusaciones

La corporación seguiría manejando casi 4.000 procesos, entre ellos los del expresidente Uribe.

Detrás de las peleas entre el fiscal y el procurador, los magistrados y los congresistas, en torno al nuevo tribunal para funcionarios aforados, hay una controversia mayor. ¿Qué va a pasar con los expedientes que actualmente están en la Comisión de Acusaciones?

La respuesta a ese interrogante, según el ponente de la reforma al equilibrio de poderes, senador Hernán Andrade (P. Conservador), es mayúscula. Pero el Congreso aún no ha encontrado la forma de resolverla.

Andrade le confesó a Semana.com que más allá de la discusión sobre el tribunal de aforados, si la reforma al equilibrio de poderes se aprueba, en junio del año entrante se podría presentar un colapso en materia judicial respecto a los procesos que hoy cursan allí.

La razón es que el tribunal de aforados que se diseña en la reforma entraría a reemplazar a la Comisión de Acusaciones que actualmente se estima tiene bajo su competencia entre 3.000 y 4.000 procesos. Y se estima porque este organismo aún adelanta un inventario el cual no ha sido resuelto.

Pero es aquí donde está el nudo del asunto. En la Comisión se investiga hoy al expresidente Álvaro Uribe por sus presunta responsabilidad en las ‘chuzadas’ del DAS a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, y dirigentes políticos de oposición. También la denuncia que la excontralora Sandra Morelli interpuso contra el fiscal general, Eduardo Montealegre, por el escándalo de Saludcoop, que hasta ahora poco o nada se ha movido.

Según lo confesó Andrade, en el Congreso no hay ambiente para dejar explícito en la norma que los procesos de la Comisión de Acusaciones pasarán a ser competencia del tribunal de aforados que lo reemplaza. Entre otras porque sería bastante traumático para los cinco nuevos magistrados de este tribunal recibirlos con una carga de expedientes que datan de hace varios lustros.

Por el contrario, la tesis que se estaba imponiendo en el Senado era muy diferente. La semana pasada, en el debate que se adelantó en la plenaria, alcanzó a rodar una propuesta para resolver este vacío. La proposición, de autoría de Armando Benedetti (La U), proponía dejar viva la Comisión de Acusaciones para que se ocupara de las quejas y denuncias que se hayan tramitado hasta junio del 2015, cuando debe ser promulgada la actual reforma de poderes.

Esto no significaría cosa distinta de que, a pesar de que existiría un tribunal para investigar al presidente, los magistrados, y el fiscal, quienes hayan tenido esa condición hasta el 2015 tendrían un tribunal aparte, que no sería otro que la ineficaz Comisión de Acusaciones.

Es decir que los actuales procesos, por ejemplo los que cursan contra el expresidente Uribe, seguirían bajo la lupa de la Cámara de Representantes.

La polémica proposición, aunque alcanzó a circular por casi todas las curules, finalmente no fue presentada por Benedetti. Entre otras, debido al cálculo político sobre los efectos que podría significar tamaña propuesta.

Incluso, uno de los senadores que la conoció, Carlos Fernando Galán, jefe de Cambio Radical, alcanzó a expresar su opinión sobre ella. Con el argumento de que la Comisión de Acusaciones ha sido ineficaz y que allí ha habido una histórica impunidad, el congresista señaló que no se puede premiar  este organismo manteniéndolo vigente, y del peligroso mensaje de que a algunos aforados se les investigue en una parte, y a los demás, en otra.

En todo caso, el Senado, quizás por algún cálculo, se abstuvo de afrontar este debate y prefirió dejarlo en la Cámara de Representantes, precisamente donde está la Comisión. Serán ellos ahora quienes decidirán qué va a pasar con los procesos y, más aúnm si acaban o mantienen a esta cuestionada dependencia.
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